Jesús Maeztu, excura de izquierdas, fue impulsado a su cargo –según su antecesor e igualmente cura, José Chamizo, que quería perpetuarse en el cargo–, por "una chica de Presidencia" (léase PSOE) y un "psicópata del PP". Pero ni siquiera el arregimentado Maeztu puede ocultar que Andalucía, lejos de ser un idílico Sur de España beneficiado por las políticas socialistas, es un agujero negro de la economía y la sociedad españolas, 35 años después de la llegada de los socialistas al gobierno andaluz.
En empleo, aunque reconoce que en 2016 se han recuperado empleos en Andalucía subraya la alta tasa de temporalidad como problema del mercado de trabajo andaluz, donde el 35,28% de los empleos son efímeros, tasa que es diez puntos más elevada que la del mercado nacional. Igualmente, indica que el paro estructural (de larga duración) afecta en Andalucía a 615.595 personas, lo que representa casi el 55% de todos los desempleados (1.120.305). De ellos, 273.795 (casi la cuarta parte) no han trabajado ni un solo día en los últimos cuatro años.
Es sabido que la salud y sus problemas ocuparon la calle durante 2016 agitados por Spiriman y los sindicatos sanitarios. Aunque el propio informe del Defensor apuesta por el sistema público de Salud, denuncia a la vez el caos organizativo motivado por decisiones unilaterales de la administración andaluza, las fusiones hospitalarias, y los recortes autonómicos. En este caso, menciona el caso de "hospitales o centros de salud prácticamente construidos, pero que no llegaban a ponerse en marcha, junto al incumplimiento de los compromisos temporales previstos en la edificación de otros."
Aunque disminuye el abandono escolar, se denuncia la inexistencia de un pacto por la educación a nivel nacional que impide la estabilidad de la actuación del profesorado. "Ni siquiera tienen la certeza acerca de cómo quedarán finalmente la ordenación de las distintas enseñanzas o sus periodos de implantación", dice. El Defensor insiste en la preocupación por la equidad que hace aumentar las reclamaciones sobre la desigualdad de oportunidades en torno al comedor escolar y las relativas al alumnado con necesidades educativas especiales o el efectivo pago de las becas.
Maeztu se hace eco en su informe de los datos ofrecidos por la Red Andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) en 2015. La tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía era del 42,3%; el número de viviendas con ejecución hipotecaria iniciada era de 16.275, el mayor de España; el porcentaje de hogares andaluces que no pueden permitirse mantener la vivienda a temperatura adecuada en los meses de invierno es del 15,8% y el 10,1% de los hogares andaluces con menores viven en condiciones de carencia material severa.
Aunque alaba la nueva Ley de Servicios Sociales, denuncia que no se haya incluido el tema de la renta básica, que se hayan paralizado programas en zonas de exclusión social o los retrasos en el pago del programa de Solidaridad (salario social) así como las insuficiencias del tratamiento de la Dependencia, sobre todo en casos de discapacidad.
En vivienda, el Defensor del Pueblo Andaluz anota el descenso de los desahucios, pero subraya el problema de la ocupación sin título de viviendas protegidas, por encontrarse las mismas sin ocupar de manera efectiva por sus titulares legítimos.
Y dice textualmente: "Son incontables, a la vez que escalofriantes, el número de personas que llevan solicitando una vivienda protegida pública durante muchos años, personas que cumplen con los requisitos exigidos legalmente, unidades familiares en las que conviven personas menores, mayores o discapacitadas, sectores de la población que demandan una mayor protección por parte de los poderes públicos y que, sin embargo, no ven satisfecho su derecho a disfrutar de una vivienda digna". Denuncia además que la Junta abandona el modelo de la vivienda protegida y la muta en ayuda a alquileres y rehabilitaciones.
En Justicia destaca el "colapso" en numerosos órganos judiciales que durante 2016 no han hecho sino agudizar su parálisis y dejar, aún más si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas. Además, se agrava "la morosidad en la tramitación de los procedimientos judiciales que si en todos los órdenes jurisdiccionales generan en el justiciable una lógica frustración y desconfianza, en algunos, como en el social, suponen una auténtica agresión que trasciende la mera cuestión conceptual de infringir el derecho a la tutela judicial efectiva para alcanzar tintes verdaderamente dramáticos, como cuando se demora años la resolución de una reclamación contra la denegación de una prestación de invalidez, jubilación o viudedad".
En materia de sostenibilidad, aunque define postura al considerar el actual modelo económico social como insostenible, denuncia que no se adoptan medidas que alivien la situación como el tratamiento adecuado de los residuos urbanos, la supresión de barreras para discapacitados y el hundimiento de la cultura, que recuerda es un derecho, debido a los ajustes presupuestarios.