Aunque, según fuentes consultadas, el renovado ministro de Justicia Rafael Catalá abogaba por la continuidad de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado, se producirá un cambio de rumbo al frente del Ministerio Público. Por obra de Mariano Rajoy y sus asesores, el Gobierno propondrá al actual magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Maza para que dirija la institución encargada de impulsar y conducir la acusación pública.
Se trata de un jurista madrileño con raíces segovianas de perfil conservador, conocido, entre otras cosas, por su intención de condenar por prevaricación a Baltasar Garzón cuando abrió una causa general para investigar los "crímenes del franquismo". Definido por quienes le conocen como una persona simpática, cercana y predispuesta a la conversación, su papel será importante en la legislatura más multicolor de la historia de España.
Consuelo Madrigal se marcha de un cargo que asumió en diciembre de 2014, cuando Eduardo Torres-Dulce presentó su dimisión por falta de sintonía con el Ejecutivo. En este período, la fiscal de carrera –primera mujer al frente de la FGE– ha dado una respuesta sutil contra el desafío separatista catalán y ha visto cómo tomaban impulso causas de corrupción que mantienen en tensión al Partido Popular.
En relación al nuevo nombramiento, existen una serie de pasos previos. El Consejo General del Poder Judicial emitirá el llamado "informe de idoneidad" y Rajoy comunicará su decisión al Congreso con posterior comparecencia de José Manuel Maza en dicha Cámara, sin posibilidad de veto en ninguna de las dos instancias por ser competencia exclusiva del Ejecutivo. Finalmente, el Consejo de Ministros formalizará la elección, probablemente en diciembre.
Libertad frente a intervención
En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza ha sido un magistrado de profesión penalista, un ámbito en el que considera a los jueces meros aplicadores de la Ley, sin demasiado margen de maniobra. Tal y como ha manifestado en multitud de escenarios, entiende que el Poder Judicial es bastante ejemplar en España y critica el exceso de intervención del Estado en el Derecho. Se opone a esa tendencia que prima la seguridad frente a la libertad y a la lapidación de la presunción de inocencia.
Maza ingresó en la carrera judicial en julio de 1976. Se desempeñó como juez decanto de distrito y se integró en la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta que en 2002 ingresó en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza que dejaba vacante el magistrado Adolfo Prego, elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Por acuerdo del Pleno de 24 de octubre de 2011, ese mismo año obtuvo la plaza en propiedad, cuando Adolfo Prego pidió la excedencia voluntaria.
El Gobierno de Rajoy coloca a un magistrado al frente de la Fiscalía, una fórmula que empleó ya José Luis Rodríguez Zapatero con Cándido Conde Pumpido. En este caso, el episodio más significativo de Maza se remonta a 2012 con un voto particular contra la sentencia que absolvió a Baltasar Garzón en su juicio por la investigación de los crímenes del franquismo: "Resultaría realmente un insulto a la razón afirmar el desconocimiento de cuestiones tan esenciales por un profesional como el magistrado acusado. En todo caso, habría de conducir no a la absolución sino a una condena por prevaricación".
También resalta su oposición a que la Sala Segunda del Tribunal Supremo aplicara la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a una persona cuando ni la Fiscalía ni el perjudicado directo la acusan. Lo hizo en el caso de las cesiones de crédito del expresidente del Banco Santander, Emilio Botín. En un episodio más reciente, fue el ponente del auto por el que la Sala Segunda rechazó la querella de Manos Limpias interpuso contra la cúpula de Podemos por presunta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela.
El nuevo fiscal general afronta cuatro retos fundamentales en un mandato que expira con la legislatura. Como su predecesora, encara el desafío separatista catalán, la corrupción y el terrorismo yihadista. Además, tiene sobre la mesa la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo Gobierno propondrá que los fiscales asuman la instrucción de los sumarios, una reforma que deberá analizar en conjunción con otros agentes del Poder Judicial.