Mariano Rajoy y Pablo Iglesias protagonizaron este miércoles su primer cara a cara en una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. En este enfrentamiento, el líder de Podemos dio una muestra de su desconocimiento de la Constitución española.
"¿Cómo piensa el Gobierno ejecutar las decisiones del poder legislativo?", fue la pregunta escogida por Iglesias. En su réplica, el líder de Podemos continuaba refiriéndose al Gobierno asegurando que "ustedes han dicho que vetarán cualquier decisión de este Parlamento que afecte al presupuesto, ¿no le parece a usted que si este Parlamento no puede tomar decisiones que afecten al presupuesto, su capacidad legislativa y su ejercicio de la soberanía se ve comprometido y limitado?".
Cuestión con la que Iglesias demostraba su desconocimiento del artículo 134.6 de la Constitución, que reza:
"Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
Así las cosas, la cuestión que Iglesias dejaba al arbitrio y voluntad del Gobierno responde a un poder que le otorga la Carta Magna española al Gobierno de la nación, y que persigue otorgar estabilidad al poder ejecutivo para que los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante del año, se pueda ejecutar independientemente de la labor de oposición de los grupos. Para ello, cualquier iniciativa que presente la oposición debe incluir una memoria económica, con una previsión de ingresos y otra de gastos. Y en ningún caso podrá modificar los PGE del año en curso para que las partidas ya aprobadas no exijan una revisión.
Mariano Rajoy, que no recordó de forma explícita este artículo, sí que respondió a Iglesias que el Gobierno aplicará aquellas decisiones del Legislativo "que sea obligatorio aplicar"y se afanó en recordar la separación de poderes.
La respuesta de Hernando
Un desconocimiento de la carta magna que sí soslayó el portavoz del PP, Rafael Hernando, sin hacer sangre de forma excesiva contra el líder de Podemos. Explicó que "los grupos parlamentarios deben acostumbrarse a presentar iniciativas parlamentarias con una memoria económica para no pervertir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen una previsión de gastos y otra de ingresos".
Hernando calificó de "error esa técnica legislativa de 'vamos a tomar decisiones de gasto pero sin determinar de donde sacamos los ingresos'. Un error que nos ha llevado en el pasado a hipotecar las cuentas del Estado o las de las comunidades autónomas y ayuntamientos cuando la legislación afectaba a competencias que tienen que ver con gastos que realizan las comunidades autónomas y ayuntamientos".
El portavoz popular recomendó a Podemos cumplir con el trámite legislativo en lo referente a adjuntar una memoria económica. Un punto en el que también apeló veladamente a su desconocimiento. "Sería positivo que todos los grupos, antes de presentar una iniciativa legislativa en el registro, pensaran las consecuencias de gasto que tienen las mismas y a su vez determinaran de donde proceden los mismos. Creo que avanzaríamos todos mucho y nos evitaríamos los vetos".
Iglesias pide "respeto" y una reforma constitucional
Debió de escuchar Pablo Iglesias esta explicación ya que minutos después volvía a pronunciarse en los pasillos del Congreso. Esta vez, sí que recordaba el mandato constitucional y decía que "aunque la ley se lo permita es muy grave, enormemente irresponsable". "El parlamento debería tener un peso como límite, como contrapoder al del Ejecutivo mucho mas fuerte. Que amparándose en la ley y en los reglamentos el gobierno lo desoiga es enormemente grave y un déficit democrático", añadía.
A su juicio, las "soluciones" son el "respeto político" y una reforma Constitucional. "El Gobierno tiene que ser responsable. Si aunque no incumpla la ley, el Gobierno desoye al Parlamento se está cuestionando el espíritu de la Constitución y de la separación de poderes y se corre el riesgo de que la gente acabe entendiendo que el parlamento no pinta nada" .
"Si la mayoría del Parlamento toma una decisión, el Gobierno tiene la obligación de aplicarla y no de ampararse en el recurso al veto que no está concebido para desoír al Parlamento sino para situaciones de excepcionalidad. Convertir la excepción en regla es una perversión de la democracia", dijo a pesar de que el artículo 134.6 en ningún momento recoge esa "situación de excepcionalidad".