Con una velocidad inusual en el ámbito parlamentario, la Mesa de la cámara autonómica catalana ha aprobado la creación de la ponencia conjunta para alterar el reglamento y permitir la aprobación sin debate y por el procedimiento de urgencia de las normas para la desconexión automática del resto de España. Cuatro de los siete componentes de la Mesa, los de Junts pel Sí, han votado a favor de la creación de dicha ponencia mientras que se han opuesto los otros tres partidos representados en el órgano de gobierno del parlamento, Ciudadanos, Catalunya Sí que es Pot (la versión autonómica de Podemos) y el PSC.
Ciudadanos, PP y PSC han anunciado que no participarán en la ponencia, cosa que Junts pel Sí (convergentes y republicanos) y la CUP han encajado con indiferencia. La ausencia de estos grupos resta formalidad y el carácter de "conjunto" a la ponencia, pero facilitará la celeridad de los cambios en el reglamento que permitirán a cuperos, convergentes y republicanos alterar a su antojo el reglamento parlamentario para colar en el pleno de su conveniencia y sin previo aviso las tres leyes de desconexión, relativas a la Hacienda propia, la Seguridad Social catalana y la ley de transitoriedad jurídica.
Estas normativas podrán ser aprobadas tras una somera lectura y sin debate en cuestión de un par de horas y facultarán al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para convocar el referéndum que ha prometido, junto al vicepresidente autonómico y líder de ERC Oriol Junqueras, para finales de verano o principios de otoño. La intención del gobierno regional es la nueva consulta se celebre como muy tarde en la segunda quincena de septiembre.
La modificación del reglamento supone, según la oposición, el golpe de gracia a la legitimidad del Parlament. Por contra, el bloque separatista pretende que con el cambio el Tribunal Constitucional tendrá serias dificultades para suspender unas leyes que Junts pel Sí y la CUP guardan bajo siete llaves al efecto de dificultar y retrasar el previsible recurso del Gobierno y de los partidos de la oposición. Además, consideran que es una de las primeras respuestas al controvertido y leve veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Rigau se envalentona
En un ambiente de insumisión institucional, la CUP, Junts pel Sí y el diputado de Catalunya Sí que es Pot, Josep Nuet, (que se quejó amargamente días atrás por haber sido excluido de las advertencias del TC sobre la inconstitucionalidad de los actos de la Mesa), han arropado a la diputada Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza y condenada a un año y seis meses de inhabilitación en la sentencia sobre el 9-N del TSJC, quien ha recibido de manos de un secretario judicial la notificación del fallo. La exconsejera ha firmado la notificación en una sala de la cámara autonómica "decorada" con una de las urnas utilizadas durante el referéndum del 9-N.
Rigau ha aprovechado la circunstancia para advertir que "hemos recorrido mucho camino y esta sentencia no es una piedra sino un empujón". La actual diputada ha sido noticia también por la publicación en El Periódico de Catalunya de una información sobre el desvío de 81 millones de euros de la Generalidad destinados a guarderías y que fueron a parar a la escuela concertada. Su respuesta ha sido sumamente ilustrativa: "Lo que hicimos no fue desviar, sino administrar de manera diferente". Tales palabras resumen a la perfección el sesgo "democrático" de Convergencia.