El Partido Popular ha colmado sus pretensiones, al menos de momento, en relación al caso en el que se investiga el borrado de los ordenadores que utilizó Luis Bárcenas como tesorero. Porque, aunque sea provisional, ya no está al frente de la instrucción la jueza Rosa María Freire, que les llamó machistas entre otras lindezas en un auto sorprendentemente belicoso. Y porque, para más inri, ha sido sustituida por Carmen Valcarce, en cuyo historial figuran antecedentes más favorables al partido de Mariano Rajoy.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que, cuando se presentan incidentes de recusación contra un magistrado en tiempo y forma, éste ha de apartarse hasta que una instancia superior resuelva definitivamente. En su primer incidente, el PP reclamó la salida de Rosa María Freire por supuestos vínculos con el PSOE, pero lo hizo fuera de plazo. La sonora respuesta de la jueza dio motivos y munición a los populares para formular un segundo escrito de recusación que, ya desestimado por la propia Freire, espera ahora una resolución de la Audiencia Provincial, superiora jerárquica.
Entretanto, el asunto recae en Carmen Valcarce. Es la titular del Juzgado de Instrucción nº5, que ha fallado varias veces en pos de los intereses del PP. Por ejemplo, cuando archivó hasta en dos ocasiones el caso de presunto espionaje en el seno del Partido Popular madrileño. Además, en el sumario de la Operación Púnica obra una grabación en la que Valcarce se felicita por lapresencia de Francisco Granados como secretario general del grupo.
Poco margen de maniobra
Aunque la nueva instructora encontrará limitaciones en este procedimiento. Freire dio la investigación por cerrada y manifestó su intención de llevar a juicio al PP y tres de sus miembros por delitos de daños informáticos y encubrimiento. Además de la formación en calidad de persona jurídica, la jueza pretende sentar en el banquillo a la actual gerente Carmen Navarro y a los exjefes de los servicios legales e informáticos Alberto Durán y José Manuel Moreno. Les cree copartícipes de la destrucción de dos discos duros que, según su propietario Bárcenas, almacenarían datos comprometedores de la supuesta Caja B que se instruye en la Audiencia Nacional.