Libertad Digital publicó ayer que se esperaba que el informe final del presidente de la Comisión de Investigación del fraude de la formación en el Parlamento, el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz, se hiciera público. Había expectación porque el propio Díaz había anunciado que habría nombres y apellidos concretos entre los responsables políticos del mismo. Entre ellos, podría estar, lógicamente, el de Susana Díaz, a la que todos los grupos menos el PSOE y parte de Ciudadanos, consideran responsable de hechos políticamente graves.
Pero a pesar de que el informe se había retrasado más de cuatro meses desde que los grupos políticos parlamentarios presentaron los suyos, ayer sufrió un nuevo aplazamiento. El nuevo retraso fue aprobado por todos los grupos parlamentarios andaluces menos el PP. Recuérdese que ayer mismo Susana Díaz liquidó políticamente a los responsables de su Consejería de Salud y que el efecto mediático de estas "dimisiones" se hubieran visto oscurecidos por el dictamen de la Comisión.
Se trataba, según la petición del PSOE para solicitar el nuevo aplazamiento, de poder incorporar a ese dictamen final presuntos casos de falso testimonio que PSOE y PP atribuyeron a varios comparecientes y que, en su día, fueron rechazados por la Mesa del Parlamento en la que manda cómodamente su presidente, el socialista Juan Pablo Durán Sánchez.
Pero ahora estos testimonios vuelven a ser considerados convenientes por PSOE, C's, IU y Podemos por lo que se aplazaba la presentación del dictamen de Julio Díaz hasta el próximo viernes a las 14 horas.
El PSOE quiere ahora que se tengan en cuenta los "falsos testimonios" del testigo protegido de la juez Alaya, Teodoro Montes, el funcionario que aseguró que la formación profesional se convirtió en el "negocio del siglo", en connivencia con altos cargos, para la Junta de Andalucía y también el testimonio del empresario José María Pérez, que admitió haber cobrado un tanto por ciento de las subvenciones. Esto es, se trata de convertir en acusados a los acusadores judiciales y políticos del caso de la formación en el último acto de la Comisión.
El argumento de la nueva suspensión se amplió con la razón de que el PP incluyó como falso testimonio la comparecencia del exconsejero Ángel Ojeda, quien se negó a contestar a las preguntas del PP, y la de su cuñada, el ex alto cargo Teresa Florido. Curioso es que el PP ha denunciado que no ha pedido nada porque ya incluyó el caso en sus conclusiones y señaló a Ciudadanos como cómplice del PSOE en el proceso temporal de acontecimientos políticos que diseña Susana Díaz por su interés en llegar a Ferraz.