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La Fiscalía ordena abrir causa criminal contra Forcadell por prevaricación y desobediencia

Consuelo Madrigal traslada así el testimonio del acuerdo alcanzado por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC).

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Carme Forcadell | EFE

El mismo día que la Audiencia Nacional ha confirmado la primera imputación por sedición en España –a Joan Coma, concejal antisistema en el Ayuntamiento de Vic–, el Ministerio Público ha dado el penúltimo paso para la judicialización del comportamiento de Carme Forcadell. La fiscal general del Estado ha ordenado a su delegado en Cataluña que interponga una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la mencionada comunidad contra la presidenta del Parlamento autonómico. Consuelo Madrigal entiende, como la práctica totalidad de quienes han presenciado el desafío rupturista en la Cámara, que cometió prevaricación y desobediencia.

Los once magistrados que componen el Tribunal Constitucional acordaron el pasado 6 de octubre "poner en conocimiento de la Fiscalía la actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña". Aunque el Ministerio Público ya era consciente del incumplimiento por parte de Carme Forcadell de la resolución que declaró nulo el llamado proceso constituyente, tanto que trasladó un informe señalando que su comportamiento "pudiera tener relevancia jurídico-penal", con alcance por determinar.

El Constitucional tumbó definitivamente la agenda para la ruptura con España planteada por Juntos por el Sí y la CUP, que contiene las tres fases "para la desconexión".

Argumentos del Constitucional

El auto del Constitucional recogió la sucesión de hechos que han desembocado en este punto. La sentencia de 2 de diciembre de 2015 que declaró nulo el inicio del "proceso rupturista" y la posterior desobediencia de Forcadell, que contaba con un aviso previo y expreso de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" los mandatos del Tribunal emanada del Parlamento de Cataluña. La Abogacía del Estado, representación legal del Gobierno, planteó un nuevo incidente de ejecución que los magistrados han resuelto este jueves en Pleno.

El Tribunal consideró que, al dar luz verde a la denominada agenda rupturista, el Parlamento de Cataluña "elude los pronunciamientos" e "ignora las advertencias" previamente acordadas. En lo que se entiende una referencia directa a las reacciones de los separatistas, los magistrados aclaran que el desafío tiene "efectos jurídicos propios y no meramente políticos", pues implica "el reconocimiento en favor del Parlamento o del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución".

El "proceso constituyente en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán independiente en forma de república", añadieron, entra en contradicción con la primacía de la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con una reflexión contigua: que la autonomía parlamentaria tampoco puede "servir de pretexto" para que la Cámara autonómica "llegue a arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional".

El Constitucional cree que existió desobediencia, como resulta evidente y como manifestaron entre otros José María Espejo-Saavedra desde Ciudadanos. El Pleno determinó que la sucesión temporal de los acontecimientos desvela la "pretensión" de la Cámara autonómica de "incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional". Forcadell lo ha consentido elaborando la orden del día en el Parlamento catalán a medida del bloque rupturista.

"Lo volvería a hacer sin duda"

Lejos del arrepentimiento, Carme Forcadell respondió a la maniobra del Constitucional declarando que hizo "lo que tocaba y lo volvería hacer sin duda". Además, acusó al Gobierno central de tratar de frenar el proceso soberanista con amenazas. "No conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión".

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