Puro postureo. La rebelión municipal en Badalona la pasada Fiesta Nacional no fue nada, una representación, un acto político sin validez jurídica, una pose. José Téllez, concejal de "Guanyem Badalona", la versión local de Podemos, no rompió una requisitoria judicial, sino una fotocopia. Quedó muy bien de cara a la galería, la desobediencia en marcha, pero no fue mucho más que una broma, un paripé político sin validez, una apertura municipal sin efectos, un mitin en el vestíbulo de unas instalaciones municipales.
Téllez fue el protagonista del catalanismo en el 12-O, pero su "valiente" acto de rasgar el papel judicial fue un posado para los fotógrafos y cámaras de televisión. Esa es la tesis que los concejales implicados han defendido ante el juez en las sesiones celebradas martes y miércoles en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Ni desobediencia ni desacato. A pesar del número montado a las puertas del juzgado y a pesar de la actitud de Téllez el día de autos, aquello no fue nada ni nadie incumplió la resolución judicial de no abrir el Ayuntamiento de Badalona. Los abogados de los concejales subrayan dos consideraciones: el papel roto por Téllez era una fotocopia y la atención al público de los ediles no significa que el Ayuntamiento estuviese abierto. De esta manera, los seis concejales del equipo de gobierno badalonés, formado por Guanyem Badalona (CUP y Podem), ICV-EUiA y ERC, no hicieron nada fuera de la ley.
Esa versión contrasta con las declaraciones del propio Téllez, concejal de Hacienda, que se jactó de la desconexión de facto con el Estado español y ante las puertas del Consistorio rasgó el papel con sello judicial. Ahora prima la tesis de que avisaron a los trabajadores municipales de que no fueran a trabajar, que la apertura fue un acto simbólico de naturaleza política y que, en el fondo, no ha pasado nada.
Una concejal de ERC, Agnés Rotger, ha llegado a declarar ante el juez que no estaba de acuerdo con Téllez en romper la requisitoria, aunque sí en el fondo de la cuestión, que a su juicio es la "libertad de expresión". Esta estrategia contrasta con la de la CUP en Vic, uno de cuyos concejales, Joan Coma, se ha negado a ir a la Audiencia Nacional a declarar por un supuesto delito de sedición.
Por su parte, Carme Forcadell, presidenta de la cámara autonómica investigada por desobediencia y prevaricación, ha declarado que si el TSJC la llama a declarar atenderá la petición.