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El 3% enfanga a Mas y Puigdemont, que se parapetan tras el referéndum

El PDeCAT atribuye a los planes para el referéndum el último mazazo de la Guardia Civil y un juez de El Vendrell a las mordidas convergentes.

(Barcelona)
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Registro en la sede de Bimsa | EFE

A cuatro días de la fecha fijada para el juicio a Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en plena ofensiva separatista tras las revelaciones del exjuez Santi Vidal sobre las ilegalidades de la Generalidad, la Guardia Civil ha desencadenado la operación Pika, tercera fase del caso Petrum relativo al cobro de comisiones de entre el tres y el siete por ciento por parte de los dirigentes de Convergencia a cambio de adjudicaciones de obra pública.

"Pika" porque según los investigadores, "pica de aquí, pica de allá" acabó por convertirse en una frase hecha en el análisis de las pruebas documentales de los registros en la sede de Convergencia, en algunos ayuntamientos bajo su batuta y en las empresas de los amigos del partido y de los Pujol, Mas y Puigdemont. Sociedades públicas de la Generalidad o del Ayuntamiento de Barcelona en los cuatro años de mandato nacionalista adjudicaban una obra y unos pocos días antes, la fundación del partido Catdem había recibido una suculenta donación de los beneficiarios de concurso amañado. Así que el partido picaba de un lado y de otro.

El procedimiento ideado en los tiempos de Jordi Pujol, el "problema del 3%" al que aludiera Pasqual Maragall en sesión parlamentaria hace más de una década, se mantuvo vigente incluso después del estallido del macrocaso de la familia Pujol. Reputados fontaneros de la absoluta confianza de Artur Mas y estrechos colaboradores del excalcalde de Gerona, Carles Puigdemont, han sostenido la trama y mantenido vivo el "legado", una manera de actuar basada en el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental, la malversación y el blanqueo de capitales, según las indagaciones judiciales y policiales.

Subordinados de Mas, Puigdemont y Trias

La detención y los interrogatorios a Antoni Vives, Francesc Sánchez, Sixte Cambra, Josep Manuel Bassols, Andreu Viloca, Constantí Serrallonga y Xavier Tauler, entre otros, delatan tanto a Mas como a Puigdemont. Antoni Vives, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, exmilitante del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), exdirigente de ERC y finalmente miembro del "pinyol" de Convergencia (el grupo formado en torno a Mas por Oriol Pujol, David Madí, Josep Rull y Francesc Homs) figura en el centro de la trama.

En sus tiempos de concejal de Xavier Trias, se hizo con el control de todas los concursos municipales. Viloca, exgerente de Convergencia y detenido este jueves por segunda vez, era el encargado, según los investigadores, de señalarle qué empresas debían ser las beneficiarias una vez se había confirmado el pago de la comisión.

El fontanero del PDeCAT

Francesc Sánchez, otro personaje central, era el hombre de confianza de Mas en el partido, responsable de asuntos internos y de comunicación, estaba al tanto de la contabilidad a plena satisfacción del entonces presidente de la Generalidad, que propugnaba la máxima transparencia durante la comisión parlamentaria del caso Pujol mientras se mantenía activa la maquinaria corrupta, dado que la investigación comprende adjudicaciones hasta el año 2015. Además, Sánchez fue el encargado de Mas para enterrar Convergencia y fundar el PDeCAT, el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, y mantener el control de la organización.

La esposa juez

Josep Manuel Bassols, que ya lleva tres detenciones por el 3%, fue alcalde de Anglés (Gerona) y jefe de campaña de Carles Puigdemont en las elecciones municipales. Está casado con la juez Nuria Bassols, magistrada del TSJC (sala de lo civil) que fue designada por Mas "comisionada de Transparencia" de la Generalidad y se vio obligada a dimitir en la segunda fase de la operación Petrum por exigencia del líder de ERC Oriol Junqueras. Ahora es directivo de una de las empresas beneficiadas en los concursos y que abonaban el "impuesto patriótico" por adelantado.

Amigos personales

Sixte Cambra, presidente de la Autoridad Portuaria, es amigo personal de Artur Mas. El fiscal Bermejo interrogó a Cambra sobre dos obras en el Puerto relativas a la trama. Xavier Tauler, otro empresario, es amigo de la infancia de Jordi Pujol Ferrusola.

De los dieciocho detenidos, siete pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona a la espera de pasar a disposición judicial. Se trata de Francesc Sánchez, Antoni Vives, Andreu Viloca, Josep Manuel Bassols, Sergio Lerma (como Bassols, directivo de la empresa Oproler), Josep Antoni Rosell, director del ente de la Generalidad Infraestructuras.cat y Xavier Tauler, consejero delegado de la constructora Copisa.

El juez de El Vendrell

Este viernes les espera Josep Bosch, el titular del juzgado de instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona), quien hace dos años emprendió una investigación por la denuncia de Montserrat Gasulla, entonces concejal de ERC en Torredembarra y que denunció las prácticas del alcalde convergente, Daniel Masagué.

Las pesquisas desembocaron en la sede central de Convergencia tras pasar por una consultora llamada Efial que actuaba en Torredembarra como un ayuntamiento paralelo en la adjudicación de contratos públicos. La localidad tarraconense resultó ser la punta de un iceberg que comprendía decenas de ayuntamientos, sociedades públicas, empresas privadas, fundaciones convergentes, el mismo partido, la Generalidad de Mas y los ayuntamientos de Trias y Puigdemont.

"Medidas coercitivas"

Los afectados se escudan en que la operación ordenada por el juez Bosch es una de las "medidas coercitivas" sugeridas por el Gobierno ante la escalada del desafío separatista. El PDeCAT vincula la actuación judicial al referéndum y a la celebración del juicio a Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Sostienen que el juez Bosch actúa a las órdenes del Gobierno, mientras Rafael Entrena, abogado de Joana Ortega y de los detenidos con carnet de CDC, asegura que no cree en las casualidades y que debería estar preparando el juicio del lunes en vez de asistir a los arrestados.

Sin embargo, esta versión no cuela ni en ERC ni en la CUP. Oriol Junqueras duda de la justicia pero avisa de que pedirá dimisiones si se confirma la investigación. Acaba de demostrar su capacidad para cortar cabezas con Santiago Vidal y no está dispuesto a verse salpicado por la corrupción ajena por mucho proceso que esté en juego.

La CUP ha sido mucho más directa en su reacción. La portavoz municipal en Barcelona, María José Lecha, ha declarado que la operación es un "duro golpe al proceso porque el proceso debería ser impecable". También ha anunciado que la CUP se presentará como acusación en este expediente que pone en tela de juicio los años de mandato municipal convergente en Barcelona. La alcaldesa Ada Colau dice estar dispuesta a abrir una investigación. La operación se ha llevado por delante a altos cargos de empresas municipales que ella mantiene en sus puestos.

Movilización contra la justicia

El PDeCAT intensifica sus llamadas a la movilización callejera. Sus medios afirman que ya son treinta mil los inscritos para manifestarse el próximo lunes a las puertas del TSJC en el comienzo del juicio a Mas, que sólo en la mañana del jueves, cuando agentes judiciales y fiscales registraban despachos públicos y domicilios privados, tres mil personas más se presentaban voluntarias para apoyar a Mas. Hasta Puigdemont ha anunciado que le acompañará en un tramo de la comitiva.

Sin embargo, los socios del proceso no están dispuestos a asumir la factura de la corrupción convergente y tapar el "Método 3%" en favor del referéndum y la absolución de Mas en el juicio por el 9-N. La consistencia de la investigación del juez Bosch, los fiscales y la Guardia Civil desmonta el recurso de la "judicialización de la política" que blanden los portavoces de Mas y Puigdemont.

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