Con más de tres cuartos de hora de retraso comenzó el juicio a Artur Mas y las exconsejeras autonómicas Joana Ortega e Irene Rigau. Se les acusa de prevaricación y desobediencia y arriesgan un máximo de diez años de inhabilitación. Preside el Tribunal Jesús Barrientos y cuenta con los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez. Actúan en representación de la fiscalía Francisco Bañeras y Emilio Sánchez Ulled.
Tras las cuestiones previas, Mas se negó a contestar a la fiscalía y comenzó su particular show a preguntas de su abogado, Xavier Melero, quien trató de facilitar el mitin de su defendido. El presidente del tribunal, Jesús Barrientos, se vio obligado a intervenir en varias ocasiones cuando Mas comenzaba a reiterarse en sus consideraciones. Siempre desafiante, el expresidente de la Generalidad se jactaba del 9-N al tiempo que atribuía toda la responsabilidad a los voluntarios.
La argumentación de la defensa es que las comunicaciones del Tribunal Constitucional (TC) no eran claras, no advertían de los efectos jurídicos de la consulta del 9-N y que ni el TC ni la Fiscalía actuaron para detener el "proceso participativo".
Según Mas, la administración dejó de liderar la organización del referéndum cuando recibió el primer requerimiento judicial, a principios de octubre, y "cambió el formato". El expresidente de la Generalidad justificó la celebración del 9-N en los mandatos parlamentarios: "El 9-N no fue un capricho personal ni una ocurrencia, sino la consecuencia de numerosas resoluciones políticas". A pesar de ello, "cambiamos el concepto de la consulta y se organizó con cuarenta y dos mil voluntarios".
Requerimientos difusos
Mas también acusó al Constitucional de "indefinición" y de que "ni yo ni ningún miembro del gobierno fuimos advertidos personalmente". Preguntado por su actuación el día de autos, alegó que "mi deber era que aquel día se celebrase con tranquilidad, como así fue". Y lanzó la pregunta de "¿cómo es que el Constitucional no hizo nada para evitar la celebración de la consulta?". En ese momento, el juez le paró los pies y le dijo que no estaba en el banquillo de los acusados para hacer preguntas sino para responderlas. Mas replicó que si no podía hacer preguntas si podía hacer afirmaciones y aseguró que el TC ni la fiscalía hicieron nada para impedir la consulta. Barrientos le cortó y se dirigió a su abogado para que continuara el "interrogatorio".
Melero le cuestionó por su participación en la apertura de los institutos y Mas volvió a lanzar un mitin sobre su "responsabilidad en la idea". El juez atajó a Mas y le pidió que contestara a si era responsable de la apertura de los "colegios electorales". Mas se encaró con Barrientos y le dijo: "Sí que he contestado. He dicho que soy el responsable de todo".
Las consejeras, balones fuera
La exvicepresidenta del Gobierno de la Generalidad, Joana Ortega, y la exconsejera de Irene Rigau también se negaron a contestar a las preguntas de la fiscalía y se sometieron a un interrogatorio pactado con sus abogados defensores para desviar las responsabilidades a los voluntarios, negar que funcionario alguno participara en la organización final de la consulta y que no eran en absoluta conscientes de estar cometiendo delito alguno por facilitar el referéndum.
Según Ortega, todo se coció entre los voluntarios. Sobre la apertura de los institutos, Rigau negó toda clase de coacción. Los institutos eran de titularidad de la Generalidad y fueron puestos a disposición de voluntarios vinculados, tales como profesores jubilados, presidentes de ampas o profesores voluntarios, dijo la exconsejera.
No hubo censo oficial, no se utilizaron datos protegidos y ni la Fiscalía ni el Tribunal Constitucional comunicaron como hubiera sido debido la suspensión del proceso. Balones fuera. La primera sesión se dio por concluida a las doce y cuarto.