La Comisión que investigaba en el Parlamento andaluz el posible fraude en la gestión de los fondos destinados a la formación para el empleo no ha encontrado responsabilidad política alguna en el desmadre consumado. Susana Díaz ha logrado una gran victoria política al "salvar" a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán de otro escarnio público, además de salvarse ella. La ayuda de Ciudadanos, redactor de las conclusiones, y la complicidad inesperada de Podemos y parte de IU, lo han permitido.
¿Cómo ha sido posible si la mayoría absoluta del Pleno parlamentario abogaba por la responsabilidad de Chaves y Griñán en el caso? Ciudadanos, PP, Podemos e IU, que suman 60 escaños de los 109 existentes, hacían responsables políticos de lo ocurrido a ambos políticos socialistas. A ellos se unía el voto de la exdiputada naranja, María del Carmen Prieto. Pero inesperadamente, en el último momento, Podemos no quiso participar en la votación. Tampoco 3 diputados de IU ni Prieto, la exdiputada de C´s, lo hicieron. De este modo, el resultado fue finalmente favorable al PSOE y Susana Díaz logra un triunfo capital en plenas elecciones primarias de su partido.
Como anécdota que explica la chapuza general del parlamento andaluz en el caso del fraude de la formación, hay que subrayar que IU trató de que se repitieran las votaciones porque sus tres diputados implicados en el triunfo del PSOE se habían equivocado. Por si fuera poco, también se equivocó una diputada del PP.
La huelga de votación –voto protesta lo llama El Mundo– del partido morado que dirige Teresa Rodríguez y los demás mencionados, ha permitido que el PSOE, sin problemas mayores, haya expurgado a conciencia el dictamen final y lograra que se retiraran del mismo todas las referencias a la responsabilidad política de Chaves y Griñán en el descontrol y las irregularidades, así como cualquier alusión a la relación del PSOE con los hechos.
Igualmente, el hecho de que Ciudadanos haya votado contra sus propias conclusiones sobre la responsabilidad de Chaves y Griñán, ha permitido la aprobación final de un documento que poco tiene que ver, políticamente, con el que se presentó al Pleno. En el primer texto, aparecían ambos ex presidentes como responsables del desmadre y el PSOE como partido implicado. Ahora, tras haberse excluido ya inicialmente la responsabilidad de Susana Díaz, exigida por PP, Podemos e IU, no queda nada de ello. Según el texto aprobado, no hubo nunca trama política corrupta ni el PSOE tuvo que ver algo en el asunto.
Con ello se ha seguido al pie de la letra el guión judicial escrito por la juez Núñez Bolaños, en este caso apoyada por la Fiscalía. La juez, ya en el año 2015, prefijó que no había trama política en el caso de la formación –una teoría inventada por la juez Alaya y la Guardia Civil, según la instructora–, que no se debía imputarse a Manuel Chaves ni a José Antonio Griñán y que el caso, investigado por la UDEF y por la Guardia Civil en toda Andalucía con parecidas conclusiones, no consistía más que en la profusión de irregularidades administrativas y en un caos gerencial.
De nuevo, el presidente de la Cámara, el socialista cordobés Juan Pablo Durán tuvo un papel decisivo porque, ante la "huelga" de Podemos y otros diputados, decidió que se sometiera primero a votación si se eliminaban o no los párrafos que incluían la responsabilidad de Chaves y Griñán, además de otras consideraciones no bien vistas por el PSOE. Dada la confusión reinante, consiguió sus objetivos.
Finalmente, y para colmo, Ciudadanos, cuyas conclusiones habían sido gravísimamente alteradas, apoyó de nuevo a Susana Díaz y al PSOE, haciendo posible la aprobación de un dictamen ajustado a las necesidades de la Junta y de su presidenta.
Podemos ha tratado de justificar su indiferencia ante el resultado de la votación en que todo era una chapuza, que se estaba ante una tomadura de pelo, que la comisión no ha servido para lo que se pretendía y que Ciudadanos, para salvar a Susana Díaz, había limitado las fechas del presunto fraude entre 2002 y 2012.
Después del Pleno, el PSOE ha cargado contra el PP exigiendo que pida perdón a Andalucía, al PSOE y a la Junta. El PP considera deplorable la sesión y las conclusiones aprobadas y ha culpado a Ciudadanos y al numerito de Podemos de que haya sido posible. IU acusa a Ciudadanos de la operación final y Podemos dice que lo suyo ha sido un acto de dignidad ante una farsa.
Lo cierto es que el PSOE andaluz ha logrado que no haya responsables de nada; que las investigaciones policiales y de la Guardia Civil hayan resultado neutralizadas; que Susana Díaz no es responsable siquiera de haber perdido 800 millones de euros en subvenciones europeas desde que es presidenta y que ningún alto responsable de la Junta ha tenido que ver con uno de los mayores escándalos de la historia de Andalucía y de España.
Como muy bien anticipó la juez Alaya, la decisión de trocear el caso del fraude de la formación adoptada por su sustituta al frente del juzgado de instrucción número 6, conducía a este final, que traduce políticamente la tesis de su sucesora.
Textualmente lo dijo así: "La división de los cursos respecto de la investigación de la Delegación provincial de Empleo y el servicio central pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas". Y se lo dijo al Tribunal Supremo.