Casi cinco meses después de que la cúpula del Ministerio de Defensa tomase posesión de sus cargos y, con una tranquilidad poco habitual, que ha hecho que algunos candidatos se fueran cayendo con el paso de las semanas de la lista de aspirantes o bien porque cumplían los 65 años y pasaban a retiro o bien porque cumplían los años máximos de servicios en el empleo de general, el Gobierno ha cambiado este viernes a toda la cúpula militar.
El nombramiento del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), con rango de secretario de Estado, ha continuado con la norma no escrita que dice que el cargo se va rotando entre los tres Ejércitos. Si el hasta ahora JEMAD era de la Armada y el anterior (el podemita José Julio Rodríguez) lo fue del Aire, ahora tocaba el turno a un general de Tierra (general de Ejército –solo hay uno, el JEME–, teniente general o general de brigada), como así ha sido.
El designado para ser el nuevo hombre fuerte de las Fuerzas Armadas y cuarta autoridad militar del país (tras el Rey, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa) ha sido el teniente general Fernando Alejandre Martínez, el militar español con más rango dentro de la estructura de la Alianza Atlántica. No en vano, está ocupando el puesto de segundo jefe o comandante adjunto del Mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN, con base en la ciudad holandesa de Brunssum.
El todavía teniente general Alejandre, que será ascendido a general de Ejército o general de cuatro estrellas cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique su nombramiento en las próximas horas, tiene un marcado perfil internacional. Ex agregado militar en Estados Unidos, ha participado en varios misiones internacionales como Kurdistán iraquí (1991), Bosnia i Herzegovina (1993) o Kosovo (2003), además de haber sido responsable durante un tiempo del despliegue español en Afganistán.
Su posición en la estructura interna de la Alianza Atlántica se coloca, aparantemente, como el hombre ideal para dirigir operativamente a las Fuerzas Armadas españolas en un momento donde España se enfrenta al reto de más que duplicar su presupuesto en materia de Defensa hasta el año 2024, en el que se debería alcanzar el compromiso de la cumbre de Carfiff de invertir el 2 por ciento del PIB en esta materia (actualmente la inversión española es del 0,9 por ciento del PIB).