No es fácil encontrar unanimidad en la oposición política andaluza en un tema cualquiera, pero, en este caso, se ha conseguido. Incluso Ciudadanos ha definido como falto de ética el nombramiento de Margarita Gutiérrez Nogales, exalcaldesa de la localidad sevillana de Gerena e inhabilitada por ocho años en sentencia firme, como secretaria de la secretaria primera de la Mesa, Verónica Pérez, su protectora.
Podemos, por ejemplo, este mismo jueves exigió al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y a la secretaria general del PSOE de Sevilla y secretaria primera de la Mesa de la Cámara, Verónica Pérez, que den explicaciones "cuanto antes" sobre la contratación de Margarita Gutiérrez Nogales.
Podemos expuso los hechos considerando que la contratada "fue condenada en 2014 a ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio". Según la fuerza de extrema izquierda, el reglamento de personal del Parlamento andaluz establece que el personal eventual tendrá que cumplir los mismos requisitos que los funcionarios y una de esas condiciones es "no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme".
Por ello, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, que es asimismo miembro de la Mesa del Parlamento, mostraba su "asombro" por la decisión del PSOE de dar un puesto de responsabilidad "a una persona que ha sido condenada por los tribunales por incumplir las leyes. No es lo más adecuado porque por la Mesa pasan muchos documentos confidenciales y sentencias judiciales", precisó.
"El Parlamento no puede servir de refugio a los alcaldes y cargos públicos condenados del PSOE y no puede ser el lugar para pagar los favores que deba la secretaria del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez", apostilló.
Por su parte, el grupo parlamentario de IU censuró la decisión y pidió explicaciones. "Sorprende que para el PSOE andaluz parece que no hay delito cuando se vulnera la ley sin enriquecimiento ilícito. Es muy preocupante", explicó.
Además, explicaron que el PSOE "roza un nivel de torpeza que clama al cielo. Que la respuesta ante la sociedad del PSOE andaluz a un caso como el de esta exalcaldesa sea darle un puesto en una institución como el Parlamento andaluz, parece indicar que no aprenden y que les encanta ser como el PP.
La parlamentaria del PP, Alicia Martínez, ha calificado de "insulto a los ciudadanos" lo propiciado por Verónica Pérez, secretaria provincial del PSOE sevillano, íntima amiga de Susana Díaz y última presidenta del Comité Federal del PSOE. Igualmente, se ha referido en esos términos al presidente del Parlamento andaluz, que ha firmado la contratación, Juan Pablo Durán.
"Muestra la doble vara de medir de Susana Díaz que usa a la administración para colocar a las personas de los partidos con una puerta muy grande para entrar en la Junta y una puerta muy pequeña para el resto de los ciudadanos", añadió.
Alicia Martínez entiende que este nombramiento pone de manifiesto el "uso partidista" de la administración pública por lo que va a defender "una administración limpia e igual para todos los ciudadanos; ya está bien de abuso de poder y de privilegios".
C's condena, pero no ahoga
Este jueves, Ciudadanos expresó su desacuerdo con esta decisión, aunque deslizó que puede ser legal. Legal no es igual a ético y mucho menos, dijeron sus portavoces, con dinero público.
"Desde luego nuestro grupo parlamentario no lo haría si se encontrase en esa misma situación". Ciudadanos dijo ayer que una persona que tiene una sentencia por inhabilitación," no debería formar parte de la Mesa del Parlamento".
El partido que dirige Juan Marín en Andalucía considera además que las instituciones "no pueden ser el refugio de los viejos partidos y mucho menos si esas personas están condenadas por la Justicia".
La duda sobre la legalidad o no del nombramiento de Margarita Gutiérrez procede de la propia sentencia definitiva que limita el ámbito de la inhabilitación, por ocho años a causa de un delito contra la ordenación del territorio, al mismo cargo o empleo que ocupara la condenada, que era, en su día, la de concejal. O sea, que la condenada no podría ser de nuevo concejal pero sí cualquier otra cosa, de índole superior o inferior, algo que el tribunal debería aclarar de manera inmediata.
El PSOE se aferra a esta cuestión legal pero no parece ser consciente de que la sentencia, ya firme, es tan peculiar que podría darse el caso de que un director general de la Junta inhabilitado por incumplir la Ley pudiera ser nombrado Consejero o Ministro. Tal posibilidad llevaría al absurdo la defensa socialista y constituye un extraño precedente para la actividad política cuando hay condenas de por medio.