La ausencia de un solo diputado puede tumbar el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude de la formación. Es el inconveniente de disponer de una mayoría absoluta tan justa tras el pase de la diputada María del Carmen Prieto, que se ha dado de baja como afiliada de Ciudadanos, a la situación de diputada no adscrita al no existir Grupo Mixto. Tras su marcha del partido naranja, la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento andaluz se logra con los 47 escaños del PSOE y los 8 de Ciudadanos, esto es, 55 sobre 109 posibles.
Dado que María del Carmen Prieto ha confirmado a Libertad Digital que votará contra el dictamen de su excompañero de partido y presidente de la Comisión, Julio Díaz, un hombre de la confianza plena de Juan Marín, ningún diputado de PSOE y C’s podrá ausentarse del pleno que se celebrará el próximo miércoles en el Parlamento andaluz.
Tal situación tiene especial relevancia por cuanto limita la presencia de Susana Díaz en la campaña de las primarias. Su presencia será imprescindible en todas las votaciones del Pleno donde se debata algo trascendente. Por ejemplo, el dictamen de la Comisión del próximo miércoles.
Teniendo en cuenta que es previsible que el Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida voten contra el dictamen final, porque no contempla la responsabilidad de Susana Díaz en las irregularidades y negligencias comprobadas, un solo voto perdido podría significar que se rechazara el documento de conclusiones.
Las razones que ha dado la diputada Prieto para no votar el dictamen de Ciudadanos coincide con las razones del resto de la oposición pero añade que es particularmente rechazable que se haya responsabilizado a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos expresidentes sobre los que no tiene coste político alguno arrojar alguna acusación más.
De hecho, resulta incomprensible que en el dictamen, que obra en poder de Libertad Digital, se niegue la existencia de directrices comunes, no se acepte la presencia de una trama de decisiones emanada desde la Junta y se huya de admitir cualquier indicio que implique una organización planificada de los cursos de formación desde la cúpula de la Junta y que, finalmente, se responsabilice a los dos expresidentes de la Junta.
En el punto 557 del dictamen se escribe: "De las distintas manifestaciones vertidas en el seno de las diversas comparecencias de la comisión, se ha podido constatar que ''nadie" sabía más allá de sus líneas de actuación sin que, según distintas declaraciones de los comparecientes, existiera comunicación y coordinación, que es una de las causas de los desórdenes e incidencias detectadas. No ha existido una visión generalizada ni global de la política pública en esta materia, de donde podría deducirse dejadez de los responsables políticos de la Consejería".
Sin embargo, en el punto 559.4. se establece que la responsabilidad es de los ex presidentes. En concreto, se hace de este modo: "En este sentido establecemos que los presidentes D. Manuel Chaves González y D. José Antonio Griñán Martínez durante ese periodo de tiempo y en esa dirección, han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías y como tales son responsables".
Por tanto, la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación llegará a su punto final en el pleno de esta semana con la votación del dictamen, fijando la máxima responsabilidad política en los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a la vez que exime a Susana Díaz. Si no hay sorpresas, PSOE y C’s impondrán la aprobación del dictamen sin consenso.
El debate tendrá lugar el miércoles por la tarde. Si no hay votación separada de puntos que se soliciten, se votará todo el texto en su conjunto. El presidente de la comisión, Julio Díaz, presentará el dictamen y los portavoces de los distintos grupos explicarán sus posiciones. votos particulares. Si se rechazara el dictamen se votarán esos votos particulares que ese darán por rechazados si se aprueba.
La operación EDU: tres años de batalla
Libertad Digital anunció en exclusiva hace tres años, en abril de 2014, que la Policía y la Seguridad Social habían abierto una investigación a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente concreto de unos tres millones de euros.
La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a la que la juez Alaya añadió la investigación de la Guardia Civil, investigaba este fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que podría alcanzar unos 2.000 millones de euros, una cantidad sería superior al fraude total del caso de los ERE e Invercaria juntos y seguramente el más alto de la historia de España.
La trama EDU comenzó a ser investigada tras una denuncia de la Seguridad Social de Málaga que fue la pionera en la investigación al comprobar que en muchos de los cursos que se prometía trabajo el resultado del empleo era nulo.
Los datos que fue publicando desde mucho antes Libertad Digital indicaban la existencia de una trama de coincidencias a la hora de recibir fondos públicos para organizar supuestos cursos para desempleados que nunca llegaron a realizarse, que se realizaron y no cumplieron lo que prometían, o que no reunían los requisitos necesarios para poder ser subvencionados.
Ni la Policía ni la Guardia Civil dudaron de la existencia de una trama organizada desde la Junta de Andalucía porque era imposible de creer que en todas las provincias ocurrieran cosas parecidas y al mismo tiempo. Fue esta la tesis que aceptó la juez Alaya, entonces responsable de la instrucción del macrocaso.
Posteriormente, tanto la Fiscalía de Sevilla como la nueva jueza sustituta, María Núñez Bolaños, desecharon la idea de la trama, hipótesis que consideraron injustificada y teoría gratuita propuesta por las fuerzas de seguridad y por la juez Alaya.
Posteriormente, desde el Juzgado mismo, se filtró en plena campaña electoral andaluza en 2015, que se archivaría la conocida como "pieza política", pieza similar funcionalmente a la que se juzga en el caso ERE, en cuya instrucción la existencia de una trama fue aceptada incluso por el Tribunal Supremo tras el informe de la juez Alaya.
Finalmente, el archivo tuvo lugar y judicialmente no se admitió la existencia de una trama política, tesis repetida en el dictamen de la Comisión de Investigación que, sin embargo, responsabiliza, por no vigilar o elegir inadecuadamente a los responsables de la formación, a los ex presidentes Chaves y Griñán.
El caso, casi totalmente desactivado políticamente, sigue en pie por los recursos del PP contra el archivo de la pieza política y la denuncia de la renuncia a la investigación de las empresas vinculadas al PSOE beneficiadas y otros indicios.
Judicialmente, el caso sigue troceado en piezas que poco a poco se irán cerrando, pero sin una visión global que explique que pasó en Andalucía para que las irregularidades y dineros públicos perdidos o mal utilizados afectaran a todas las provincias.
En eso coincidían todos los Interventores provinciales de la Junta de Andalucía, cuyos informes fueron ocultados al Parlamento andaluz por decisión política del PSOE en el gobierno y que fueron publicados en exclusiva por Libertad Digital.
Tales informes demostraban que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, conocía las irregularidades de las subvenciones para la formación de parados y ocupados desde mitad de 2014 pero no informó de ellas al Parlamento de Andalucía ni a la opinión pública. Su conocimiento viene demostrado por los ocho informes de la Intervención General que fueron terminados y firmados por sus responsables a mediados de 2014.