La andanada más completa y rotunda que la juez Núñez Bolaños ha hecho en público contra la juez Alaya es la que se ha producido este miércoles por la mañana. Directamente, cuando rechazaba el recurso del PP-A por su decisión de archivar la pieza política del caso del fraude de la formación, la sustituta de Alaya ha escrito que tanto la magistrada Mercedes Alaya como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han elaborado "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que han causado un "daño" a personas "cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso".
Que la juez Núñez Bolaños haga algo así y lo haga precisamente dos días antes de que el presidente de la Comisión de Investigación parlamentaria del mismo caso haga público su dictamen, en el que anunció nombres y apellidos, parece no ser obra de la casualidad. Tampoco lo fue, recuérdese, que en la campaña electoral que llevó a la presidencia de la Junta a Susana Díaz, desde su juzgado se filtrara la información de que la causa de la formación iba a ser archivada.
De este modo, además, parece querer contestar a las últimas manifestaciones de la juez Alaya en diferentes foros donde había puesto en cuestión la existencia en España de la independencia judicial y denunciaba la intromisión de los poderes fácticos en la administración de justicia. Anteriormente, Alaya había mencionado la amistad de Núñez Bolaños y su marido con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía y aludido a la amistad de la misma con el hermano del imputado en el caso y exconsejero Ángel Ojeda.
Ahora, en el auto que confirma así el archivo de la causa dictado el 11 de octubre de 2016, dice, insistiendo en que la juez Alaya comenzó la casa por el tejado, que la causa del fraude de los cursos de formación nace sobre la "hipótesis elaborada" por la UCO tras "analizar e interpretar" los informes de la Cámara de Cuentas e interventores tanto en los informes de Auditoría de Cumplimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ejercicio 2012, como los informes especiales de control sobre las delegaciones provinciales del SAE relativos a los ejercicio 2009 a 2012.
Se olvida la juez Núñez Bolaños que fue la UDEF, cuerpo de la Policía Nacional, el que empezó las investigaciones sobre la formación y que sus conclusiones fueron similares a las posteriormente deducidas por la UCO, a la que la jueza culpa abiertamente.
Según la juez, la UCO "formula la hipótesis de que dichas irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las delegaciones provinciales, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes, 'red clientelar', dando lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público".
Añade la juez Bolaños que con esta premisa, la UCO –sigue olvidándose de la UDEF–, practicó "registros y detenciones con la intervención de numerosos expedientes que obran en múltiples dependencias de esta sede e incluso como señala el PP-A con el precinto de sedes administrativas".
Es más, acusa a la Guardia Civil de no tener cualificación profesional necesaria para "la interpretación de informes de la Cámara de Cuentas e informes de la Intervención de la Junta que se traen a las actuaciones donde se recogen la existencia de irregularidades administrativas", origen de las hipótesis de la conspiración.
Está claro que confía mucho más en los informes técnicos "elaborados por la Intervención General de la Junta o por la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas que "requieren de un conocimiento especial y específico en derecho administrativo en sus diferentes materias y ramas", de forma que "se requiere de una especial formación en derecho administrativo cuyo desconocimiento puede llevar a conclusiones erróneas".
Curiosamente, la juez Bolaños se incluye entre quienes pueden interpretar correcta y especializadamente el conocimiento de esta "materia variada, diversa y compleja" teniendo en cuenta que "la mayoría de las cuestiones que se suscitan son cuestiones jurídicas interpretables" y "sobre las que difieren los propios interventores u operadores jurídicos".
La juez Bolaños asegura su tesis en el hecho de que los interventores de la Junta no han detectado en ningún caso ilícitos penales sino meras irregularidades administrativas y concluye que " si no se denuncia el ilícito penal por los interventores, que son quieres examinan la actuación administrativa, cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la Intervención, causas que vienen siendo archivadas por los juzgados de Instrucción".
La juez lamenta que la apertura de causas como ésta "puede causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingresos y sustento se vio truncada", además de a las personas "que dejaron de recibir una formación necesaria y útil para su vida profesional", no obstante lo cual "lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso".
Finalmente, acusa al PP de mentir por su recusación, que considera mal planteada, y a la que atribuye mala intención y falsedad al decir que no ha contado con todas las grabaciones de las declaraciones de los Interventores y afirma que al PP-A "no se le ha denegado copia alguna" de las grabaciones de las declaraciones realizadas en la causa y por tanto "es falso decir que no se les han dado". "Las grabaciones las tienen desde el primer momento", concluye la magistrada en un auto donde hace referencia a los "numerosos intentos" realizados por el PP-A "para que la causa fuera reabierta".
El comienzo de las hostilidades: las grabaciones
Todo el lío comenzó con unas grabaciones audiovisuales de las declaraciones de los interventores de la Junta de Andalucía en el caso del fraude de la formación, pieza política. Recuérdese que fue notoria la intención de la juez y de la fiscalía de archivar definitivamente esta parte del sumario.
Pero están estas grabaciones, que la juez dice que facilitó al PP y que, según este partido, desacreditaban su imparcialidad en el caso. Consecuentemente, el PP la recusó formalmente, recusación mal planeada según Núñez Bolaños.
El PP ya se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que algunos audios entregados contenían varias partes "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas".
El pasado 15 de septiembre el PP presentó un recurso dirigido al CGPJ en el que solicitaba la recusación de la juez Núñez Bolaños porque consideró que la instructora se había extralimitado en sus funciones, "arrogándose la Sra. Magistrada-juez unas competencias que no le son propias y que legalmente vienen atribuidas a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) con exclusividad y plenitud".
El PP consideraba que no era la juez Bolaños quien debía responder a su petición cursada el 19 pasado de julio y reiterada el 1 de septiembre pasado. Quien custodiaba las grabaciones y tenía que facilitar la certificación o testimonio de los audios, según la Ley, era la Secretaria Judicial.
Sin embargo, la juez Bolaños dictó un auto el pasado 15 de julio, cuatro días antes de que el PP formulara su petición, que decidía negar su acceso a las grabaciones originales, no a las defectuosas que se le entregaron.
El misterio de unas grabaciones
¿Por qué son grabaciones tan importantes para el PP? Porque están en juego presuntos delitos de altos cargos de la Junta de Andalucía. Precisamente, según ese partido, una de las grabaciones que aparece mutilada es la de la declaración del interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que elaboró un informe de actuación donde subraya el riesgo de menoscabo de fondos públicos tras hallar un cúmulo de irregularidades en la justificación de las ayudas para cursos. Esto significaría la existencia de un presunto delito de malversación de caudales públicos y no meras irregularidades.
En la grabación entregada al PP el audio se interrumpe curiosamente cuando la representación legal del PP preguntó al Interventor y fue interrumpida por la juez con esta expresión: "Deje de preguntar por delitos, que aquí no hay delitos", subraya el PP.
En julio, los populares acusaron ya a la juez de vulnerar el derecho a un juez imparcial y le atribuyeron dos faltas muy graves en su labor instructora: su presunta predisposición para archivar la pieza política de los cursos de formación, de la que se hicieron eco los medios tras una "filtración", y la falta de motivación de los autos que ha emitido. Entre ellos, el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra el ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco.
Recuérdese que la juez Mercedes Alaya, que sí creía en la existencia de una trama política y en la presencia de delitos en el caso, imputó 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sostenía la tesis de que desde la Consejería de Empleo se daban "órdenes" a las delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" que se repartía entre entidades y empresas para impartir cursos. La Junta, como es sabido, argumenta que sólo hay irregularidades administrativas sin coordinación alguna, tesis que asumieron la juez y la fiscalía.
El auto de Bolaños y la Comisión de Investigación
Pocos pueden dudar del beneficio político inmenso que se deriva de este auto de la juez Núñez Bolaños para el PSOE y para Susana Díaz, a la que tres grupos parlamentarios han responsabilizado personalmente, en sus conclusiones, de las negligencias e irregularidades que dieron lugar al caso. Se trata de Podemos, Izquierda Unida y el PP. De Ciudadanos nada se sabe si bien se esperará al viernes para conocer el dictamen de Julio Díaz, diputado naranja, que dijo hace dos días que llevaría nombres y apellidos.
Es muy desconcertante que la jueza no vea trama política donde la Comisión de Investigación sí la ve. Según PP andaluz, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otro largo rosario de ex altos cargos de la Junta son políticamente responsables del fraude de la formación. El propio Juan Marín, líder de Ciudadanos, llegó a hablar de una responsabilidad "brutal".
PP, Podemos e IU igualmente ven implicada en el caso y políticamente responsable a la propia Susana Díaz, a la que Ciudadanos no menciona en sus conclusiones más que como responsable de haber tardado en resolver e investigar el caso.
La Fiscalía recordó que el archivo de la pieza política se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas. Pero dejó claro que continúan abiertas piezas separadas en las que se investigan las subvenciones concedidas a entramados empresariales y consorcios, como los del exconsejero Ángel Ojeda o el exdirigente socialista Rafael Velasco.
Un espectáculo de primera.