Muchos de los policías de Cataluña están hartos. Ya pertenezcan a los Mossos, a la Guardia Urbana o a la Guardia Civil, se sienten pisoteados, humillados, despreciados y utilizados. También lamentan el trato que reciben por parte de las instituciones, el hecho de que sus actuaciones siempre se pongan en tela de juicio, ya sea por parte de la alcaldesa Ada Colau, del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, o de los alcaldes y concejales separatistas.
De ahí que la "Plataforma Profesional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" (organización que integran la mayoría de los sindicatos y asociaciones de todas las policías españolas, ya sean locales, autonómicas y nacionales) haya convocado una manifestación para el próximo 17 de enero en el centro de Barcelona.
Las críticas por los desalojos okupas, el top manta y las detenciones judiciales de miembros de la CUP son algunas de las quejas de los diferentes cuerpos. Los Mossos, por ejemplo, han sido objeto de la censura de los nacionalistas por cumplir con su mandato de policía judicial sin que la Generalidad haya movido un dedo para defender a sus agentes. Más notoria es la actitud del Ayuntamiento de Barcelona, cuyos principales dirigentes mantienen a la Guardia Urbana bajo sospecha permanente.
El cartel de la convocatoria reclama "dignidad policial, respeto institucional y garantía jurídica para nuestras funciones". Además, alude a cuatro casos: el de un agente que perdió un ojo y recibe el 55% de pensión mientras que su agresor, el 100%; el de un mosso condenado a pagar 45.000 euros a un conductor que intentó atropellarlo; "el acoso constante a la Guardia Urbana y a la policía en general y la impunidad delictiva de algunos miembros de la CUP (se ilustra con una foto del edil Garganté); y el ataque de "una treintena de radicales" a la Guardia Civil en Manresa.
