En la primera semana de octubre se conocía quela Fiscalía Anticorrupción había presentado un escrito a la juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, solicitando que citara a declarar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández así como a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, en relación con las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa Yogures de Andalucía.
De entre ellos, el exconsejero Fernández y Guerrero se prefiguran como los campeones penales de todo lo ocurrido en el caso. De hecho, Viera no siempre aparece en todos sumarios como responsable, aunque sí en bastantes, pero casi siempre aparecen los dos arriba mencionados.
Por ejemplo, este mismo mes se conoció el procesamiento de Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero por el caso de la empresa Surcolor, otra empresa implicada en las irregularidades del caso ERE.
La traca mayor la puso la Junta de Andalucía cuando pidió, desde su posición de acusación particular, seis años y medio de cárcel para Fernández y cinco años y medio para Guerrero en el caso de la empresa Acyco. Tómese nota de que la misma Junta ha solicitado el sobreseimiento de la pieza política en la que han resultado imputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los propios Viera, Fernández y Guerrero entre otros.
Este lunes se conoció una nueva imputación de los "sospechosos habituales" (así les llama el grupo Joly), Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero. Se trata ahora de un auto de la juez Núñez Bolaños en el que imputa al exconsejero y al exdirector de Trabajo en relación con otras 18 ayudas concedidas por otros 9.854.078,95 euros a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, la zona más favorecida por las subvenciones en toda la comunidad autónoma en la que la influencia política de José Antonio Viera era notoria.
En total hay 29 imputados y, entre ellos, figuran como investigados en relación con las ayudas a estas 18 empresas los ex directores de la agencia IDEA, otra vez en la nueva salsa, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar, los exalcaldes socialistas de Real de la Jara y Guadalcanal, José Antonio Méndez Sánchez y Carmelo Montero Cabezas, respectivamente, y la religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina Carmen Muñoz Rivas, en relación con su etapa de presidenta de la sociedad cooperativa textil Megara.
Diario de Sevilla enumera las 18 empresas investigadas en esta pieza: son Atarazanas de Constantina, que recibió una ayuda de 600.012,12 euros; Grueso y García, por la ayuda de 100.000 euros; SCA San Sebastián de Guadalcanal (un millón); Pema, Jamones y embutidos (700.000 euros); Tialna (730.000); Corsevilla (un millón); Venero de Móstoles (569.500); Promociones Vinícolas Sevilla (444.748,96); Virgen de Robledo (190.000); Vivir el Barro (721.215); Refractarios Guadalcanal (721.214,53); Hotel La Posada del Moro (1.350.759); Romero Álvarez (1.200.000); Quesos y embutidos Dehesa Real de la Jara (120.000); Verónica Galloso Villalba (60.000); Andalucine (120.000); SCA Megara (44.000) y Dehesa Navera (182.629,34).
Según la instrucción que inició la juez Alaya, Guerrero recibió regalos a cambio o como consecuencia de haber dado las ayudas, desde un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión en un todoterreno de lujo a unos pasajes de avión a Menorca pasando por el alojamiento en casa de unos familiares de los propietarios del hotel La Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra.
La presencia de José Antonio Viera se pone asimismo de manifiesto en el auto de Alaya, que suponía que el ex alcalde de Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez se habría reunido con Guerrero y con el entonces consejero de Empleo, entonces José Antonio Viera, para solicitar una ayuda de 120.000 euros. En este caso, el dinero no fue pagado por la agencia IDEA, pero le fue concedida otra de 50.000 euros por el ex director de Trabajo Juan Márquez.
Igualmente está presente Viera en las ayudas de más de dos millones de euros a una empresa de productos refractarios, tras reunirse con el exalcalde imputado de Guadalcanal Carmelo Montero.