Además de la muerte de Carme Chacón, que ha ensombrecido la campaña de las primarias y restado un importante activo a la tarea de Susana Díaz en Cataluña y de las salidas de tono de su hombre en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que llamó, entre otras lindezas, "hijaputa" a Margarita Robles, dos nuevos obstáculos surgen en la carrera de la andaluza a la calle Ferraz.
El primero, una demanda civil interpuesta en Madrid el pasado 5 de abril que pretende que se suspenda, como medida cautelar, la decisión de la Gestora vigente del pasado 1 de abril cuando se convocó el 39º congreso ordinario del PSOE para los días 16,17 y 18 de junio de este año. El segundo es el caso Minas de Aznalcóllar, un caso que persigue a la presidente andaluza al haber sido utilizado por ella en su campaña electoral de 2015.
La demanda civil ha sido presentada ante el Juzgado Decano de Madrid por el abogado almeriense Armando Ortega Salamanca, actuando en representación del militante socialista de Almería, Pedro de la Torre Rodríguez. Considerado un "habitual de los juzgados de Almería" en medios almerienses.
No es la primera. Ya informó Libertad Digital que en febrero de este año el Juzgado de Instrucción 6 de Almería abrió diligencias previas para investigar si en la formación de la comisión gestora del PSOE, constituida tras la defenestración de Pedro Sánchez de la secretaría general, se había cometido un presunto delito.
Anteriormente, se denunció el caso en un juzgado de Madrid y posteriormente, el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid decidió en noviembre de 2016 abrir diligencias contra los dirigentes socialistas Susana Díaz, Mario Jiménez, Javier Fernández y Antonio Hernando, por un presunto delito de "coacciones" a los diputados del PSOE en la votación de la investidura de Rajoy.
En este caso, el argumento esgrimido es que, tras la dimisión de la mitad más uno de la Comisión Ejecutiva Federal que dirigía Pedro Sánchez, debió haberse convocado un Congreso Extraordinario para elegir una nueva Comisión Ejecutiva Federal. Sin embargo, la comisión Gestora es la que ha convocado el Congreso Extraordinario.
Concretamente, se hace referencia en la demanda, que publica Confidencial Andaluz, que "cuando las vacantes de la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso Extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal" (apartado o del artículo 39de los Estatutos del PSOE). Igualmente es el único órgano que puede convocar elecciones primarias.
De la misma manera se aduce que, en el articulado de los Estatutos, no aparece la posibilidad de que un Comité Federal pueda crear una Comisión Gestora sin la anuencia de una Comisión Ejecutiva. Por ello, se pide la suspensión cautelar de la convocatoria del congreso extraordinario de junio de este año.
Aunque fuentes jurídicas consultadas creen improbable que dé tiempo a que esta demanda pueda siquiera tratarse en sus primeras fases en el tiempo que queda hasta el Congreso de junio, la petición de la medida cautelar podría afectar, en caso de ser aceptada, al desarrollo del proceso electoral interno del PSOE.
Por otra parte, señalan la anomalía de que en la misma demanda no se solicite la suspensión de las elecciones primarias convocadas por una Gestora considerada no legítima. Recuérdese en este caso que el denunciante, Pedro Antonio de la Torre es un conocido "sanchista" y que Pedro Sánchez ha dado por buenas las elecciones primarias participando en ellas.
Aznalcóllar aparece de nuevo en el camino de Díaz
Además del frente abierto en los juzgados, a la espera de poder leer los correos electrónicos de importantes altos cargos de la Junta relacionados con el caso por creer la Audiencia Provincial probable la existencia de irregularidades en la adjudicación, ahora se abre un nuevo procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según informa El Mundo, Emérita Resource, la compañía que quedó eliminada en el proceso por la decisión de la Junta de Andalucía, considera que la empresa adjudicataria, 'Minera Los Fraile's, ha "ocupado" ilegalmente el yacimiento ya que no participó en el concurso como subrayó en su día Libertad Digital.
Extrañamente, la sociedad Minera Los Frailes se constituyó meses antes de la adjudicación con un capital social de 3.000 euros, algo extraño para una operación de envergadura de 300 millones de euros. Aunque la sociedad, anteriormente denominada 'Gestión Empresarial Macaru, SL', tiene por objeto social la realización de las actividades de exploración, investigación y explotación de todo tipo de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, entre sus cargos administradores no figuraban expresamente ni la sociedad 'Minorbis' ni la sociedad 'Grupo México', los ganadores del concurso.
Aunque el gobierno de Susana Díaz no ha firmado nada, tampoco una adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar a favor de 'Minera Los Frailes' como exige la ley de Minas, es dicha compañía la que lo está explotando, lo que sugiere una ocupación ilegal de la que sería cómplice la Junta de Andalucía.
Por lo dicho y por otras irregularidades, los demandantes solicitan al alto tribunal andaluz que ordene el cese inmediato de las tareas que realiza 'Minera Los Frailes' y que declare ilegal la ocupación de las instalaciones.
Además, quieren que el TSJA declare "caducada y desierta" la aceptación del concurso y que se adjudique la explotación del yacimiento a la empresa Emérita Resource que fue apartada del proceso con métodos irregulares.