Ciudadanos se vanagloria de que hay un antes y un después en la lucha contra la corrupción en España desde su expansión como partido nacional en 2015, cuando comenzaron exigiendo al PSOE en Andalucía la renuncia a su escaño de senadores de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para los que la Fiscalía pide ahora penas de cárcel por el caso de los ERE. Ese mismo año, Ignacio Aguado forzaría la renuncia de dos consejeros en funciones de la Comunidad de Madrid imputados, Lucía Figar y Salvador Victoria, para allanar el camino hacia la presidencia de esa región de Cristina Cifuentes, como también harían líderes naranja en otras autonomías.
Más laxo parece haber sido el criterio en el caso de Rita Barberá, donde los de Albert Rivera se conforman con la baja como militante del PP de la exalcaldesa de Valencia pese a que se aferra a su escaño y dan por cumplido así el acuerdo firmado para la investidura de Mariano Rajoy. Además, de cara al escenario que se abrirá en Galicia después del 25-S, los centristas ya han dejado claro a Alberto Núñez Feijóo que sólo "apartando" al imputado presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar, podría lograr el apoyo de la formación que lidera Cristina Losada.
Lo robado y lo perdido
Pero al margen de nombres y casos concretos, el partido de centro está convencido de la necesidad de actuar globalmente contra el fenómeno de la corrupción, uno de los campos predilectos de estudio del equipo de economistas naranja que lideran Luis Garicano, Francisco de la Torre y Toni Roldán.
Este último, portavoz adjunto en el Congreso, señalaba en una entrevista el pasado viernes en esRadio la importancia de ese combate: "A veces se mide mal la corrupción. No es sólo el dinero que se paga en mordidas, el tres por ciento famoso, sino la mala asignación de recursos. Cuando premias sistemáticamente al amigo o al primo o al colega para que te haga la autopista, para que te haga el polideportivo o para que sea el jardinero de tu barrio, estás dejando de premiar al que se esfuerza más, al que hace de manera más eficiente las autopistas, etc. Ese es el verdadero coste de la corrupción" aseguraba el economista, que citaba además un reciente estudio del Banco de España que estima en 250.000 millones de euros el dinero que los españoles se hubieran ahorrado durante el boom económico, si la asignación de contratos públicos hubiera obedecido a criterios de eficiencia y competencia.
Proteger a los denunciantes
Precisamente esta semana, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso ha presentado una "Proposición de Ley Integral de la Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes" que comienza, tal y como reza su enunciado, pidiendo una serie de mejoras legales contra quienes denuncien casos de corrupción, como han hecho en los últimos años modestos concejales como los que realizaron las primeras denuncias sobre la trama Gürtel. Entre ellas la "asesoría legal gratuita"; la "indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública cuando acredite la existencia de un daño individualizado y determinado económicamente consecuencia directa de la denuncia" o un "canal confidencial de denuncias".
La propuesta incluye también la creación de una "Autoridad independiente de Integridad Pública" de un "Régimen de lobistas y lobbies" y aboga por una reforma legal para que el cargo público contra el que se abra juicio oral esté obligado a dimitir. Se trata, específicamente, de una modificación de la Ley de Régimen Electoral general para delimitar la inelegibilidad de aquellos encausados por diversos delitos, entre ellos los de "falsedad" o los que se produzcan "contra el patrimonio y el orden socioeconómico".
¿Dónde situar el listón?
Hasta ahora, Ciudadanos había elevado el listón del investigado judicialmente (figura antes conocida como imputado) para apartar a alguien de la vida pública, aunque la experiencia les ha hecho ver que en ocasiones se pueden cometer arbitrariedades con ese criterio. Durante las negociaciones con el PP, los de Albert Rivera ‘indultaron’ del delito de "corrupción política" al diputado del PP Óscar Clavell. Fijar la apertura de juicio oral suaviza el listón pero lo hace más factible legalmente, sin perjuicio de que en otra de las medidas que propone Ciudadanos, el Pacto Nacional contra la Corrupción, se pueda seguir defendiendo que la mera investigación de algún cargo sea suficiente para apartarlo de la vida política. Todo ello siempre y cuando una comisión de los partidos decida, al modo en que lo hace el Pacto Antitransfugismo, cuándo se trata de corrupción política, un criterio que los centristas consideran fundamentalmente vinculado al enriquecimiento ilícito o a la financiación ilegal de partidos.
Si la reforma propuesta viese la luz algún día, Rita Barberá no podría aferrarse a su escaño, pero a día de hoy no habría elementos legales para forzar la renuncia de Baltar hijo, de momento sólo investigado por la Justicia.