Carlos Lesmes ha rebasado el ecuador de su mandato y, desde que en diciembre de 2013 asumiera la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha antepuesto la prudencia a los grandes titulares. Sin embargo, el máximo exponente de jueces y magistrados en España se ha pronunciado con claridad en un desayuno informativo organizado por la editorial Lefebvre-El Derecho. Ha afrontado principalmente tres temas: la independencia del Poder Judicial; la reforma de una Ley de Enjuiciamiento Criminal cuya redacción original -salvo un puñado de novedades posteriores- se remonta al siglo XIX; y el aforamiento, haciendo referencia concreta al caso del supuesto blanqueo de capitales que salpica a Rita Barberá.
El madrileño es consciente de que los ciudadanos perciben una Justicia extremadamente politizada. En vez de negar la mayor o resaltar la independencia de sus colegas, Lesmes ha apostado por una "reflexión serena" y un estudio comparado de los modelos judiciales de otros países de la Unión Europea en busca de mejoras. Incluso ha planteado una medida: que los partidos políticos y los sindicatos no ejerzan la acusación popular. En su opinión, estas formaciones utilizan la personación para "aplastar al adversario" y "contaminan el procedimiento". El presidente del CGPJ ha puesto como ejemplos los grandes casos de corrupción -los ERE, donde acusa el PP; o la Gürtel, donde hace lo propio el PSOE-: "La acusación popular se utiliza con fines espurios, como instrumento político".
Según el ponente, este mal uso de la figura jurídica contribuye a la llamada "politización" del sistema judicial. No obstante, no se ha referido al hecho de que los jueces asciendan a cargos importantes en el Consejo General del Poder Judicial, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Supreiores y el resto de instancias, promocionados por los partidos. Sí lo ha hecho a otra figura, la del aforamiento, porque "está íntimamente unido" a la acusación popular, como "mecanismo de defensa frente al uso y abuso" de la misma.
Se abrió el debate desde que el Tribunal Supremo designó por reparto a Cándido Conde-Pumpido como instructor del caso que investiga a Rita Barberá por un presunto blanqueo de capitales. El día en que la exalcaldesa popular de Valencia, ahora como independiente en el Senado, ha declarado como imputada, el máximo representante del Alto Tribunal ha defendido la imparcialidad del juez. En la misma línea, ha recordado que si la lideresa cree "contaminada" la causa porque la dirija quien fuera fiscal general del Estado con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene derecho a la recusación -capaz de apartar a un magistrado de una causa si se ve comprometida su imparcialidad-.
Ha aludido en último lugar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Quien ejerciera como fiscal antes que como juez, ha abogado porque sean los representantes del Ministerio Público quienes investiguen las causas de de "extraordinaria complejidad", puesto que un sólo juez instructor no puede asumir toda la responsabilidad. Se posiciona en un debate que centra la actualidad jurídica. Aunque en cualquier caso, ha matizado que los fiscales estarían "controlados" desde el Poder Judicial para ofrecer "garantías".