El juez Eloy Velasco ha aceptado la oferta de Francisco Granados. Y ha reservado una fecha: el 11 de enero de 2017, como día en que el principal imputado por la Operación Púnica hablará de los múltiples delitos que se le imputan, aún no se sabe con qué afán ni hasta qué punto está dispuesto a decir la verdad. El movimiento sorprende porque en los 49 meses que acumula en la cárcel de Estremera, el exsecretario de organización de Partido Popular de Madrid jamás ha reconocido un solo indicio delictivo. Ni a los medios de comunicación, ni mucho menos al juez Eloy Velasco, que conduce la investigación en la Audiencia Nacional desde octubre de 2014. Ha visto en ese tiempo cómo el magistrado y la Guardia Civil recopilaban una cantidad ingente de pruebas que describen un sofisticado entramado corrupto de contratos amañados y comisiones. Un sistema que admitió su exsocio y compañero de faena en esta Operación Púnica, David Marjaliza, en una confesión de 10 horas y 52 minutos.
Solo ha apretado para abandonar la prisión. Pero se ha dado de bruces con la Justicia. Primero contra el juez Velasco, que ordenó su ingreso en centro penitenciario como medida cautelar por detectar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Transcurridos los dos años que fija la Ley como límite, ha prorrogado la estancia del expolítico popular en la cárcel hasta que concluya la instrucción de la Púnica -con otros 24 meses de máximo-. Granados recurrió y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional compartió el criterio del magistrado porque el investigado conserva una ingente fortuna en el extranjero que le capacitaría para "sustraerse a la acción de la justicia".
Acción, reacción. Cuando Francisco Granados conoció la confirmación de esa prórroga, este mismo lunes, cursó a la Audiencia Nacional una petición para comparecer voluntariamente que finalmente ha aceptado Eloy Velasco. Al amparo del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitó declarar "sobre hechos que son o han sido objeto de investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos". El mismo precepto dispone que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".
¿Giro en la estrategia?
Granados maneja dos opciones. La más revolucionaria, es decir, una confesión de los delitos que presuntamente habría cometido con el resto de los implicados en la trama, también la supuesta ocultación en el extranjero del botín con posible origen en la corrupción. Y la más probable, la aclaración de algunos elementos de la investigación después de que Marjaliza y otros procesados hayan dibujado un escenario que le sitúa en la cúspide de un engranaje podrido, donde sus amigos políticos adjudicaban a dedo y sin concurso a las empresas que él mismo elegía, plegadas a su sistema de comisiones.
Se da la circunstancia de que Granados ha cambiado por tercera vez de abogados defensores, concretamente el pasado mes de septiembre. También ha comprobado que tanto la primera como la segunda instancias penales creen que, "corrompiendo a quien fuera menester", amasó una millonada ligada a una "cuidadosa actividad tendente a ocultar". Los magistrados sostienen en el último auto que, conforme avanza el procedimiento, se hace "más patente el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia". Señalan también datos "elocuentes y directos de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular" al resto de los investigados, amigos, familiares o testigos.