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La juez Bolaños amplía la lista de investigados en el caso de las sobrecomisiones de los ERE

PSOE, Junta de Andalucía, UGT, CCOO, abogados y empresarios aparecen implicados en el caso.

Pedro de Tena (Sevilla)
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María Núñez Bolaños, juez del Caso de los ERE | Efe

Aunque hay baile de cifras en el número de investigados -EFE y algunos medios citan a 27 pero Diario de Sevilla y El País se refieren correctamente a una lista de 38 -, no cabe duda de que la juez Núñez Bolaños ha tenido que reconsiderar su posición e incluir a nuevos imputados a instancia de la Fiscalía. Se trata de la pieza de las sobrecomisiones pagadas por la Junta en las pólizas por prejubilaciones que superó en 66 millones de euros los precios medios del mercado.

Una mera lectura de la lista de investigados obliga a destacar la presencia de personas directamente vinculadas a la Junta de Andalucía y al PSOE, a Comisiones Obreras y a UGT y a un elenco sustancial de abogados, empresarios e intrusos del caso.

En la pieza, aparece Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía y ex militante socialista como principal investigado, así como Antonio Rivas, ex delegado de Trabajo de la Junta en la provincia de Sevilla, que ya estaban bajo la lupa de la investigación judicial. No hay referencia alguna a cargos más elevados de la Junta de Andalucía que sí aparecen en otras piezas del caso, como es Antonio Fernñandez, exconsejero de Empleo de la Junta.

La juez, a instancias de la Fiscalía, ha incluido a nuevos imputados entre los que destacan los sindicalistas Salvador Mera, ex secretario general de UGT en Cádiz; José Luis Montesinos, ex secretario de la Federación de Industria (FITEQA) de CCOO; y Manuel Roberto Carmona, que fue secretario de siderometalúrgica de CCOO en Andalucía entre 1991 y 2009.

También ha ampliado la lista con los nombres de Francisco Trujillo, ex chófer de Francisco Javier Guerrero; el exdiputado vasco socialista Antonio Aso Martínez, incluido en una póliza de jubilación de una empresa; el empresario Antonio Diéguez Viera, y Agustín Guzmán Carranza.

Con el archivo de la causa contra cuatro investigados, la esposa del conseguidor Juan Lanzas entre ellos que queda como beneficiaria a título lucrativo, la lista queda así según Diario de Sevilla:

Francisco Javier Guerrero. Ex director general de Trabajo.

Juan Lanzas Fernández. Conseguidor de los ERE.

Antonio Rivas Sánchez. Ex delegado de Empleo en Sevilla.

Antonio José Albarracín. Ex director comercial de Vitalia.

Jesús Bordallo Rodríguez. Ex delegado regional de Vitalia.

Carlos Leal Bonmati. Abogado de Estudios Jurídicos Villasís.

José González Mata. Dueño de Uniter.

Ismael Sierra García. Cuñado de Lanzas.

Eduardo Leal del Real. Testaferro.

Juan Francisco Algarín Lamela. Testaferro.

Beatriz Núñez Muñoz. Testaferro.

Francisco José González García. Comercial de Vitalia.

Eduardo Pascual Arxé. Dueño y administrador del grupo Tindex, Fortia Vida, Apra Leve, Irson Empresarial y Vitalia.

María Vaqué Molas. Dueña y administradora del grupo Tindex, Fortia Vida, Apra Leve, Irson Empresarial y Vitalia.

María José Marcos Ferri. Esposa de Antonio Albarracín y administradora de la sociedad Pemar, relacionada con las sobrecomisiones.

José Carlos González Torrente. Administrador de Ingotor.

Carmelo Cruz Porcel. Beneficiario de la póliza de Dhull.

Juan Antonio Florido García. Ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO. Beneficiario de varias pólizas.

María Olga Pascual Moreno. Contable y gestora de Vitalia.

José Luis Leal Bonmati. Miembro de Estudios Jurídicos Villasís.

Alfredo Jiménez Suñe. Miembro de Estudios Jurídicos Villasís.

María Antonia Carrasco Roncero. Esposa de Carlos Leal Bonmati.

Manuela Castillo Cobos. Testaferro de Eduardo Leal.

Antonio Santiago Pérez Porcel. Testaferro de Manuela Castillo.

Francisco Casado Sánchez. Administrador de Licassn

Ángel Quesada del Valle. Vinculado a Lanzas y de Algarín.

Antonio Aso Martínez. Ex diputado del PSOE en el País Vasco

Gregorio Martínez Piñero. Conocido de Guerrero.

Juan Francisco Trujillo. Ex chófer de Guerrero.

Manuel Roberto Carmona Soto. Ex secretario federación Minero metalúrgica de CCOO-A.

José Luis Montesinos. Ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa).

Salvador Mera Crespo. Ex secretario general de UGT en Cádiz.

Antonio Diéguez Viera. Empresario de la Sierra Norte de Sevilla.

Agustín Guzmán Carranza. Intruso en Invirsal.

Félix Avelino González Argüelles. Administrador de la aseguradora ITG.

Francisco José González Corral. Director de una sucursal bancaria de Jaén.

José Carlos Vázquez

Sonia Sampedro López.

Se trata ahora de establecer un calendario de comparecencias para 27 testigos acotado entre los días 16 y 25 de mayo.

El curioso caso del exdiputado vasco

En un auto del pasado 23 de enero, la juez Núñez Bolaños archivó la causa contra el ex diputado del PSOE en el País Vasco, Antonio Aso Martínez. Según su apreciación, no existían indicios de una participación dolosa en su calidad de director de proyectos institucionales de la empresa Cenforpre.

El archivo era referido a la pieza separada abierta del caso ERE en marzo de 2016. Seis personas aparecían investigadas, además del ex diputado vasco, el ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez. La instructora señaló entonces que se presumía la existencia de delitos de malversación y prevaricación. En ella investigaba además al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández García.

El auto fue recurrido en la Audiencia de Sevilla por la acusación popular que representa al Partido Popular Andaluz por no considerar suficientemente motivada su resolución. Es más, el PP consideró "inexistente" tal motivación y adujo que ninguna de las causas que permiten el sobreseimiento provisional, se daban en este caso. Además, según el PP, la juez contravenía la jurisprudencia extralimitándose ilegítimamente, con abuso de jurisdicción, en sus funciones.

Ahora, el nombre del ex diputado vasco vuelve a situarse entre los imputados en el caso de las sobrecomisiones de las pólizas de jubilación.

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