A las contrariedades de las encuestas, Susana Díaz tiene que sufrir que se la vuelva a relacionar con las malas artes de hacer política. Una segunda cinta magnetofónica pone de manifiesto que Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, socialista y cuñado de Mario Jiménez, portavoz de la Gestora nacional del PSOE, fue mencionado, de nuevo, como urdidor de la trama del soborno político de Aljaraque.
En esta segunda grabación se certifica el acuerdo PSOE-Podemos según el cual otro concejal podemita, Pedro Escalante, lograría cobrar 800 euros al mes si se retiraba la moción de censura.
Recuérdese que en Aljaraque (Huelva), un pueblo menospreciado por Podemos por boca de su dirigente Rafael Mayoral que lo consideró un "pueblo perdido de Huelva" , tuvo lugar un escándalo político considerable. El PP presentó una moción de censura contra su alcaldesa socialista, moción que fue apoyada inicialmente por Podemos. Al poco tiempo, los dos concejales de Podemos se desdijeron y, en vez de echar a la alcaldesa, formaron parte de su gobierno.
El escándalo surgió cuando se conoció por una denuncia efectuada precisamente por un asesor de Podemos que, en la retirada de los concejales de la formación morada de la moción de censura, había tenido lugar un soborno político que afectaba a la esposa de uno de ellos, a la que se prometió un puesto en la empresa pública de la Diputación onubense, Aguas de Huelva. De ambas grabaciones ha dado cuenta El Mundo.
El soborno en la primera cinta
En ella interviene un intermediario, que fue el sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez Vega, hombre en la sombra del socialista Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva y cuñado de Mario Jiménez.
¿Cómo se supo? Porque un vecino, simpatizante y asesor de Podemos, denunció el presunto soborno y porque una primera grabación, que había llegado a los medios de comunicación y pidió el juzgado de Huelva que entiende en el caso, confirmaron la operación urdida por el PSOE de Huelva para mantener en la alcaldía de Aljaraque a Yolanda Rubio.
Según el asesor de Podemos, M.A.A., el soborno se consumó "en una mesa con mantel, mientras se degustaba carne ibérica y chocos fritos, regados por un buen vino tinto, seguramente pagado con dinero público" y se hizo "sin consultar con las bases de PSOE e IU, ni antes, ni durante ni después, ni qué decir tiene que tampoco con la de Sí se Puede".
¿Por qué sabía el asesor la existencia de un presunto soborno? Porque lo confesó el sindicalista Rodríguez Vega, nada menos que secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la provincia, al que le grabó la conversación telefónica, base de la denuncia que puso ante el Juzgado el pasado 9 de febrero.
En ella se pide que se investigue la reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero anterior, en la que se habría acordado retirar la moción de censura a cambio de un puesto de trabajo para la esposa del concejal de Sí se Puede, Francisco Martín, que entraría a trabajar directamente en la empresa pública Aguas de Huelva.
El soborno en la segunda cinta
Quedaba el otro concejal de Podemos, Pedro Escalante. Pues bien, la segunda grabación recoge cómo el segundo edil, afiliado de Comisiones Obreras, confiesa que el ya citado presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, a su vez secretario provincial del PSOE de Huelva, había "dado el visto bueno" diciendo que "para adelante" a la contratación de la mujer del primer concejal, Francisco Martín.
Y añade: "Eso no debe saberlo nadie. Es una cosa nuestra que no debe salir de los que estábamos allí en la mesa con Caraballo", en referencia al presidente. Y apostilla: "Cerramos bien para que nosotros, por asistencia a las comisiones de gobierno, yo cobrara porque era lo único que iba a cobrar".
En la operación, de la que Caraballo ha alabado su legalidad, además de dar un puesto de trabajo a la esposa del concejal Martín, se unía darle una concejalía en el Ayuntamiento de Aljaraque al segundo edil Pedro Escalante sin remuneración, pero con asignación económica de 800 euros por asistir a las juntas de gobierno locales.
Nadie podrá decir que el PSOE de Huelva no cumple sus acuerdos porque la mujer de Francisco Martín trabaja en Aguas de Huelva desde febrero y Escalante es concejal de Desarrollo Local, Consumo y Turismo en el gobierno de la alcaldesa socialista a la que quiso poner una moción de censura, cobrando 200 euros por cada una de las cuatro juntas de gobierno que el Ayuntamiento celebra al mes. Esto es, los 800 euros concertados.