El plan de derechos humanos que elabora el Gobierno de Manuela Carmena fue llevado al Pleno municipal de la mano del concejal popular Percival Manglano. Aún es un borrador, por lo que no fue sometido a votación este martes; pero el PP quería que el Ejecutivo local informara sobre la elaboración del mismo.
El documento, que consta de 24 'metas' que el Ayuntamiento de Madrid quiere ejecutar, ha conseguido suscitar en mayor o menor medida el rechazo de todos los grupos de la oposición, incluido el PSOE.
Según explicó luego el Consistorio a través de una nota de prensa, lo que se pretende con este plan es dar respuesta a la pregunta: "¿Cómo puede el Ayuntamiento de Madrid mejorar su actuación para continuar contribuyendo a hacer realidad los derechos humanos en su ciudad?" Y es que, según dice, la nueva Coorporación municipal "desconocía el nivel real de cumplimiento de las obligaciones municipales con respecto a los derechos humanos. Por esa razón se inició un proceso de consulta que permitiese identificar, por un lado, las principales carencias en el ámbito de los derechos humanos de Madrid y, por otro, las principales fortalezas, oportunidades y recursos humanos, económicos y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento en ese sentido".
Según asegura el Gobierno de Manuela Carmena, en la elaboración de este borrador han participado todos los grupos políticos, personal municipal, entidades y organizaciones varias. No obstante, el PSOE negó durante el Pleno este punto. "Lamentamos que los grupos políticos no hayamos sido invitados a participar en la elaboración de este plan. (…) Ha habido infinidad de talleres de los que he tenido constancia porque amigos míos han participado, pero a nosotros como grupo no se nos ha invitado", dijo la edil socialista Carlota Merchán.
El plan será redactado definitivamente en noviembre, momento en que se elevará a Pleno para su votación y se presentará de forma oficial en diciembre, "en torno a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos". Su puesta de largo "contará con una representante de Naciones Unidas", avanzó el Ayuntamiento.
Debido a la extensión del documento, expondremos primero algunas de las medidas incluidas en los primeros tres epígrafes –actualizando la información los próximos días-, que hacen referencia a lo que han denominado "el derecho a la participación democrática y a información, transparencia y rendición de cuentas"; el "derecho a una seguridad centrada en los derechos humanos" y el "derecho a la libertad de conciencia, religión, opinión e información".
"Sistema de Co-gobierno ciudadano"
Estos son algunos de los puntos más destacados de la primera "meta" del Gobierno municipal:
- Impulsar la participación directa (individual o colectiva) de la ciudadanía en la vida política municipal tanto a nivel de ciudad como de distritos, en especial en "la definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que, a través del sistema de Co-gobierno ciudadano, las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasan a formar parte de las prioridades municipales".
- Estrategia sobre participación de los y las menores en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, a través de las medidas contempladas para ello en el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid 2016-19 y de los canales formales existentes (Consejo Sectorial de la Juventud, Consejos locales de participación de la Infancia y Adolescencia, etc.), en la web de gobierno abierto Decide Madrid, u otros espacios.
- Impulsar la mejora de la efectividad de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través del reforzamiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, la Oficina de Transparencia, Sugerencias y Reclamaciones, la Inspección de servicios, etc. (…).
La Oficina Antifraude ha despertado las críticas unánimes de PP, Ciudadanos y los sindicatos: CSIF, CCOO y UGT. Este último, en un duro comunicado, alertó de que esta Oficina podrá "implicar o potenciar venganzas y revanchismos" entre los funcionarios municipales; "colapsar un servicio con denuncias falsas"; violar la Ley de Protección de Datos y el Derecho a la Intimidad y al Honor, e, incluso, generar una "inquisición ilógica y desproporcionada contra los empleados municipales".
La Policía y los derechos humanos
Este apartado está centrado básicamente en la Policía Municipal, a la que se acusa directamente de no haberse adaptado a los "estándares internacionales de derechos humanos". Algunas de las indicaciones que recoge esta segunda meta son las siguientes:
- Continuar el proceso de adaptación de la normativa municipal, mecanismos y protocolos policiales existentes a los estándares internacionales de derechos humanos, lo que incluye, entre otros, garantizar su publicidad y conocimiento por la ciudadanía.
- Revisión del Reglamento de la policía municipal (de 1995) para garantizar su adecuación a la normativa nacional, y la inclusión del Código Europeo de Ética de la Policía y el resto de estándares internacionales relativos a los funcionarios de hacer cumplir la ley, con participación ciudadana y de la plantilla policial.
- Protocolo sobre uso de fuerza, prevención de la tortura y malos tratos, así como sobre utilización de armas y medios de defensa, protección e inmovilización conforme a los estándares internacionales.
- Revisión y mantenimiento de las instalaciones policiales municipales (en especial las relacionadas con la detención) de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la presencia de videocámaras y sistemas de grabación para garantizar los derechos de las personas detenidas y de la propia policía municipal frente a posibles denuncias.
- Revisión de los mecanismos de investigación, seguimiento y adopción de medidas ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que incluye [entre otros] la creación de un Comité Ético de la Policía Municipal independiente e imparcial integrado, entre otros, por representantes de la policía y personas externas especialistas en derechos humanos, que supervise la actuación policial para garantizar su adecuación a los estándares internacionales y su respeto a los derechos de las personas investigadas.
Además, en el texto se destaca lo siguiente: "Monitorizar la labor policial (y de las empresas de seguridad privada contratadas por el Ayuntamiento) para garantizar que se cumplen de forma rigurosa y efectiva los estándares internacionales, en especial, en materia de uso de fuerza, prohibición de tortura, malos tratos y trato cruel degradante e inhumano y de no discriminación" y la posibilidad de "entrar en comisarías y recintos sin previo aviso y revisar las dependencias de retención de personas y los expedientes de las personas retenidas.
Y así otras muchas medidas encaminadas a reeducar a los agentes municipales en materia de Derechos Humanos.
"Noche de las religiones" y eliminación de símbolos
Las medidas incluidas en este apartado van dirigidas a situar a todas las confesiones religiosas en el mismo nivel, sean éstas profesadas por una mayoría de madrileños o no.
- Protocolo de relaciones del Ayuntamiento y todas las confesiones religiosas que, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, garantice el principio de no discriminación, su participación en la elaboración de políticas municipales que les afecten y su acceso a los servicios y equipamientos municipales sin discriminación. Se creará una Mesa de diálogo interreligioso con las confesiones religiosas y se realizará un diagnóstico de los posibles puntos críticos existentes desde una perspectiva de derechos humanos que, entre otras, servirá para la futura Ordenanza de Convivencia y regulación del uso del espacio público, la nueva Instrucción para el Diseño de la Vía pública, etc.
- Revisión de la normativa municipal para garantizar la aconfesionalidad del Ayuntamiento, lo que incluye, entre otras: el estudio sobre la cesión del uso del patrimonio, espacios o suelo municipal para usos privados para garantizar que no se privilegia injustificadamente a ninguna confesión religiosa, contraviniendo los estándares internacionales de derechos humanos. Incluirá el análisis de las posibilidades legales de recuperar el uso de esos espacios y de la necesidad (o no) de una normativa municipal sobre esta materia.
- Instar al Gobierno de la nación a revisar la normativa estatal sobre exenciones fiscales (con impacto en el ámbito municipal) a confesiones religiosas para garantizar un acceso igualitario a las mismas y que no se dan, de facto, posibles privilegios fiscales hacia una determinada creencia religiosa que no fueran conformes a los estándares internacionales de derechos humanos.
- Fomento del conocimiento entre la ciudadanía del derecho a la libertad de conciencia y religión y de la diversidad cultural y religiosa existente en Madrid (charlas, visitas, exposiciones, "noche de las religiones" etc.,) y formación y capacitación del personal municipal (en la que participen las propias confesiones religiosas en especial las minoritarias), en particular servicios sociales, de mediación y policía municipal.
Además se incluye en este apartado la "eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos destinados a servicios públicos que produzcan una clara identificación con una confesión concreta, la regulación de la participación institucional municipal en actividades religiosas, el uso de recursos y patrimonio municipal por organizaciones religiosas, etc".