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Samantha Romero, la juez que salvó a la infanta

El juicio del caso Nóos desde los ojos del Tribunal: 61 sesiones de pulsos y acusaciones vistas para sentencia.

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Samantha Romero, presidenta del Tribunal | EFE

Es fácil dar titulares en el juicio del caso Nóos, tanto como difícil no hacerlo. Observando el croquis de la Sala en la Escuela de la Administración Pública de Baleares, el banquillo de los acusados copó el 90% del torrente informativo. En el ala este, qué decir del vehemente fiscal Pedro Horrach, la abogada del Estado madre del "Hacienda no somos todos", Dolores Ripoll, o la melena rubia de Manos Limpias que sostiene el látigo de doña Cristina, Virginia López-Negrete. Y a la izquierda, tampoco han levantado el pie morlacos de la abogacía como Cristóbal Martell y Manuel González Peeters, o desconocidos con galones como Mario Pascual Vives.

Solo al frente ha sobrevivido la intimidad. En el hogar profesional del Tribunal que preside una magistrada de 44 años, aspecto benévolo y doncel y naturaleza templada. Samantha Romero es noticia por no serlo. Por conducir con serenidad una vista caótica, con 18 ilustres acusados -abreviados a 17- y nada menos que 380 testigos. Hasta el más mínimo detalle habla de su rigor, véase la puntualidad con la que arrancó cada sesión del juicio a las 9.15h, rara avis en el hábitat judicial. La palmense ha salvaguardado la disciplina incluso en los espacios más candentes, habituales hasta el visto para sentencia del 22 de junio.

La doctrina Botín

Ya ha llovido desde aquel 11 de enero, la fecha de estreno de este largometraje que proyectó un diluvio en su pistoletazo. El planteamiento de las cuestiones previas derivó en un pulso de presuntuosidad jurídica alrededor de la famosa doctrina Botín. En el fondo, no fue más que una versión cultivada del juego de la soga donde la cuerda personificaba la absolución de Cristina de Borbón.

Entonaba los argumentos para el sí y resucitaba vacas sagradas conforme a sus intereses Jesús María Silva, uno de los abogados de la infanta: "Estamos ante una de las peores pesadillas de Emilio López Orbaneja (maestro de procesalistas); que la acusación popular pueda llevar la acusación por encima del perjudicado y el Ministerio Fiscal". Su discurso entusiasta, apoyado en la presencia de Miquel Roca, padre de la Constitución y también letrado de la hermana del Rey, probó que ni gritar da la razón, ni la virulencia achanta a las tres magistradas que juzgan Nóos.

Se alineó en la absolución la Fiscalía Anticorrupción a través de Pedro Horrach, que citó a Manuel Azaña en su obligación de defender la legalidad. Igual la Abogacía del Estado, cuya representante Dolores Ripoll se cubrió de gloria volteando el famoso eslogan publicitario "Hacienda somos todos", falso según ella ante los ojos de la ley. Y cerró con un enunciado que recogería más adelante al hilo de una investigación en la Audiencia Nacional por chantajes: "La acusación popular (Manos Limpias) no se fundamenta en el bien común, puede tener objetivos personales o clientelares".

Oxígeno a Manos Limpias

A los pies de los caballos, la representante de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, sostuvo en solitario la contrapostura del no: "La ley no establece ningún tipo de limitación a la acusación popular". Encajó los golpes hasta el 29 de enero, cuando el Tribunal que guía esta vista comunicó un fallo sobrio, posado en la jurisprudencia, de 84 páginas difícilmente rebatibles. Y varios mensajes. La resolución tumbaba la doctrina Botín y legitimaba al sindicato para dilatar su "pretensión frente a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia y las restantes partes que sostienen idéntica cuestión previa". Uno de los avisos sentaba precedente: que Samantha Romero no se achica ante ninguna aureola. El otro, que Manos Limpias tenía una valiosa sombra en la que guarecer.

Como en Atrapado en el tiempo de Arold Ramis, el juicio de Nóos vivió en este punto su particular día de la marmota. Los escoltas judiciales de la infanta localizaron un oasis en el desierto de sus aspiraciones. A raíz de la investigación a Manos Limpias por extorsión y con el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, llevando la voz cantante, reclamaron por segunda vez la expulsión del sindicato como acusación popular. Y en segunda ocasión, Samantha Romero tiró de código ético: "A los juristas hay que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos".

Choques a dos bandas

Precisamente el pulso con González Peeters ha despertado el perfil más coercitivo de la magistrada. Es una cuestión de compatibilidad, quizá de falta: la díscola puesta en escena del letrado frente a la línea disciplinada de la juez. Suerte para el penalista catalán que Romero no se percatara de su falta de respeto al testigo Alberto Ruiz Gallardón, llamado por un pago encubierto de 140.000 euros que la sociedad Madrid 2016, que sustentaba la candidatura olímpica de la ciudad, efectuó a una fundación vinculada a la trama. El padre del célebre "soy un heterodoxo sexual" intentó encerrar al exalcalde en sus contradicciones para acabar concluyendo con un "...es idiota".

También molestó a la presidenta del Tribunal el método que López-Negrete empleaba para formular las preguntas. La abogada de Manos Limpias ha dirigido las respuestas de los testigos y los peritos hacia los intereses de la acusación popular, como han intentado otros, pero en su caso bajo el apercibimiento de Samantha Romero. La jueza ha llegado incluso a invalidar tramos de interrogatorios por la conducta de la letrada.

Inocentes y culpables

En la recta final del juicio, el Tribunal lidió con la discordancia característica que es Nóos. Porque en la exposición de los informes finales hubo quienes refutaron rotundamente la existencia de cualquier tipo delictivo y quienes confesaron. Dentro del último grupo se incluyen los hermanos Tejeiro, cuñados de Diego Torres, que han abanderado la ruptura familiar de turno y según el abogado del exsocio de Urdangarin "han confesado un delito que no han cometido".

Entre los que se reconocen infractores figuran el expresidente balear, Jaume Matas, -que admitió que dio orden de contratar a Nóos- y parte de su equipo de Gobierno autonómico. Mientras, han apostado por su inocencia hasta el último segundo el resto de los acusados, incluyendo a los dos principales sospechosos, Urdangarin y Torres, y a doña Cristina.

El fiscal Horrach, vestido de abogado defensor de Cristina de Borbón, cargó contra quienes han considerado culpable a su protegida bajo el planteamiento de que cualquiera de sus conductas portaba delito: "Todo crimen". También contra el instructor de la causa en Palma, el juez Castro, a quien ha acusado de fabricar un "andamiaje sobre conjeturas y sospechas de gran calado y aplauso mediático" para sentar en el banquillo a la infanta. Manos Limpias ha redundado en que la hermana del Rey "sabía y supo muy bien lo que hacía desde el primer momento".

El abogado de Torres barnizó su interpretación en esta obra con una ácida diatriba contra las acusaciones: "los únicos que han convertido este asunto en una ceremonia para la distracción del vecindario son quienes proyectan su torpeza probatoria que ha devenido en legendaria". La defensa de Urdangarin, en el papel de poli bueno, apeló al sentimiento patrio de su patrocinado y a la vulneración de su esfera íntima y la de su familia.

Nadie tuvo nada más que decirle a Samantha Romero y a las magistradas del Tribunal en el trámite de última palabra. Ni la infanta, cuyo abogado Pau Molins pidió una sentencia que confirmara "que el derecho todavía no ha muerto, que se puede seguir confiando en la independencia de la Justicia y, sobre todo, que ésta se aplica en igualdad para todos".

Sentencia sin grandes pactos

Han sido 300 testigos desfilando por la sala balear de juicio. Notarios, vendedores de coches y de bolígrafos, políticos de primera línea, intérpretes de japonés o una académica sudafricana. Videoconferencias desde ciudades de España y del extranjero, algunas de un minuto y otras de dos días. Y después de todo, para dar perspectiva, Urdangarin rechazó una última oferta del fiscal, un pacto por cuatro años de prisión, quince menos de la pretensión original.

Nacida en Palma en 1972, esta magistrada llegó a la Audiencia Provincial de Baleares, en la sección primera, el pasado 30 de abril y semanas después fue designada ponente para el juicio más importante de los últimos años. Nacida en Palma para juzgar a los duques, ya exduques. Para consensuar una decisión con sus compañeras juristas Rocío Nobelda y Eleonor Moyà. Pero, sobre todo, para hacerlo con seriedad y rigor.

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