La Generalidad acelera en la preparación del referéndum. El anuncio de un concurso para adjudicar la confección de sobres y papeletas electorales, la campaña para registrar a los catalanes residentes en el exterior y los súbitos cambios reglamentarios en la cámara autonómica para la denominada "independencia exprés" no sólo han puesto sobre aviso a la Fiscalía, sino que muestran a las claras que en la segunda quincena de septiembre (con toda probabilidad el domingo 24, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, copatrona de Barcelona) la intención de Convergencia, ERC y la CUP es que haya referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Al menos de cara al público, la confianza de Oriol Junqueras, Artur Mas y Carles Puigdemont es absoluta y atribuyen a las leyes de desconexión virtudes mágicas para amparar no sólo la consulta sino la declaración de independencia y la proclamación de la república catalana. Determinados sectores han depositado su confianza en que las ambiciones de Junqueras harán descarrilar la legislatura y abortarán el referéndum, pero el líder de ERC e interlocutor preferente de Moncloa es uno de los "arquitectos" del proyecto y de sus últimas declaraciones se infiere que está dispuesto a comprometerse hasta la inhabilitación. Suya es la idea de que la convocatoria del referéndum lleve la firma del gobierno autonómico en pleno.
La aprobación de los presupuestos con una adenda para dotar el referéndum lleva colgada la etiqueta de inconstitucional puesta por el Consejo de Garantías Estatutarias, dependiente de la Generalidad, lo que ha constituido para Junqueras todo un acicate para exhibir musculatura desobediente. No teme la inhabilitación."Yo estoy aquí para proclamar la república", ha declarado.
Además, la ley de transitoriedad jurídica que se guarda bajo siete llaves, asumirá el código penal español en una primera fase, pero con la excepción de los inhabilitados por causas políticas, ha llegado a decir preguntado por el futuro político de Mas.
En ese contexto, la CUP ha dado el pistoletazo de salida a las movilizaciones con el intento de asalto a la sede del PP en Barcelona. Tras varios minutos de tensión y enfrentamientos con el personal laboral de los populares, los Mossos d'Esquadra han impedido que los asaltantes lograran su objetivo. En la acera de enfrente, la diputada cupera Anna Gabriel y el exdiputado de la misma formación David Fernàndez mostraban su apoyo a la acción de Arran, la entidad de jóvenes de la formación.
Tímidas "condenas"
ERC y el PDeCAT (Convergencia) han "condenado" el ataque. Para Marta Pascal, coordinadora del nuevo partido convergente, "todo lo que sea violencia lo rechazamos", una frase que recuerda la equidistancia nacionalista en el País Vasco cuando se censuraba la violencia "venga de donde venga" tras cada atentado. En la misma línea, el portavoz republicano Sergi Sabrià ha afeado a la CUP que "las victorias no las conseguiremos con ocupaciones". Así pues, un repudio con paliativos que no empaña el compromiso con la estrategia de desobediencia de la CUP de convergentes y republicanos.
El PP ha anunciado que se querellará contra Arran, Gabriel y Fernández. La tensión entre la CUP y el PP en el Parlament ya ha saltado a la calle y no es previsible que el conglomerado de partidos antisistema cambie de hábitos o de campaña. Su propósito es movilizar a sus bases y crear el clima de agitación que provoque una reacción del Estado.
En plena escalada verbal de los principales líderes separatistas, la CUP pretende pasar de las palabras a los hechos y normalizar el matonismo contra los partidos "unionistas" y contra Sociedad Civil Catalana (SCC). Cuenta con el apoyo, entre otros, del consejero de Exteriores Raül Romeva, para quien todos los asistentes a la última manifestación contra el proceso son "falangistas", según declaró en sede parlamentaria.
Puigdemont, en los Estados Unidos
Inés Arrimadas, líder de C's, Miquel Iceta, del PSC, y García Albiol tratan de guardar la calma y las apariencias ante los insultos y desprecios que proceden de las bancadas de Junts pel Sí y la CUP. La consigna es no echar más leña al fuego a la espera de resultados en la operación Diálogo. Uno de los jalones del plan del Gobierno es la conferencia prevista para este martes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Barcelona y en la que anunciará importantes desembolsos en infraestructuras. Puigdemont está de gira por los Estados Unidos para internacionalizar el "conflicto" junto al minister Raül Romeva, por lo que ha excusado su asistencia, pero Junqueras, presidente accidental, ya ha anunciado que tampoco asistirá a la conferencia.
Asambleas informativas
Frente a la actividad del Gobierno con interlocutores como el Círculo de Economía para tratar de reconducir la situación, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la intersindical-Confederación Sindical Catalana ya han llevado a cabo varias asambleas con funcionarios de la Generalidad, con el visto bueno de los consejeros, para tranquilizarles sobre su margen de actuación y responsabilidades penales. La ley de transitoriedad jurídica, aducen, amparará todas las actuaciones de los funcionarios en pos de la república y el Estado no podrá cargar contra todos. Estos son dos de los argumentos que se utilizan para recabar el apoyo de los trabajadores públicos.
El mensaje se completa con la promesa de que la Generalidad dispone de fondos para garantizar el pago de las nóminas durante al menos seis meses, afirmación que se atribuye al director de la Oficina d’Estudis per l’Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y teórico responsable de las "estructuras de Estado" de las que debe dotarse la administración autonómica para garantizar la aplicación del resultado del referéndum.
Viver es además el coordinador de la movilización en las consejerías y pieza clave en las reuniones que se celebran entre Puigdemont, Junqueras, la CUP y los responsables de la ANC, Omnium y la Assemblea de Municipis per la Indepedència para constatar los avances de cara al referéndum.