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El edil que rasgó la orden de no abrir el 12-O alega que es "libertad de expresión"

Los concejales que abrieron el pasado Doce de Octubre han alegado que fue libertad de expresión. 

Los concejales que abrieron el pasado Doce de Octubre han alegado que fue libertad de expresión. 

Los concejales de Badalona (Barcelona) Oriol Lladó y Josep Téllez han alegado este martes ante el juez, que les ha imputado por desoír la prohibición de abrir las puertas del consistorio el 12-O, que actuaron legítimamente para defender la soberanía local y han acusado al PP de instrumentalizar la justicia.

Oriol Lladó (ERC), que el 12-O ejercía como alcalde de Badalona en funciones, y Josep Téllez (CUP), que fue el concejal que rompió una copia del auto del juez que les impedía abrir el consistorio el Día de la Hispanidad, han comparecido como investigados ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona por un delito de desobediencia, a la espera de que mañana declaren los otros cuatro concejales imputados.

Lladó, que ha declarado durante dos horas y media, ha afirmado a los periodistas que en su comparecencia ante el juez ha lamentado la judicialización de la política por parte del PP y ha sostenido que el 12-O no hicieron "nada incorrecto" ni nada que no pudieran hacer ni que no fuera legítimo, ya que se limitaron a ejercer "con normalidad" su "derecho a la representación" para atender a la ciudadanía.

Lladó también ha acusado al PP de montar un "circo" al judicializar la política con la denuncia contra el equipo de gobierno de Badalona, con el objetivo, a su parecer, de tender "cortinas de humo", no asumir "la realidad de las cosas" y para "resolver en el ámbito judicial no lo que consigue resolver en el ámbito político".

Por su parte, Téllez ha afirmado a los periodistas que, a las preguntas tanto del juez como del fiscal por su gesto de romper una copia del auto que les prohibía abrir el 12-O, se ha escudado en su derecho "a la libertad de expresión para criticar cómo se instrumentaliza y cómo se manipula a las administraciones judiciales por parte del PP".

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