Una de cal y dos de arena, pero se agrava el calvario judicial que afecta a la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz. La de cal es la decisión de la fiscalía de Málaga que ha solicitado el archivo de la principal de las 27 causas abiertas como consecuencia de la Operación Edu de la UDEF.
Las dos de arena son el comienzo del juicio por dos asuntos relacionados con la empresa de la Junta, Invercaria, y la bendición de la Fiscalía sevillana de la investigación del contenido de los correos electrónicos de altos cargos en el caso de las minas de Aznalcóllar.
Aunque la decisión de la Fiscalía malagueña parece beneficiar a la Junta de Andalucía, lo cierto es el propio ministerio público reconoce que falló gravemente en su gestión y control de los cursos de formación para parados. Es más, añade que, aunque hubiera querido, no habría podido controlar tal gestión por falta de personal, de medios y la existencia de una normativa que propiciaba las irregularidades. Pero no ve delito alguno y pide el archivo de la pieza principal de las 27 abiertas.
Lo curioso es que, además de considerar desastroso el comportamiento de la Junta, señala las lagunas de unas normas que consintieron la arbitrariedad y la improvisación. Es más, es que al no haber una normativa interna que clarificase las funciones de cada departamento, se "ha obstaculizado los distintos interrogatorios practicados".
Por si fuera poco, reconoce que las normas que regulaban estas subvenciones permiten las irregularidades que investigó la Policía y culmina su razonamiento con una frase lapidaria: "No existe ninguna irregularidad cuando la propia normativa permite lo denunciado". Admite además que el descontrol, cuando es consecuencia de falta de medios, no es punible.
Recuérdese que la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ordenó a la UCO de la Guardia Civil acceder y copiar los correos electrónicos relevantes para el caso de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Además del acceso a las llamadas telefónicas.
Las protestas de la Junta han sido acalladas por la Fiscalía al corroborar que la medida ni es indiscriminada ni es innecesaria ni supone el inicio de una investigación prospectiva y es imprescindible para saber si se ha cometido «un presunto delito de prevaricación en el que supuestamente hubieran podido incurrir los empleados públicos que conformaron la mesa de contratación y la comisión técnica» del concurso de la Junta que adjudicó la explotación de las minas.
Los correos en cuestión son los intercambiados entre altos cargos de la Dirección General de Minas y directivos de la compañía Emerita Resource España SL –que no fue la adjudicataria – y de éstos último con uno de los administradores del grupo empresarial al que pertenece Minorbis SL –que venció en el concurso–.
Termina la instrucción del caso Invercaria
El caso Invercaria, consistente en la investigación de ayudas irregulares de la Junta a empresas sin la solvencia y la cualificación necesaria, tiene once piezas judiciales diferentes. Finalmente, el juzgado considera que hay indicios suficientes de delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El juez Juan Gutiérrez Casillas ha dado terminada la instrucción sobre las empresas Fumapa, que recibió un crédito participativo de 300.000 euros, y Lolita Canalla, que se embolsó otros 100.000 euros, sin devolución alguna de lo prestado. Ninguna devolvió ni un céntimo.
Fumapa, que estaba casi en quiebra cuando recibió el dinero, tenía su sede social en La Carolina, Jaén, el pueblo natal de quien era entonces presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo y del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de ese tiempo, Francisco Vallejo.
Además de ellos dos, están investigados el ex director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete, la ex secretaria general de la Consejería de Innovación Isabel de Haro Aramberri, el ex director general de Caja Granada, Ramón Martín. Además, lo están los empresarios María Malo Feijoo e Ignacio Beltrán Jarillo, ambos de la empresa Lolita Canalla, y Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez, de la sociedad Fumapa.
El juez ha sobreseído en esta instrucción concreta a Cristóbal Cantos, el técnico que destapó este grave caso de corrupción haciendo públicas unas célebres grabaciones a su jefa, la entonces presidenta de Invercaria, Laura Gómiz.