Las consecuencias que está teniendo la candidatura a las primarias socialistas de Susana Díaz están alarmando incluso a Ciudadanos, que ya ha anticipado que se opondrá a "colar" a 40.000 interinos como fijos "por la puerta de atrás", nueva medida destinada a paliar la mala imagen del PSOE en la gestión de los asuntos andaluces, especialmente en sectores sensibles como la sanidad y la educación.
Casualmente o no, la aprobación de la medida podría ocurrir antes de la celebración de las elecciones primarias en el PSOE el próximo mes de junio. Dado que será el gobierno quien autorice o no la convocatoria extraordinaria de empleos públicos, será Rajoy quien decidirá si Susana Díaz consigue ventaja en las primarias presentándose como victoriosa en este tema.
El columnista Teodoro León Gross ha reunido las últimas medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía para asegurar los caudales de voto y fortalecer la imagen de Susana Díaz. Son los siguientes: convertir en fijos a 40.000 interinos de la Junta; ampliación de los plazos para las becas-bebé; cerrar la reorganización de los dos hospitales de Granada; nuevo riego de millones en cursos de formación a sindicatos, empresarios y terceros; jornada de 35 horas para 270.000 empleados públicos, etc. –en el que caben la tensión con el gobierno de Rajoy por la convocatoria de las oposiciones de los maestros–.
A la convocatoria extraordinaria de 40.000 puestos ocupados ahora por interinos hay que sumar la oferta ordinaria de empleo público de 8.000 plazas, que decide la Junta de Andalucía. Igualmente, deben adicionarse los 15.000 puestos eventuales que el Servicio Andaluz de Salud -SAS- quiere convertir en fijos.
La Junta, que aduce que durante la crisis no se pudieron reponer muchos empleos públicos en la Junta de Andalucía, quiere eludir la tasa legal de reposición para convocar una Oferta Pública de Empleo –OPE– extraordinaria de 40.000 plazas en los próximos años. Pero será el gobierno Rajoy, a quien de nuevo desafía Susana Díaz, el que tomará la última decisión.
El PSOE, según La Razón, ha anunciado que su grupo parlamentario pedirá al Gobierno central, a través de una Proposición No de Ley –PNL– que elimine la tasa de reposición y modifique el marco normativo para que la Junta pueda proceder a la convocatoria de la oferta de empleo extraordinaria de 40.000 plazas que tiene como objetivo cubrir el déficit generado durante los años de crisis en los que la tasa de reposición ha estado limitada al diez por ciento.
Ciudadanos, habitualmente de la mano de Susana Díaz, ha anticipado su oposición a tal proyecto. Juan Marín, recoge El Mundo, advirtió al Gobierno autonómico de que "no cuente" con su partido si pretende usar "la puerta de atrás" con la anunciada oferta de más de 40.000 plazas, para dar "estabilidad" a interinos y eventuales.
Según el líder de Ciudadanos, una cosa es aceptar como mejora laboral pasar de una situación de eventualidad a la de empleo hijo, pero otra muy diferente es que eso se haga sin que se respete el mérito y la capacidad de todas las personas que quieran acceder a estos puestos, no sólo de los interinos.
La voluntad de la Junta es inequívoca porque argumenta ante el Gobierno central, que es quien debe autorizar esta convocatoria extraordinaria, que estos 40.000 empleos no supondrán coste adicional alguno porque no son plazas nuevas, sino puestos de trabajo que ocupa personal interino y no nuevos funcionarios. Esto es, puede deducirse con claridad que su intención es dejar fijos a los interinos en convocatoria cerrada y no pública.
Jugando con la ambigüedad habitual, Marín dice querer que se hagan convocatorias públicas y abiertas para que todos los ciudadanos interesados, sean o no interinos, puedan acceder a los puestos convocados. Sin embargo, ha deslizado que, en el caso de los interinos, podría valorarse especialmente su tiempo de servicio a la Administración, con lo cual vuelve a privilegiarse con la conocida como "mochila de puntos" a quienes en su día entraron en la Administración sin más controles y pruebas que la voluntad de la Junta.
Sin sanciones
La Junta, además, ha ocultado por segundo año consecutivo el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2017. Pero la titular del ramo, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se niega a abrir un expediente sancionador por esta irregularidad, tal y como le insta el Consejo de la Transparencia e interpone un recurso ante el órgano creado por unanimidad todos los grupos en junio de 2014.
Según la Ley de Transparencia, los anteproyectos de ley deben ser publicados cuando sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Pero los presupuestos para 2017 no fueron publicados, como tampoco lo fueron los de 2016, atendiendo a la legalidad. El PP interpuso un recurso ante el Consejo de la Transparencia que acabó dándole la razón. Pero la Junta se niega a abrir expediente sancionador a quien haya sido responsable de la ocultación.