Los representantes del PSC José Zaragoza y Pere Joan Pons se han convertido este miércoles en los dos primeros diputados díscolos del grupo socialista en ser apartados de puestos de máxima responsabilidad, ya que ambos han sido relevados como presidente y portavoz de la Comisión Mixta para la UE.
La exportavoz del grupo Soraya Rodríguez, afín a la gestora que dirige el PSOE desde la dimisión de Pedro Sánchez, y el perdedor de las primarias de 2014 frente a Sánchez, Eduardo Madina, sustituirán a Zaragoza y Pons respectivamente, han confirmado fuentes del grupo.
Son los primeros cambios que se han tenido que adoptar a la fuerza por la constitución de la comisión Mixta para la Unión Europea esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. Pero la reunión de la comisión gestora este jueves a las 17:00 horas en Ferraz tendrá que decidir sobre varios críticos más que todavía ostentan cargos en el grupo parlamentario.
En total son dos presidencias, cinco portavocías de comisión y dos miembros de la dirección del grupo parlamentario las que están en juego. Siete más podrían caer. Una de las más sonadas será la de Margarita Robles como presidenta de la Comisión de Justicia. Su entorno da por descontado a Libertad Digital que se le apartará del cargo porque la voluntad de la gestora es eliminar cualquier rastro de Pedro Sánchez de los puestos de mando.
Entre las portavocías destaca la de Susana Sumelzo al frente de Cooperación al Desarrollo. El resto de los portavoces con bastón de mando son menos conocidos: Mercé Perea en la comisión del Pacto de Toledo; Joan Ruiz en Políticas Integrales para la Discapacidad y Manuel Cruz en Educación. Más relevantes serán las dos destituciones que la gestora podría ordenar en la dirección del grupo parlamentario para apartar a Meritxell Batet, del PSC y a la balear Sofía Hernanz.
Fuentes del sector critico consultadas por Libertad Digital auguran que el criterio de la gestora deberá ser el mismo para todos, para el PSC y el resto, con lo que las destituciones ya adoptadas abren el camino para el resto de salidas. Miembros que denuncian que "la única arma que le queda a la gestora es la económica" ya que los portavoces y presidentes salientes perderían entre unos 900 y unos 1200 euros mensuales.