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Operación Lezo III: prisión incondicional para Ignacio González y fianza de 100.000 euros para López Madrid

Eloy Velasco cree que utilizó un millón de una empresa pública para el PP. López Madrid podrá eludir la cárcel con una fianza de 100.000 euros. 

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Ignacio González custodiado por la Guardia Civil | EFE

Prisión incondicional para Ignacio González. De acuerdo con lo previsto, el juez Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en la cárcel del expresidente de la Comunidad de Madrid, a quien considera el máximo exponente de la Operación Lezo. Después de dos días en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y cinco horas en los calabozos de la Audiencia Nacional desde su detención, González ha comparecido ante el magistrado y los dos fiscales del caso, que han solicitado la adopción de la medida cautelar. Durante las casi tres horas de interrogatorio, ha escuchado varias conversaciones pinchadas y ha negado todas las irregularidades que se le imputan, algunas por no denunciar ilícitos cuando en 2003 aterrizó en el Canal de Isabel II.

Según fuentes jurídicas, el juez cree que González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid. El ex consejero delgado de ICM José Martínez Nicolás está entre los detenidos y ha quedado en libertad con la condición de pagar una fianza de 100.000 euros.

Velasco también le imputa el cobro de varias presuntas comisiones, entre ellas una de 1,4 millones de OHL y otras por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en los terrenos del Canal de Chamberí, adjudicada a Dragados. Además, el juez le ha preguntado por un asunto clave de la operación: la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Según el juez, fue "hipervalorada ficticiamente" y se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" (23 millones de euros) a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Por último, le imputa el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas.

Prisión para su colaborador más estrecho

Recae también ingreso en prisión sobre el directivo de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González, que fue miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más tarde cesado por la presidenta Cifuentes. Actualmente, es consejero delegado de la editora del diario La Razón. Al parecer, como responsable de las inversiones del Canal en el extranjero, ocultó más de 400.000 euros en un banco suizo; patrimonio que regularizó en 2012 con la ayuda de su hija acogiéndose a la amnistía fiscal. Su secretaria detenida, Clarisa Guerra, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el Juzgado.

Para el hermano de Ignacio, Pablo González, pieza clave en el supuesto blanqueo de capitales, el juez acuerda prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros. Bastante menos, 100.000 euros, tendrán que depositar para evitar la cárcel tanto el cuñado del expresidente madrileño Juan José Caballero como el ya citado José Martínez Nicolás –investigado también en la Operación Púnica–. Todos ellos se han negado a declarar.

Lluvia de comisiones

Sin tregua en la tercera jornada consecutiva de la Operación Lezo. Ha amanecido este viernes con la noticia de la detención nocturna de Javier López Madrid, consejero de OHL, que hasta ahora se encontraba en Inglaterra. Sobre el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora, conocido por su antigua amistad con los actuales reyes de España –doña Letizia le llamaba compiyogui–, ha caído una prisión eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros, lejos del millón que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción. Es el 13º arrestado en esta investigación por corrupción que tiene como principal rostro a González y como epicentro el Canal de Isabel II que dirigió entre 2003 y 2012.

No es la primera vez que un escándalo salpica a López Madrid. Está inmerso en la Operación Púnica que instruye el mismo juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, porque habría compartido yate y tropelías con Francisco Granados. El mismo juez investiga también la presencia de sus iniciales en las agendas de Beltrán Guitérrez, exgerente del Partido Popular de Madrid, y el propio Granados que sustentan la presunta financiación irregular de la formación. Es uno de los 65 condenados por el uso indebido de las tarjetas black y la titular del Juzgado de Instrucción nº39 de Madrid archivó con polémica la causa en la que estaba imputado por presunto acoso a la doctora Elisa Pinto, según la denuncia, con ayuda del comisario José Villarejo.

Según ha trascendido de la instrucción, declarada secreta, surge de una supuesta comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. El presunto pagador, López Madrid; el presunto receptor, Ignacio González. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato público para la construcción del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a OHL. Casi una década más tarde, el proyecto –estimado en 362 millones– está enterrado por imposibilidad de pagos del Gobierno regional.

La Guardia Civil busca toda la documentación que ayude a Eloy Velasco a esclarecer esta causa. Se centra en personas vinculadas al Gobierno de Ignacio González que habrían desviado fondos públicos para su propio beneficio. Con ocho presuntos delitos: prevaricación, organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios. De esta hipótesis surgen los registros efectuados en las sedes de PwC –antes PriceWaterhouseCoopers–, Indra, Canal de Isabel II, OHL, Saerco y Subastas Segre, presidida por la mujer de González, Lourdes Cavero, también investigada.

¿Freno de la Fiscalía?

La polémica está servida. Según fuentes del Ministerio Público, Manuel Moix, fiscal jefe de la unidad especial de Anticorrupción, intentó frenar las detenciones de la Operación Lezo, con especial ahínco la de Ignacio González. Los dos fiscales del caso que colaborar en contacto con Eloy Velasco, Carmen García y Carlos Yáñez, no aceptaron dicha orden puesto que la investigación contaba con el aval del anterior fiscal jefe Antonio Salinas y su colega Belén Suárez, que le sustituyó temporalmente.

Al parecer, se acogieron al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal y plantearon la cuestión a la Junta de Fiscalía. Recibieron el visto bueno y procedieron con las detenciones. La Fiscalía General del Estado, dirigida ahora por José Manuel Maza, que seleccionó a Moix por ser de su confianza, distribuyó una nota en la que calificaba de "falso" que el jefe de Anticorrupción "haya intentado obstaculizar la investigación de Operación Lezo, iniciada por la Fiscalía en octubre de 2015, y judicializada posteriormente en el año 2016. Es igualmente incierto que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid Sr. González". A renglón seguido, reconocía la existencia de "puntuales discrepancias técnico- jurídicas en el seno de Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto".

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que Manuel Moix permanece en contra del criterio de Eloy Velasco de imputar a los detenidos el delito de organización criminal.

Ronda de interrogatorios

Los interrogatorios a arrestados comenzaron este jueves en la Audiencia Nacional. Eloy Velasco tomó declaración a María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, y al exgerente Adrián Martín. Acordó para ellos el ingreso en prisión eludible con fianza de cuatro millones y 100.000 euros, respectivamente, por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Ambos ingresaron en la cárcel hasta depositar las cuantías fijadas por su vinculación con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao que acometió el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23 millones de euros.

Sin embargo, los primeros en acudir a la Audiencia Nacional fueron, en la mañana del jueves, dos imputados no arrestados. Se trata del presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y su actual director Francisco Marhuenda. Este último negó a la salida que hubiesen orquestado presiones a Cristina Cifuentes desde el diario. En contra, el magistrado maneja indicios de que coaccionaron a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid para proteger a Rodríguez Sobrino. Ya por la tarde llegó el empresario detenido Adrián de la Joya, titular de la cuenta suiza donde López Madrid abonó la supuesta mordida a González. Según fuentes en el interrogatorio, ha confirmado la maniobra y se ha mostrado dispuesto a colaborar y facilitar documentación. Velasco le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

Más detalles

Además del hermano y del cuñado de González, esta Operación Lezo salpicaría a su mujer Lourdes Cavero y a su padre Pablo González Liberal, de 90 años, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud –necesita una botella de oxígeno por problemas respiratorios–. Los investigadores creen que utilizó a este último: su padre le ingresaba dinero en sus cuentas y él se lo devolvía en metálico para lavar los fondos con presunto origen en la corrupción.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI ha aceptado la dimisión como presidente de Mercasa de su ya expresidente Eduardo Ameijide y Montenegro después de las sospechas sobre la actividad en el exterior de esta sociedad pública, donde trabaja el hermano de Ignacio González. Por otra parte, el PSOE, Podemos y la asociación ADADE –que consiguió la declaración de Rajoy como testigo en el caso Gürtel– se han personado como acusaciones en este procedimiento.

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