La sentencia del caso Nóos está lejos en cuanto a penas de las expectativas de las acusaciones. El Tribunal condenó a seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin y a ocho años y medio a Diego Torres cuando la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, reclamaba 19 años y medio y 16 años y medio de prisión, respectivamente. Esta diferencia entre las pretensiones y el resultado ha impulsado a Pedro Horrach y a sus compañeros de bancada a preparar sus recursos. Nadie ha salido conforme, así que se producirá el hecho de que tanto acusaciones como condenados formulen alegaciones.
Horrach, como representante de la Fiscalía en Nóos, no puede interponer directamente un recurso de casación ante el Supremo. La normativa le faculta para informar a sus colegas fiscales del Alto Tribunal, encargados de presentar ese hipotético escrito. Pues bien, siguiendo las pautas, ha confirmado este viernes en Cadena SER que informará favorablemente por varios motivos.
En primer lugar, Horrach alegará contra la consideración de CACSA -Ciudad de las Artes y las Ciencias- como una entidad que por sus características no ha de someterse a la normativa de contratación pública. Esta cuestión ha sido clave a la hora de descartar los delitos de la trama valenciana, es decir, los derivados de la adjudicación de los Valencia Summit al Instituto Nóos, que se saldó con la absolución de los políticos de la región. Según el fiscal, cualquier negocio jurídico de una empresa privada con la Administración precisa una serie de filtros para asegurar que el dinero revierte en un fin público.
Alegará además en relación con la malversación. La Audiencia Provincial absolvió de este delito a Urdangarin y Torres argumentando que las Administraciones Públicas habían adjudicado la celebración de foros deportivos a Nóos a precio de mercado. Dicho de otro modo, que no hubo perjuicio para las arcas públicas. Horrach detectaba y detecta "sólidos indicios" delictivos en este punto, contra el que recurrirá también la Abogacía de Baleares. La acusación que representa a las islas pretende recuperar el dinero que cree saqueado.
El delito de malversación lleva aparejadas penas que oscilan entre cuatro y ocho años de cárcel en función de la entidad. De estimar el Tribunal Supremo que se produjo este ilícito, las condenas a Torres y Urdangarin aumentarían sensiblemente. Por otro lado, Horrach insistirá en la existencia de los delitos descartados de falsedad en documento público y mercantil, que según las magistradas del caso Nóos "no tienen trascendencia a nivel jurídico".
El último extremo que baraja Horrach en su recurso tiene que ver con Manos Limpias. El fiscal no comparte el criterio de la Audiencia, que legitimó al sindicato para conducir la acusación popular y sentar en el banquillo a la infanta. Las magistradas actuaron en contra de la posición de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el resto de las partes personadas en el procedimiento. Horrach siempre ha cargado duramente contra la entidad que lideraba Miguel Bernad y cree que Cristina de Borbón se sentó en el banquillo "por ser quien es". En otro orden, ve "razonable" que las magistradas hayan desestimado su petición de prisión eludible con fianza para Urdangarin, que comparecerá mensualmente en un juzgado de Suiza hasta que el Supremo resuelva los recursos y haga firme la sentencia. Será ese el momento de un hipotético ingreso en prisión.