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Las conclusiones del caso Brugal: corrupción y lujos en el PP de Alicante

Los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo, con el empresario Enrique Ortiz, se sentarán en el banquillo por supuestos amaños y comisiones.

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Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante imputada | Archivo

No le falta de nada al auto del juez Manrique Tejada y del Castillo que da por finalizada la instrucción del caso Brugal. Amistades peligrosas entre empresarios y políticos con poder, el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y regalos, desde un coche hasta un viaje en jet privado. Esta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de esa ciudad está cerca de sentar en el banquillo a sus dos últimos alcaldes, del Partido Popular: Luis Bernardo Díaz Alperi, renovado con mayorías absolutas entre 1995 y 2008 y su sucesora y mano derecha Sonia Castedo Ramos, la primera y única mujer que ha regido el consistorio de Alicante. El magistrado ha procesado también a Enrique Ortiz Selfa, promotor inmobiliario y desde 1999 máximo accionista del Hércules CF, y a otras ocho personas que habrían participado de los pelotazos del triunvirato.

El magistrado subraya en primer lugar la "especial relación personal" entre el empresario y los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo. Toma como ejemplo el hecho de que, en mayo de 2008, cuando se está trabajando en el proyecto del PGOU de Alicante, el arquitecto redactor Jesús Quesada se pusiera en contacto con Ortiz. Hablan de una reunión previa a la proyección del plan en un lugar donde no les descubrieran. Según los investigadores, "son indicios de que en dicha reunión se pudieron tratar temas que beneficiaban a los intereses del señor Ortiz, amparándose en la influencia derivada de sus relaciones personales con Castedo, que por entonces era concejal de Urbanismo".

El auto recoge conversaciones y pruebas documentales que acreditan la influencia de Ortiz a la hora de declarar terrenos urbanizables. Con ayuda de Castedo y Alperi, iban "apañando" aquellas áreas donde entraría el constructor, a cambio de la correspondiente comisión. Su amistad con los regidores de la ciudad permite al empresario "alcanzar unas cotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para otro ciudadano". El sumario ha recopilado indicios de seis delitos de corrupción. Detecta tráfico de influencias –aprovechamiento de una posición jerárquica para hacer o conseguir favores–, revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, aprovechamiento de información privilegiada obtenida de funcionario público, asesoramiento ilegal –asesoramiento de un funcionario en asuntos en los que intervenga por razón de su cargo–, cohecho y actividades prohibidas a los funcionarios públicos –aprovechamiento de una posición para participar en un contrato–.

La verdad sobre el Estadio Rico Pérez

Según la versión oficial, el exalcalde de Alicante Díaz Alperi le pidió a Enrique Ortiz a finales de los 90, sumido el Hércules Club de Fútbol en una gran crisis institucional, que asumiera las riendas del club pese a que no le gustaba el fútbol. El empresario aceptó, aterrizando ante la afición como un héroe que compró el Estado José Rico Pérez con el compromiso de costear una millonaria remodelación.

Una versión alejada de la que ha prestado el juez del caso Brugal. Tal y como explica en su auto, Ortiz habría aceptado la adquisición y la remodelación para beneficiarse con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en otras zonas. Parte de los beneficios que obtuviera de la urbanización de terrenos pactada con los alcaldes los comprometería con las obras del Estadio, obligada por el contrato de compra. De esta forma, el salió ganando puesto que aumentaría el valor del feudo del que ya era propietario.

Viajes en avioneta y jet privado

El magistrado también hace una lista de los cohechos que habrían recibido los políticos de parte de Enrique Ortiz. Sonia Castedo habría disfrutado de un viaje a Andorra valorado en 2.672 euros; un fin de año en un hotel de lujo del principado (al que se desplazó en un Mercedes propiedad del empresario) por 1820 euros; un viaje a Ibiza en el superyate Benetti Classic 122 de Ortiz con vuelta en avioneta desde las Islas Baleares hasta el aeroclub de Muchamiel a razón de 2.800 euros; y un coche marca Mini Cooper.

Luis Bernardo Díaz Alperi se habría llenado incluso más los bolsillos con comisiones en efectivo a través de sus hijos y de su esposa. El juez expone al menos tres entregas de dinero de 150.000, 174.000 y 60.000 euros. También se incorporan las fotografías de una visita a Creta en jet privado que habría sufragado Ortiz con 35.750 euros.

Los otros imputados son Jesús Quesada Polo, arquitecto redactor del PGOU de Alicante; Francisco Javier Gutiérrez Miguélez, exconcejal socialista de Alicante, y José Luis Castedo Ramos, hermano de la exalcaldesa, que habrían tramitado las alegaciones al PGOU a su gusto a través de un buffete y después estimado esas alegaciones; Ramón Salvador Águeda, promotor urbanístico en Elche y Murcia; Manuela Carratala Fernández, cónyuge de Enrique Ortiz; Santiago Bernáldez Gazapo, Pablo Rico Prats: empresario alicantino que habría llevado a cabo materialmente los pagos de comisiones a Alperi; y Virgilio Ortiz Selfa.

Se da traslado a la Fiscalía y al resto de acusaciones, ejercidas en este caso por el PSPV y EU, para que se pronuncien sobre si corresponde la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento o archivo de la causa.

Ortiz en Gürtel

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante decretó el archivo definitivo en diciembre de 2016 de otro caso en el que se investigaba la actuación de esta supuesta red de corrupción. Sin embargo, Enrique Ortiz se encuentra inmerso también en la trama Gürtel. El magistrado instructor de la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana le citó como imputado en la pieza que investiga si se falsearon facturas que reflejaban pagos del empresario a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, por unos 300.000 euros. Ortiz envió un escrito de defensa al juez José de la Mata donde reconoce la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana durante los años 2007 y 2008. Se enfrenta a una petición de condena a 4 años de cárcel en el juicio que arrancará el próximo mes de marzo.

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