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Otra piedra en el camino hacia Ferraz de Susana Díaz: la imputación de Carmelo Gómez

Carmelo Gómez, que era vicesecretario general del PSOE de Sevilla, aparecía dado de alta en la empresa Maginae Solution, de un cuñado de Juan Lanzas.

El pasado mes de septiembre, Libertad Digital ya anticipaba que se daba por hecho que el plan inicial de la actual jefa del socialismo andaluz era culminar la operación derribo de Pedro Sánchez –fueron sus hombres y mujeres de confianza los que estuvieron principalmente en ello–, aunando los cargos de secretaria general del PSOE y la presidencia de la Junta.

Así ocurrió y sigue ocurriendo. Ximo Puig admitía la posibilidad de compaginara la presidencia de la Junta de Andalucía con la dirección nacional del PSOE olvidando lo mucho que se criticó a María Dolores Cospedal por hacer lo propio en el PP. A él se han unido incluso con mayor claridad Ramón Jáuregui y Eduardo Madina, que, aún más diáfano, no veía incompatibilidad estatutaria en una operación a la que se oponen los "sanchistas" y Odón Elorza.

La agenda de Susana Díaz pasa ya por Europa, no se descartan encuentros internacionales más sorprendentes, seguirá por visitas a las agrupaciones y federaciones regionales y culminará en 2017 con el asalto definitivo a Ferraz, una vez recuperado el crédito perdido durante el "golpe" del Comité Federal y resueltos los problemas de gestión y de corrupción que le incomodan en el Sur.

A los problemas de gestión de algunos servicios, como es el caso de la sanidad andaluza que va a ocasionar que miles de andaluces se echen a la calle en Granada, Málaga y Huelva el próximo día 27, se unen los problemas de corrupción que siguen afectando al PSOE andaluz. En 2017 está previsto el juicio a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y una veintena de altos de la Junta.

Ayer mismo, la juez Núñez Bolaños, siguiendo por una vez el camino instructor de la juez Alaya, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que abra una investigación contra el aforado Carmelo Gómez, miembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz que lidera Díaz, secretario socialista de Formación y Nuevos Afiliados y parlamentario autonómico.

En junio de 21015, la entonces juez de instrucción encargada de los macrocasos, Mercedes Alaya, dictaba un auto en el que ordenaba a la Guardia Civil que investigase el supuesto pago por Mercasevilla de las nóminas de los exconcejales socialistas José Antonio García González y Carmelo Gómez Domínguez y de María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas.

Según el auto, Carmelo Gómez, que era vicesecretario general del PSOE de Sevilla, aparecía dado de alta en la empresa Maginae Solution, de un cuñado de Juan Lanzas.

Ahora, se han encontrado indicios sólidos de que Gómez cobró irregularmente más de 70.000 euros procedentes de Mercasevilla, origen del caso ERE. El dinero, como sospechaba Alaya, procedía de la empresa de Juan Lanzas que lo recibió, a su vez, de Mercasevilla a la que se justificó con facturas falsas por trabajos que no se habían realizado.

La juez estima, a la espera de la concreción del Alto Tribunal andaluz, presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil. El contrato de Gómez, se concluye, fue simulado.

Además, el caso implica al ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet –ya condenado por las comisiones ilegales–; el propio Juan Lanzas; su cuñado, Ismael Sierra, el exconcejal socialista José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

A pesar de que estos últimos no son aforados, la magistrada pide al TSJA que asuma también la causa en lo que a ellos corresponde al entender que no es factible separar el procedimiento en dos piezas distintas.

La juez responde así a la petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción hace casi un año. Fue en octubre de 2015 cuando el Ministerio Público reclamó a la juez Núñez Bolaños que enviase una exposición razonada al TSJA para que, tras inhibirse ella, el Alto Tribunal andaluz asumiese la investigación contra Gómez por beneficiarse de la trama que presuntamente saqueó Mercasevilla.

El PP-A ya ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su código ético que implica dimisión en caso de imputación, pero Ciudadanos Andalucía, ha dicho que debe dejarse actuar a la Justicia, que ya ha actuado, y añade que pedirán la dimisión de Gómez si el TSJA lo imputa por corrupción política.

De gran esperanza socialista a gran quemado del PSOE andaluz

Parecía destinado a ser casi todo en el socialismo andaluz en su calidad de joven prometedor que conocía ya a Susana Díaz por su vinculación a Juventudes Socialistas. Pero desde 2003, su carrera política ha estado sembrada de castigos político internos y escándalos y finamente, le ha conducido a estar en puertas de una imputación en toda regla.

Cuando Alfredo Sánchez Monteseirín fue alcalde de Sevilla, coincidió con la hoy líder del PSOE andaluz en las concejalías socialistas del Ayuntamiento hispalense. Las batallas internas del PSOE sevillano le hundieron políticamente si bien colaboró con Susana Díaz para su conquista del PSOE sevillano. Luego la ayudó en la aventura regional y, hasta hoy le ayudaba en la sombra en su aventura nacional. Si no aparece en la "guardia pretoriana" de la presidenta es porque el PSOE, conocedor de su situación procesal, lo ha dejado en segundo plano, un plano del que difícilmente podrá ya salir.

Susana Díaz ha correspondido a sus apoyos y siempre ha contado con él, amigo personal, haciéndolo vicesecretario del PSOE de Sevilla y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE andaluz.

Su papel en la guerra José Antonio Viera-Susana Díaz

Es conocido el episodio que el enfrentamiento electoral interno en las primarias de 2012 resuelto a favor del primero por 22 votos de diferencia. En Sevilla y en Andalucía, la confrontación alcanzó grados muy elevados de temperatura política.

La batalla se dio en el marco del comité provincial socialista que tenía que resolver la elaboración de la lista de candidatos por la provincia ante las próximas elecciones del 25 de marzo, encabezada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. En su seno se enfrentaban lo partidarios de Carmen Chacón y Griñán con los de Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Viera.

En el caso sevillano, en nombre de Susana Díaz, negociaron el secretario provincial de Apoyo a los Distritos, Carmelo Gómez, y el parlamentario José Muñoz y los alcaldes de dos Hermanas y San José de la Rinconada, Quico Toscano y Javier Fernández, respectivamente, representaron a José Antonio Viera, secretario general de Sevilla, hoy imputado en el caso ERE.

Susana Díaz, entonces secretaria de Organización del PSOE de Sevilla, dejo claro que Viera ya no mandaba en el PSOE sevillano hasta el punto que le forzó a presentar la dimisión. En dicho momento, Viera dijo haber sufrido injerencias para elaborar su lista y dejó caer que él no había actuado "con nocturnidad y alevosía o provocando deslealtades". A su marcha se oyeron los gritos de "Tongo, tongo" que no afectaron ni a Susana Díaz ni a Carmelo Gómez.

La candidatura aprobada por el polémico comité provincial estaba compuesta por nueve miembros, entre los que estaban, naturalmente, ambos amigos, y la emergente Verónica Pérez. Siempre ha sido considerado como uno de los hombres más inteligentes y astutos del entorno de Susana Díaz, pero apenas ha podido ejercer por su presencia en casos de irregularidades y, ahora, judiciales.

Su presencia en diversas irregularidades

La Policía demostró que el Ayuntamiento de Sevilla pagó antes de las municipales de 2003 por obras no ejecutadas en el distrito Este y amparadas en facturas falsas, al igual que en el distrito Macarena. José Pardo, escolta del alcalde en aquella campaña electoral, y José Marín, exdirector de Área del Ayuntamiento y, en la época de autos, secretario del distrito, fueron condenados.

Pero en el origen de los hechos, cuatro años antes, que ayudaron electoralmente al PSOE de manera notoria, estuvo Carmelo Gómez. Gobernando entonces en coalición con los andalucistas que controlaban el 70 por ciento del dinero municipal, el concejal delegado de Hacienda y del distrito Macarena, Carmelo Gómez, propuso a sus socios que se incrementaran los presupuestos de los distritos y se les permitiera acometer pequeñas obras: arreglos y similares.

Ha contado Manuel Jesús Florencio que el Partido Andalucista mordió un anzuelo que le llevó a multiplicar el presupuesto de los distritos y les dio capacidad de hacer ‘obritas’, pese a que ni tenían personal ni técnicos, una carencia que Carmelo Gómez se ofreció a subsanar.

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de 2003 –en las que el PSOE marcó al PA con la acusación del 'urbanismo bajo sospecha'–, Monteseirín, logró una nueva coalición con IU y marginó a los andalucistas. Dos de los distritos controlados por los socialistas, Macarena y Este (ambos con casos de facturas falsas), fueron clave en la victoria socialista y el hundimiento andalucista.

Su enfrentamiento con el todopoderoso entonces, José Caballos, factótum del PSOE sevillano desde los tiempos fundacionales, le llevó al ostracismo en el PSOE sevillano y en el Ayuntamiento de Sevilla. Se le acusó de todo, "desde ser el origen de las facturas falsas del distrito Macarena hasta de aprovecharse económicamente de una ONG. Todas esas acusaciones se tradujeron en un expediente de expulsión presentado en Ferraz que no salió adelante", contó El Mundo. Tras el desierto, vino Susana Díaz, para la que reconquistó el territorio Macarena.

Beca fantasma

Carmelo Gómez, miembro de la Ejecutiva del PSOE-A que dirige Susana Díaz en la secretaría de Formación y nuevos afiliados, recibió una beca fantasma pagada con dinero de los ERE. Fue portada en los principales periódicos andaluces.

Gómez figuraba como alumno fantasma en un curso de experto universitario que se sufragó con cargo al fondo de reptiles y que la Junta ya ha declarado nulo. ABC subrayó que el diputado socialista aseguraba que él no ha realizado el curso, pero en el registro oficial de la Universidad de Sevilla constaba que una persona llamada exactamente igual que él y con su mismo NIF no sólo se matriculó, sino que retiró el título a la conclusión. Así había justificado la Hispalense la ayuda ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

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