La Policía Nacional ha sido apartada del caso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en favor de la Guardia Civil, siguiendo la estela que dejó en sus formas instructoras la juez Alaya tras haber sufrido algunas interferencias policiales en el caso Mercasevilla. Ahora, la juez de instrucción 3 de Sevilla, obligada por la Audiencia de Sevilla a reabrir el caso, ha ampliado la investigación de la concesión de la mina por parte de la Junta de Andalucía, pero la ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no a la Policía Nacional, que llevó el caso desde el principio.
La decisión ha motivado la protesta inmediata del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que ha reivindicado los "medios suficientes" de la Policía Nacional para continuar la investigación en torno a la sospechosa adjudicación por parte de la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, proceso en el que se implicó directamente la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Frente a la juez Patricia Fernández, la Audiencia cree que hay indicios de que la Junta de Andalucía cometió "ilegalidades severas y arbitrarias" lo que da pie a la presunta comisión de un delito de prevaricación.
En la anterior instrucción del caso, la Junta de Andalucía cuestionó abiertamente la actuación policial en el caso mina de Aznalcóllar y acusó a la Policía de coacciones a los funcionarios que compusieron la mesa técnica que adjudicó el concurso a Minera Los Frailes, SL, una empresa que ni siquiera se presentó al concurso. Esa concesión irregular fue atribuida a María José Asensio, directora general de Minas de la Junta de Andalucía. Por su parte, la empresa Emerita Resources, excluida del concurso, irregularmente según la policía, habló de "chantaje" de las entidades ganadoras.
Asensio fue detenida y acusada por la Policía de prevaricación y fraude, pero afirmó en un documento remitido al Juzgado que sufrió una "coacción objetiva" como los demás funcionarios implicados por parte de la Policía.
La directora general de Minas, repuesta en su cargo por la Junta tras el archivo de la causa, denunció que la detención de los jefes de servicio, jefes de departamento, un interventor y una letrada que componían la mesa técnica fueron contrarias "a sus derechos como ciudadanos".
María José Asensio habló además de "coacción mediática" impulsada por la empresa Emerita Resources, que tiene intereses en El Correo de Andalucía, diario antes de propiedad socialista y ahora ligado al grupo Grupo Morera & Vallejo. Recuérdese que Emerita fue finalista del concurso y que hubiese sido la adjudicataria si no se hubiesen manipulado las valoraciones en su perjuicio según la policía. El grupo ganador, México-MInorbis, encabezado por Magtel, ligado al PSOE, estuvo investigado por tráfico de influencias con el gobierno andaluz.
Quizá por estos antecedentes y para evitar acusaciones de coacción en el futuro, en su auto la juez de instrucción ha retirado la investigación a la Policía Nacional. La juez decidirá sobre posibles imputaciones una vez que la UCO culmine su investigación.
En ese auto de ampliación de la investigación, la instructora pide asimismo a las partes personadas que se pronuncien sobre la declaración de complejidad de la causa, lo que permitiría alargar la investigación 18 meses más.
Minorbis, la mina y el PSOE
La Junta de Andalucía, con Susana Díaz como presidenta en funciones, tuvo que conocer que, además de incumplir los requisitos básicos del concurso de minería que les concedió la explotación de la mina de Aznalcóllar, el capital social de la compañía española que aspiró y logró la adjudicación, Minorbis, SL, era tan sólo de 3.000 euros para una inversión de 300 millones. Es más, según la Policía, en su objeto social ni siquiera aparecía el negocio de la minería. Sin embargo, logró ganar el concurso según el documento firmado por el consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado y la propia presidenta en funciones, Susana Díaz.
Minorbis, SL era una empresa participada por las empresas de la familia López Magdaleno, beneficiarias de importantes subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y el gobierno de España, tanto en época de José Luis Rodríguez Zapatero como en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
Minorbis aparecía como socio de Grupo México, de cuyo apoyo dudó la policía nacional que investigaba el caso desde la UDEF porque no "puede entenderse" que el Grupo México respaldase económica, financiera y técnicamente a Minorbis que ni siquiera tenía, cuando concursó, la minería como objeto social.
Pero ahora la juez, que archivó el caso por considerar correcto el procedimiento empleado por la Junta, tiene que averiguar qué papel jugó realmente la adjudicataria MInorbis, SL "y las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales -desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación-, para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración".
La UCO, autoriza la juez, tendrá "acceso al contenido íntegro de las actuaciones y alegaciones de las partes, a fin de que se elabore un informe completo sobre este extremo del que dé cuenta" al juzgado. Todo ello ante "la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario, para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial del Grupo México".
Un hecho relevante es que grupo México se comprometiera a reembolsar un millón de euros a Minorbis en concepto de gastos razonables en los que habría incurrido, directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto.
Y otro más es que el control absoluto actual de Minera Los Frailes –nombre de la mina de Aznalcóllar– está en manos AMC Mining Iberia –Grupo México– y sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis. O sea, que MInorbis, SL, al parecer, llegó, vio, logró la adjudicación y se quitó de en medio.