El PDeCAT (Convergencia) no se quedará de brazos cruzados ante la operación Pika, el último golpe judicial y policial a la trama del 3%, el cobro de comisiones (a veces de hasta el 7%, mínimo el 3%) a cambio de adjudicaciones de obra pública a los empresarios amigos. Ha calado el mensaje de Mas. No existen las casualidades, alega el expresidente de la Generalidad, y las detenciones de sus hombres de confianza y amigos forman parte de las "medidas coercitivas" anunciadas por el Gobierno, una nueva acción de la "mano negra", otro capítulo de la "Operación Cataluña" de las cloacas del Estado para desacreditar a los independentistas y torpedear el referéndum.
Pero la nueva "agresión" del Estado no quedará sin respuesta. Las inscripciones para acudir a la concentración en apoyo de Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau el próximo lunes ya van por las 28.000 y son 120 los autobuses alquilados de momento, afirma la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Programa "institucional"
Los actos comenzarán a las ocho de la mañana del día señalado para el juicio por el 9-N en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el lunes 6 de febrero. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dará un discurso de un cuarto de hora en la sala gótica del palacio de la plaza de San Jaime ante los consejeros, la presidenta del Parlament y los tres encausados.
A las ocho y cuarto, todos, Puigdemont y Junqueras incluidos, se dirigirán a pie al Tribunal, a cuyas puertas está previsto que lleguen en torno a las nueve menos cuarto. Allí esperan que haya tal gentío que resulte una auténtica proeza que Mas, Ortega y Rigau puedan franquear las puertas del juzgado. En el entorno de Mas se contempla la posibilidad de escudarse tras la gente para impedir la celebración del juicio en un acto de desobediencia en la línea de los protagonizados por la CUP.
El expresidente de la Generalidad, sin embargo, es partidario de no forzar la situación y sentarse a declarar en lo que pretende convertir en un mitin electoral.Se solicitan contra él un máximo de diez años de inhabilitación, pero hasta en el caso de resultar condenado podría concurrir como cabeza de cartel del PDEcat en las próximas autonómicas dado que un recurso ante el Supremo dejaría en suspenso el fallo.
Mas ya ha mostrado su disposición a presentarse como rival de Oriol Junqueras, a quien los convergentes reprochan su condición de no investigado. Todo el peso de la justicia, se lamentan, cae sobre el PDeCAT. Mas quiere hacer de ello un argumento para frenar la caída libre de su partido y recuperar el terreno perdido a manos de ERC.
Como en el caso Banca Catalana
El próximo lunes será la primera prueba de la estrategia de Mas, una respuesta al cerco judicial por la corrupción similar a la que protagonizara Jordi Pujol cuando estalló el caso Banco Catalana, al inicio de su primer mandato autonómico. Entonces, miles de personas se echaron a la calle y el líder del PSC, Raimon Obiols, fue agredido por algunos manifestantes puesto que Pujol atribuyó el escándalo financiero al Gobierno del PSOE.
Poco o nada ha cambiado desde entonces en la manera de actuar de los nacionalistas. Mas y lo que queda de Convergencia esperan que el 6-F les sirva de altavoz para extender la tesis de que la vista por el 9-N es un juicio político y el 3% responde a las maniobras de las cloacas del Estado para frenar la independencia.