Mismas caras y mismo delito, presunto. El Juzgado de Instrucción nº45 de Madrid ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y su ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj. Como en el procedimiento por las denominadas tarjetas black, están acusados de una supuesta administración desleal, esta vez en relación con sobresueldos en la cúpula de la entidad. La investigación expone irregularidades entre 2007 y 2010: incremento irregular de nóminas, indemnizaciones y planes de pensiones.
Conrado Saiz, representante de la Fiscalía en este caso, reclama en su escrito de acusación cuatro años de cárcel para cada uno. Además, solicita que reparen el daño causado con una responsabilidad civil de 8.5 millones de euros a ingresar de formar conjunta y solidaria en la cuenta que establezca Bankia o el FROB. La Abogacía del Estado se ha adherido la misma reclamación.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, Blesa y Barcoj habrían empleado una estrategia "irregular" para el incremento de los salarios que se materializaba en aumentos anómalos de la cuota fija o variable, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. Esta investigación nace en enero de 2015 a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Sin embargo, el FROB había alertado ya en 2014 de posibles irregularidades en los pagos a directivos de Caja Madrid en base a una auditoría encargada a Price Waterhouse Coopers. Anticorrupción acotó su escrito a las retribuciones recibidas por el comité de dirección de la entidad entre 2007 y 2010 mediante el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos. Atribuye el delito de administración desleal continuada únicamente a Blesa y Barcoj porque habrían desplegado estos mecanismos motu propio.
Los propios miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid se han desmarcado de estas decisiones. La Fiscalía explica que, con el "conocimiento y consentimiento" de Blesa y Barcoj se dispusieron gratificaciones extraordinarias y pagos indebidos. Tras dos años de instrucción, el Ministerio Público sostiene que, solo en 2008, Blesa subió un 16% el sueldo de nueve directivos de manera arbitraria, es decir, sin someterse a los órganos de control de la institución. Según las órdenes del consejo, se había fijado un aumento máximo de un 4,5 % sujeto al respaldo de la Comisión de Retribuciones.
Tarjetas black
Los dos acusados en este procedimiento están a la espera de la sentencia por el mismo presunto delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black. Aquellos plásticos subsistieron entre enero de 2003 y mayo de 2012 y abastecieron a sus titulares de más de 12 millones.
La Fiscalía dibuja un relato de los hechos en el que Blesa, que en su día trabajó como inspector de Hacienda, habría autorizado la entrega a los directivos de las tarjetas de crédito. Según la posición del Ministerio Público –duramente atacada en el juicio–, fijó un límite de dinero que podían destinar a su gusto, incluyendo gastos personales, al margen de la representación de Caja Madrid. El expresidente de la entidad habría encargado la gestión a Ildefonso José Sánchez, que ostentó entre 1997 y 2010 distintos puestos en la entidad, entre ellos, director general financiero y de medios. Este habría contabilizado irregularmente las black, incluyendo los gastos en las cuentas relativas a "Gastos de órganos de Gobierno" y "Tratamiento administrativo" (prevista para fraudes y negligencias).
En esta vertiente, Miguel Blesa se enfrenta a seis años de cárcel por los dos y medio que la Fiscalía pide para Sánchez Barcoj.