Mercedes Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla y exjuez de los ERE, ha expresado sus dudas acerca de la existencia de independencia judicial en España. Lo ha hecho en Granada en el Foro para la Concordia Civil. Además, ha subrayado que, a medida que aumentan los casos de corrupción en España, también lo hacen en una "progresión absolutamente proporcional" los intentos de injerencia "cada vez más socavadores" del poder político en el judicial.
Según EFE, Alaya, que se definió como una persona "muy pasional", aclaró que plantea estas reflexiones como ciudadana y "sin tapujos", y repasó algunas de las reformas legislativas que, en su opinión, tratan de "atar de pies y manos" al poder judicial.
"Creo que cada vez muchos más dudamos de que existe independencia judicial y, si no existe, nuestro Estado de derecho está seriamente debilitado", dijo la juez, quien ha considerado actual el "fenómeno de ataque" a esa independencia.
Alaya se remontó a la reforma del CGPJ, en 1985, y la elección de sus miembros por un acuerdo político de Congreso y Senado, "una fórmula anómala y absurda que resulta asfixiante" y convierte al Consejo en "un miniparlamento, con distribución de cuotas no por valía o prestigio, sino de miembros maleables según el interés de cada grupo". Un órgano que "no salvaguarda la independencia, sino todo lo contrario".
Según la magistrada, las luchas políticas antes trataban de llevarse al mundo judicial pero no existía una interferencia del poder ejecutivo en las decisiones judiciales. En cambio, desde hace unos años, ha observado una "progresión absolutamente proporcional" entre los casos de corrupción política y los intentos "cada vez más socavadores" de injerencia en la independencia judicial, cuestión que además no perciben "con claridad" los ciudadanos.
Por otra parte, también se refirió al resultado de los pactos políticos más recientes y los ha considerado como de "no agresión" y por los intereses mutuos de mantener "callados" los "abusos" y los "errores" en una especie de "intercambio de cromos".
Todo ello, añadió, con el "beneplácito quizá obligado" de la prensa, en cuyos consejos editoriales se encuentran numerosos exresponsables políticos. Citó expresamente a "Felipe González y Rubalcaba en El País".
A pesar de que los casos de corrupción se mantienen y surgen otros nuevos, Alaya trasladó que ese contexto se traduce en una "situación de nirvana" o de "nadería judicial" para que el ciudadano no los conozca y parezca que "no ocurre nada".
Asimismo hizo referencia al Ministerio Público y ha calificado de "intolerable" que no haya en la Fiscalía un régimen de recusaciones y disciplinario, como sí ocurre en el caso de los jueces, dada la "unión" existente entre esta acusación pública y el propio poder ejecutivo.
También se refirió a la carencia de autonomía presupuestaria del poder judicial."Hay que ir limosneando al poder político y eso es lo que interesa al poder político", proclamó, en un escenario "bochornoso" en el que cargos del Poder Judicial "van bailando al soniquete embriagador de la política", mientras las asociaciones judiciales pierden rumbo "se desnaturalizan, preocupadas más por colocar a los suyos que por la excelencia de sus miembros". Un panorama en el que "muchos los que mejor estrechan mano en los cócteles llegarán más arriba cualquiera calidad y cantidad trabajo".
Consumó su intervención enunciando que "hay una Justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son, y esto desgraciadamente lo vemos los jueces cada día" e iniciativas como el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que "podrían dar el hachazo final a la independencia judicial".
La juez Alaya fue la encargada de instruir el caso de los ERE falso en Andalucía y sufrió tales presiones políticas que padeció fuertes neuralgias que la mantuvieron de baja seis meses. La magistrada no se arredró y continuó instruyendo el caso que se convirtió en un escándalo de enorme magnitud implicando a los expresidentes andaluces, Griñán y Chavez, hoy procesados. Finalmente, los socialistas lograron apartarla del caso y poner al frente a una magistrada afín, María Núñez Bolaños, que intentó en vano archivar el caso.