Santiago Romero Casado, catedrático de Educación Física y Deporte, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, ex seleccionador de los equipos andaluz y nacional de voleibol femenino y Medalla de Plata al Mérito Deportivo concedida por el Consejo Superior de Deportes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, ha sido condenado por abusos sexuales sobre profesoras a siete años de prisión.
Sin embargo, la Universidad de Sevilla ha consentido que siguiera dando clases hasta que se ha conocido la sentencia, momento en el que ha suspendido la actividad docente del catedrático y le ha impedido la entrada al recinto universitario.
Además, se ha sabido por una catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, Adela Muñoz, que la Universidad concedió un año sabático al exdecano condenado en 2012. El caso fue denunciado por la propia Muñoz en un escrito aparecido en la revista Maginaria del Ayuntamiento de Sevilla. En artículo titulado "El delito premiado", da cuenta del año sabático concedido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, al condenado por abusos sexuales en julio de 2012 un año después de conocerse los hechos en los medios de comunicación.
Curiosamente, las explicaciones del actual rector de la Universidad de Sevilla han confundido aún más porque sitúa el comportamiento de la institución en la equidistancia entre agresor y víctimas, lo que ha producido la natural perplejidad.
El caso fue denunciado hace diez años por tres mujeres que sufrieron, según los hechos probados de la sentencia, abusos sexuales por parte del ya condenado ex decano entre 2006 y 2010. Sin embargo, la primera denuncia formal contra el catedrático Romero Casado no fue presentada hasta 2011 porque las víctimas tenían miedo del poder que ostentaba el alto cargo universitario. En la denuncia hicieron constar que el acusado las amenazaba con hacerles perder el puesto, con impedirles leer sus tesis o participar en los grupos de investigación. Incluso las forzaba a mencionarlo como coautor de los trabajos que publicaban.
Una de ellas ha contado que era la historia de David contra Goliat. "Yo era una profesora rasa, el último mono, y él era un catedrático de reconocido prestigio dentro de la Universidad", relató.
Las tres denunciantes eran profesoras, una con plaza propia, otra ayudante y la otra con contrato de sustitución. Romero Casado fue el primer catedrático de España en la especialidad de Educación Física y, entre 1997 y 2009, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, miembro del claustro y del consejo de gobierno de la Universidad de Sevilla, dominado políticamente por el PSOE. Además, fue entrenador y seleccionador nacional de voleibol femenino, actividad que desempeñó como entrenador desde 1981. También fue seleccionador de la selección andaluza de voleibol.
A pesar de los hechos y las denuncias, la inmensa mayoría de los profesores de la especialidad, salvo dos, respaldaron al catedrático ahora condenado. Las víctimas tuvieron que recurrir al Instituto Andaluz de la Mujer que, además de apoyo jurídico y psicológico, les animó a recurrir al Rectorado de la Universidad.
Una de las víctimas tuvo que estar nueve meses de baja por depresión mientras su agresor seguía dando clases. A las tres trataron de buscarles un destino en el extranjero para alejarlas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Otra de las víctimas tuvo lesiones psicológicas y estuvo de baja nada menos que seis años. Hace un mes ha vuelto a su puesto de trabajo.
La Universidad de Sevilla finalmente abrió un expediente disciplinario al catedrático pero, según El Diario, lo cerró sin tomar medidas cautelares apropiadas para que el caso se elevara el caso a los juzgados. Gracias a aquella decisión, el catedrático Romero Casado siguió dando clases en la Universidad hasta hace unos días. Sólo le impusieron que no pudiera encontrarse con sus víctimas en el recinto universitario.
La presión de un sector de la izquierda no socialista, especialmente el Sindicato Andaluz de Trabajadores, logró que tuviera que dimitir de todos sus cargos, pero no pudo impedir que siguiera dando clases debido a que no había sentencia. Tampoco hay sentencia firme en este momento, ya que cabe recurso, y sin embargo, sí se ha procedido a la suspensión de su actividad académica.
En todos estos años, pocos medios de comunicación en 2011 se hicieron eco de las denuncias de las mujeres afectadas hasta que no se ha producido el desenlace judicial vía sentencia.