La supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid conforma una pieza separada de la Operación Púnica, la única cuya investigación continúa bajo secreto de sumario. De ahí que las informaciones publicadas hasta la fecha adolezcan de imprecisiones. El juez Eloy Velasco, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, ha interrogado este lunes a Beltrán Gutiérrez, junto al presunto cabecilla de la trama Francisco Granados, uno de los principales imputados en esta vertiente.
Quien fuera gerente del PP madrileño ha desmentido la existencia de la financiación ilegal. Siguiendo el modus operandi mayoritario en las redes de corrupción política, la investigación apunta a que la formación habría cobrado comisiones a empresas que se adjudicaban contratos públicos de sus administraciones gobernadas. En lo relativo a la declaración, únicamente ha trascendido que Gutiérrez ha contestado a todas las preguntas formuladas por el magistrado y las fiscales del caso durante tres horas y que el Ministerio Público no ha solicitado la adopción de medidas cautelares.
Eloy Velasco impulsó una serie de diligencias a raíz de la aparición de documentos que apuntan a campañas electorales y actos de partido sufragados con dinero negro. Con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, desplegó una segunda ronda de registros en empresas, domicilios de los imputados y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad. Parte de la documentación intervenida en el domicilio de Beltrán Gutiérrez. Al parecer, los empresarios beneficiados realizaban donaciones a Fundescam, una fundación vinculada con la CAM que apareció ya en el caso Gürtel. El instructor interrogó la semana pasada al exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría –que se desempeñó también como tesorero del PP regional–, y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal de Madrid CEIM.
Esta vertiente nació en febrero de 2016, cuando la Guardia Civil se incautó de una agenda de Francisco Granados. El presunto cabecilla de la Púnica y exconsejero de Presidencia, que se encuentra en prisión provisional, reflejó en sus páginas lo que parecen pagos de hasta dos millones de euros al menos a dos personas. Por un lado, al exgerente del PP regional Beltrán Gutiérrez Moliner, y, por otro, al yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y compi yogui de la Reina Letizia, Javier López Madrid; ambos condenados por las tarjetas black e imputados en esta pieza separada. El magistrado les atribuye delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Los nombres están identificados en la libreta mediante sus iniciales: BG y JLM, respectivamente. Así lo ratificó el antiguo socio de Granados, David Marjaliza, el cuarto imputado en esta pieza cuya colaboración, fundamental para el desarrollo de la investigación, le sirvió para abandonar la prisión provisional.