Turno para las responsables civiles a título lucrativo del expolio del Palau de la Música Catalana, las esposas de Fèlix Millet y Jordi Montull y las hijas de Millet, Clara y Laila, famosas a su pesar por haberse casado en la platea del teatro modernista, barra libre total a cargo de la Fundación del Orfeó Català, el Palau y el Consorcio.
En calidad de demandadas, las antedichas se acogieron a la doctrina infanta Cristina para descargar todas las responsabilidades en sus maridos. Especialmente expresiva fue la esposa de Millet, Marta Vallés i Guarro (heredera de las fábricas de papel), quien afirmó que jamás se le habría pasado por la cabeza preguntarle a su marido de dónde salía el dinero. "Mi marido tiene un carácter difícil, sabe, pero es buena persona", se justificó.
¿Dinero? Hablar de eso es de mal tono, vinieron a confirmar las señoras de Millet y de Montull, accionistas, socias, propietarias, administradoras y lo que fuera menester, pero ignorantes de lo que se cocía en las empresas familiares. Ellas firmaron lo que se tenía que firmar y delegaron en los maridos.
El abogado de la acusación particular indagó sobre el régimen matrimonial de ambas y se encontró con lo predecible, separación de bienes, la norma en Cataluña. Es más, así respondió doña Mercedes Mir, esposa de Millet: "Yo soy catalana, por tanto...".
Las hijas de Millet aprovecharon su turno para relatar con trazo grueso el auge y caída de una saga catalana. Venían con ganas de explicarse, de contar como aquellas bodas fastuosas eran en realidad compromisos de su padre, que ellas sólo podían invitar a cuatro amigos y que, más o menos, no conocían a casi nadie. Un drama. Menos mal que lo único que querían era casarse.
La letrada De la Rosa
Igual que su madre, jamás de los jamases se habría imaginado que el dinero de papá era del Palau. Varias veces alegaron la condición de gran patricio de su progenitor, prohombre del Barça, la Caixa, la Agrupación Mútua y la sociedad catalana en general, sus numerosas fuentes de ingresos, el grueso del patrimonio familiar. Su letrada, Gabriela de la Rosa, hija de Javier de la Rosa, les preguntó por los perjuicios del escándalo y de ahí salió la historia de la condena social, la pena del apellido, la pérdida de trabajos y oportunidades, los saludos retirados, el enterarse por la prensa de los detalles de las bodas, el estigma familiar y la exclusión del oasis.
Clara Millet, exdirectora de relaciones internacionales del Palau, perdió el trabajo. Su esposo también y un headhunter le llegó a dar calabazas por ser el yerno de Millet. Se tuvieron que largar a Australia y allí viven, explicó, desde hace tres años. Más dramático resultó el testimonio de Laila, quien se emocionó en varios pasajes de su declaración. Ella y su familia se han tenido que marchar a los Estados Unidos, de donde es su marido, y han pasado tantas dificultades económicas que llegaron a recibir un subsidio estatal, aseguró. Su abogada sabía perfectamente de qué hablaban al referirse al descenso a los infiernos de la buena sociedad, cuando un apellido cae en desgracia.
El representante de CDC, un investigado
Convergencia también es responsable civil subsidiaria del saqueo del Palau y en calidad de representante compareció Francesc Sánchez, investigado por la Fiscalía anticorrupción y un juzgado de El Vendrell por una de las derivadas del 3%. Sánchez ha sido el último responsable de los servicios jurídicos de CDC, el liquidador del partido y aspiraba a ocupar un puesto de relieve en el PDEcat, el nuevo nombre de la formación.
Sánchez fue detenido en la última oleada de registros en sedes y empresas vinculadas a Convergencia en búsqueda de documentación sobre las adjudicaciones de obra y servicios públicos a cambio de donaciones. Es decir, una reedición de las prácticas del caso Palau. Sánchez se escudó en que él no asumió responsabilidades en el partido hasta 2012, en el que se ocupó de la asesoría jurídica y la disciplina interna. En cualquier caso, negó que CDC se hubiera financiado a través del Palau con el argumento de que todas las cuentas del partido habían pasado por los cedazos del Tribunal de Cuentas y la "Sindicatura de Comptes".