El gobierno catalán ha incluido en los presupuestos de la Generalidad para el año próximo unas partidas, que suman 5,8 millones de euros, cuya finalidad es organizar el referéndum independentista anunciado para otoño de 2017. Casi 6 millones de euros que estarán camuflados bajo el concepto de procesos electorales y participativos sin que de manera explícita se apunte un epígrafe para la consulta unilateral. Es la estrategia a la que ha recurrido el Ejecutivo independentista de Carles Puigdemont para sortear una más que probable impugnación por parte del Gobierno central.
Este mismo martes sin ir más lejos, el ministro de justicia, Rafael Catalá volvía a advertir de que" nadie está por encima de la ley y por lo tanto "en un presupuesto no se pueden destinar partidas económicas a asuntos que no son competencias de la comunidad autónoma". El presupuesto de la Generalidad también incluye hasta 57 millones de euros para el desarrollo de la Hacienda propia y 64 millones más para seguir fomentando la actividad de las llamadas embajadas catalanas para vender el proceso rupturista por todo el mundo.
Aunque el autor de estas cuentas, el vicepresidente económico Oriol Junqueras ha evitado profundizar en la partida electoral que incluirá esos casi 6 millones para el referéndum si ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a sus socios antisistema de la CUP anunciando que en el proyecto de ley de presupuestos se incluye su compromiso firme con el referéndum a través de una disposición adicional en la que se exhorta al ejecutivo a organizar "un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria". Aunque no parece haber sido suficiente para los antisistema que ya advierten de que " estos no son nuestros presupuestos".
Las argucias de la Generalidad
La Generalidad cree que las partidas de 5,8 millones de euros para procesos electorales y participativos son difícilmente recurribles, dado que en otros muchos presupuestos se ha usado ese mismo concepto genérico. De fracasar en su estrategia, los separatistas catalanes cuentan con un "plan B" y hasta un "plan C" por si el Tribunal Constitucional suspende dichas partidas. Por un lado contarían con varios millones de euros en fondos no departamentales que gestiona directamente el departamento de Junqueras y por otro contarían con otro importante "colchón" dentro del fondo de contingencia donde por supuesto, el referéndum unilateral no aparecería como imprevisto. De conseguir un acuerdo con la CUP que amenaza con llevar nuevamente las cuentas a una asamblea, el debate definitivo de los presupuestos tendrá lugar los próximos 8 y 9 de febrero.