El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral contra el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas por la contratación a dedo, por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de Ópera que nunca llegó a ser construida.
Así lo ha acordado el juez después de que la Fiscalía presentara la pasada semana su escrito de acusación por estos hechos –al que se adhirió la Abogacía de la Comunidad Autónoma–, en el que pide un año y tres meses de cárcel para el exmandatario balear por un delito de tráfico de influencias y diez años de inhabilitación por otro de prevaricación. También reclama el pago de 120.000 euros en responsabilidades civiles.
El fiscal solicitaba así que el exdirigente del PP se siente de nuevo en el banquillo de los acusados al igual que ya lo hizo recientemente en otras dos piezas del caso Palma Arena, por cada una de las cuales reclama dos años de cárcel para el encausado. Sobre Matas también pesa una petición de cinco años de prisión por el caso Nóos, pendiente de sentencia.
Tal y como relata el fiscal en el marco del fleco relacionado con la Ópera –la pieza número 3 de la causa–, Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.
La defensa del expresidente, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Baleares Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener el encausamiento de su patrocinado. De hecho, el propio Matas, durante la declaración que prestó ante el juez en febrero de 2011, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto si bien defendió la legalidad de su contratación.
El exjefe del Ejecutivo balear defendió que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser Calatrava una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".
Sin embargo, en su escrito, Horrach señala de hecho cómo a principios de ese año el exmandatario autonómico decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral presentaría "un gran proyecto de obra para la ciudad de Palma", según el fiscal con el objetivo de "favorecer sus intereses propios" como candidato a ser reelegido presidente del Gobierno balear "y los del partido político al que representaba, a modo de golpe de efecto durante la campaña".
El representante del Ministerio Público hace hincapié en que, al adoptar la decisión anterior, Matas "era consciente de la práctica imposibilidad material y económica"del proyecto, puesto que no existía un estudio económico del mismo, "ni siquiera una simple aproximación", por lo que no se conocía el presupuesto necesario para acometerlo ni su forma de financiación.
Adjudicaciones a Over Marketing
Castro también ha puesto fin a las investigaciones del caso Over centradas en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Interior durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) a favor de la empresa Over Marketing, cuando aquélla estaba dirigida por José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma.
Mediante un auto dictado este lunes, el juez mantiene la imputación de Matas y Rodríguez y da paso a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que pidan la apertura de juicio oral por estos hechos o, por el contrario, soliciten el archivo de las diligencias. Se trata por tanto del primer paso para que ambos encausados se siente en el banquillo, por primera vez en el caso de Rodríguez.
Castro les atribuye la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documentos oficiales.
En concreto, las pesquisas se enmarcan en la subpieza número 3 de la pieza 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación del caso Gürtel en Baleares y centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares con las que fue favorecida Over desde varias consejerías así como en la supuesta financiación ilegal del PP balear.
Rodríguez, también expresidente del PP de Palma, dimitió en julio de 2012 de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller.
Tal y como manifestó en su día ante el juez Mercado, éste pactó con Matas poder cobrar en dinero negro parte de los gastos de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió su empresa. El encausado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.