Mala semana para Susana Díaz, una lideresa que, mientras experimenta el "miedo escénico" certificando que su aspiración de ser lideresa nacional del PSOE ya no será por aclamación, comprueba cómo su equipo de gobierno es incapaz de acabar con las mareas blancas crecientes de la sanidad andaluza. Por si fuera poco, da este lunes comienzo el juicio contra el exconsejero de la Junta, Luciano Alonso.
La Fiscalía Superior de Andalucía pide nada menos que 14 años de inhabilitación para el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, por el presunto delito continuado de prevaricación administrativa. El caso es que nombró irregularmente a Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y a Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía, cargos fantasmas cuando no duplicados.
La Fiscalía consideró que hizo tales nombramientos, "a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno".
No durará mucho porque está previsto que acabe el día 1 de febrero. El juicio será presidido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, nombrado, como es sabido, con la aquiescencia del PSOE andaluz y que tiene excelentes relaciones con la Junta de Andalucía, que ocultó estarle pagando el alquiler de su vivienda en Granada. Junto a él, estará el magistrado Ruiz-Rico, en su día afiliado al PSOE y aspirante a sucederle en el alto tribunal andaluz. Habrá otra magistrada de la que no se ha hecho público el nombre.
Este lunes declarará el exconsejero Alonso y seis testigos a instancias de la Fiscalía. Este martes declararán otros seis testigos propuestos también por la Fiscalía y tres propuestos por la defensa. Tras las pruebas documentales, el día 1 se elaborarán las conclusiones y harán sus informes las partes.
Aunque tardó en hacerlo, el pasado 28 de diciembre Luciano Alonso renunció a su acta de diputado en el Parlamento andaluz. Sin embargo, dado el momento político que vive el PSOE y la ambigüedad de Susana Díaz a dar un paso adelante en la carrera hacia Ferraz, una condena firme de un exconsejero, otro más de los muchos que están encausados judicialmente en diferentes casos, sería muy perjudicial para sus aspiraciones.
De hecho, en la acusación del fiscal se enumeran muchos de los vicios y deformaciones que afectan al PSOE andaluz desde hace años:
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Que usó su cargo para "a beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual".
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Que lo hizo conociendo la falta de idoneidad de los nombrados.
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Que sabía que no iban a desempeñar los cargos para los que los nombró
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Que sabía que no había un puesto de trabajo contemplado para tal cargo, en un caso.
De los tres nombrados irregularmente, Luis Guerrero, su amigo socialista, ni siquiera visitó la sede que teóricamente debía dirigir. Alejandro J. Cárdenas, otro de los nombrados al margen de toda norma, era "hijo de Carmen Peñalver, íntima amiga de la consejera y miembro destacado del PSOE de Jaén, del que fue secretaria general provincial, además de alcaldesa de Jaén y delegada de Asuntos Sociales de la Junta en esa provincia".
Además nombró a María Centeno, "hija y sobrina de destacados dirigentes del PSOE de Málaga" que, según la Fiscalía, fue informada de que, "a pesar de ostentar el cargo de directora de la Filmoteca de Andalucía y percibir el sueldo que a este puesto correspondía, no iba a desempeñar función alguna relacionada con el mismo".
La sanidad andaluza, el fallo que no cesa
En Granada, el meollo de las mareas blancas donde reside y trabaja el médico Jesús Candel, Spiriman, las negociaciones Junta-Sindicatos han reventado. Según La Razón, cuatro sindicatos que mantenían un proceso de diálogo con la gerencia del Complejo Hospitalario de Granada, encaminado a la consecución de dos hospitales completos, se levantaron de la mesa de negociación al entender que se había incumplido "de forma unilateral" el documento que firmaron las partes el pasado 23 de diciembre.
Tras recibir al médico Jesús Candel Spiriman y dar comienzo a unas negociaciones, parecía que los problemas tenían alguna solución. Seis sindicatos presentaron el 11 de noviembre a la gerente sanitaria, Cristina López Espada, un documento que exigía "dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas" para Granada.
Pero la representante de la Junta contestó con otro documento que modificaba el espíritu de la primera propuesta. Pese a todo, logró que fuese rubricado por USAE, CSIF, CCOO, UGT y Satse. No lo hizo el Sindicato Médico y USAE se retiró al considerar que la maniobra de la Junta suponía un "fraude a la ciudadanía". De todos modos, parecía que la Junta había logrado dividir a la marea granadina, la esencial.
Los cuatro restantes sindicatos mantuvieron unos días el diálogo con la gerente hasta que el pasado día 26 comunicaron conjuntamente la retirada de la confianza a la Consejería de Salud y lamentando "profundamente no poder finalizar el trabajo y los avances conseguidos hasta ahora".
Por si fuera poco, las mareas crecen y se consolidan. La última en organizarse ha sido la de Jerez de la Frontera, primer municipio en población de la provincia de Cádiz, donde 5.000 personas se manifestaron ayer convocados por un usuario de la sanidad andaluza, el jerezano Javier Fernández, cuya esposa, Carmen Rubiales, debió esperar más de cuarenta minutos a la llegada de una ambulancia tras ser atropellada.
Además, el PP andaluz sigue hurgando en la herida sanitaria de la Junta de Andalucía y ha dado a conocer que el gobierno de Susana Díaz sólo había ejecutado a 30 de noviembre pasado el 27,4 por ciento del presupuesto de inversiones previstas para la Sanidad andaluza, un dato "estremecedor que explica todo el déficit sanitario que sufre nuestra comunidad y el clamor generado en las calles de Andalucía contra Susana Díaz y su gobierno". Esto es, que la inversión sanitaria de la Junta de Andalucía es de sólo 3,2 euros por persona.
Ya el año pasado, el PP Andaluz denunció que el grado de ejecución de las inversiones sanitarias a finales de 2015 no había superado el 62 por ciento. "No nos imaginábamos que un año después el dato iba a ser infinitamente peor y que sólo se iba a ejecutar la cuarta parte de lo presupuestado", ha dicho ahora.
A esto hay que añadir las denuncias que van sumando los propios profesionales. La última es que uno de cada cuatro niños andaluces carece de pediatra y la ha formulado la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APAP-A).