La consejería de Gobernación de la Generalidad, en manos de la convergente Meritxell Borràs, se niega a comprar ocho mil urnas a menos que tenga una orden por escrito firmada por Oriol Junqueras, vicepresidente, consejero de Economía y responsable logístico del referéndum. El líder republicano, que da por hecha la celebración de la consulta en cuantas entrevistas es requerido, se niega, sin embargo, a acceder a la petición, según informa el diario nacionalista Ara.
La monitorización del proceso por parte de la Fiscalía eleva el riesgo de inhabilitación de los miembros del gobierno catalán, razón por la que Junqueras se muestra refractario a atender la solicitud de Borràs. El contencioso se refiere al alcance de un acuerdo del ejecutivo autonómico en el que se insta a Gobernación a agilizar los trabajos para "racionalizar el gasto" en los procesos electorales. Los servicios jurídicos de la consejería de Borràs creen que la compra de urnas no se puede cobijar bajo la racionalización de gasto porque las urnas para la celebración de elecciones legales en Cataluña las proporciona el Estado. También apuntan a que por mucho que se intenten camuflar los preparativos del referéndum bajo otros epígrafes, la Fiscalía acabará por atar cabos, de modo que si, tal como dice, a Junqueras no le importa que le inhabiliten, que firme una orden.
Junqueras insiste en que no hace falta más rastro que el acuerdo de gobierno, pero topa con los recelos de los consejeros del PDeCAT, que consideran que el líder republicano pretende eludir una inhabilitación que cercenaría sus aspiraciones, alimentadas por las encuestas, a presidir la Generalidad.
De cara a la galería, la unidad es absoluta en el seno del ejecutivo autonómico. A pesar de los requerimientos de la Fiscalía a las empresas proveedoras de la Generalidad y de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de los apartados relativos al referéndum en los presupuestos regionales, Puigdemont y Junqueras dan por sentado que habrá consulta. Sin embargo, las dificultades burocráticas muestran las tensiones y recelos entre dos partidos que además calientan motores para unas elecciones, sean en sustitución de un 9-N bis o como consecuencia del mismo.