Diez meses después del primer aviso del Tribunal Constitucional, ademanes burocráticos y papeleo jurídico sin consecuencias mediante, el Ministerio Público ha reaccionado contra el constante desafío a las leyes del Parlamento de Cataluña. Los magistrados garantes de la Carta Magna recordaron a su presidenta Carme Forcadell el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" separatista. Lejos de someterse al mandato, siguió y sigue aprobando el buffet libre de atrevimientos para la ruptura con España que plantean sistemáticamente Juntos por el Sí y la CUP.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene una querella en su mesa. La ha presentado este miércoles el fiscal superior de la comunidad por orden de Consuelo Madrigal, máxima representante del Ministerio Público. Alentada por el Constitucional al que el Gobierno pasó la patata caliente, la acusación pública atribuye a Forcadell los delitos de desobediencia y prevaricación, para los que el Código Penal prevé condenas de entre seis meses y un año de cárcel con inhabilitación especial para ejercer cargo público. La presidenta de la Cámara catalana se podría enfrentar a ellos si impulsa ahora el procedimiento el TSJC, a cuyo presidente eligió el pasado enero el CGPJ en busca de mano dura con el separatismo.
La extensión de Madrigal en Cataluña, el fiscal José María Romero de Tejada, acusa en concreto a Forcadell porque permitió en julio la votación sobre el llamado proceso constituyente que había anulado el Constitucional. Solicita al Tribunal Superior de Justicia donde está aforada cite a declarar a la presidenta del Parlamento por haber adoptado acuerdos "claramente contrarios al ordenamiento jurídico" y con "total desprecio a la Constitución". Añade que "dinamitó el sistema de distribución de competencias estatales" dando luz verde a trámites "extravagantes de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos".
Argumentos del Constitucional
El auto del Constitucional recogió la sucesión de hechos que han desembocado en este punto. Nace de la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que declaró nulo el inicio del "proceso rupturista" y la posterior desobediencia de Forcadell, que contaba con un aviso previo y expreso de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa emanada del Parlamento de Cataluña que supusiera ignorar o eludir" los mandatos del Tribunal. La Abogacía del Estado, representación legal del Gobierno, planteó un nuevo incidente de ejecución que los magistrados resolvieron en Pleno.
El Tribunal de garantías consideró que, al dar luz verde a la denominada agenda rupturista, el Parlamento de Cataluña "elude los pronunciamientos" e "ignora las advertencias" previamente acordadas. En lo que se entiende una referencia directa a las reacciones de los separatistas, los magistrados aclararon que el desafío tiene "efectos jurídicos propios y no meramente políticos", pues implica "el reconocimiento en favor del Parlamento o del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución".
El "proceso constituyente en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán independiente en forma de república", añadieron, entra en contradicción con la primacía de la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con una reflexión contigua: que la autonomía parlamentaria tampoco puede "servir de pretexto" para que la Cámara autonómica "llegue a arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional".
El Constitucional cree que existió desobediencia, como resulta evidente y como manifestaron entre otros José María Espejo-Saavedra desde Ciudadanos. El Pleno determinó que la sucesión temporal de los acontecimientos desvela la "pretensión" de la Cámara autonómica de "incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional". Forcadell lo ha consentido elaborando la orden del día en el Parlamento catalán a medida del bloque rupturista.
"Lo volvería a hacer sin duda"
Lejos del arrepentimiento, Carme Forcadell respondió a la maniobra del Constitucional declarando que hizo "lo que tocaba y lo volvería hacer sin duda". Además, acusó al Gobierno central de tratar de frenar el proceso soberanista con amenazas. "No conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión".