María José Rofa, una pieza clave en el caso ERE por haberse convertido en una suerte de "testigo protegido" de la juez Mercedes Alaya, declaró este jueves como testigo ante la juez Núñez Bolaños que, cuando era asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, los pagos de los ERE fraudulentos los "decidían" el consejero, el viceconsejero o el director general de Trabajo.
El grupo Joly precisa que declaró este jueves como testigo en una subpieza separada por dos ERE de 2004 y 2006 aplicados a Fundiciones Caetano, empresa "amiga" de la Junta.
Precisamente fue a preguntas de la Junta de Andalucía, personada en la causa, cuando Rofa dijo que "la mayoría de las veces", el consejero, el viceconsejero o el director general del ramo no tenían en cuenta las propuestas de pagos elaboradas por los técnicos y "decidían otras de forma discrecional o para evitar algún conflicto". Rofa también puso de manifiesto que, de una ayuda, "a veces había hasta tres expedientes distintos".
Fundiciones Caetano estaba en presuntas dificultades en 2004 y entró en concurso de acreedores en 2006. En ambas fechas, la empresa pidió ayuda a la Junta para el pago de sendos EREs de 21 y 17 trabajadores. Pero otros testigos han confirmado que no hubo convocatoria para tales ayudas ni acto administrativo que las justificara.
Rofa y su trascendencia en el caso
Buenaventura Aguilera, tras la llegada de José Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía, fue promocionado a director general de Presupuestos y a los 45 días de su toma de posesión dictó la instrucción interna 1/2009 que hacía desaparecer del presupuesto "la partida fraudulenta" que permitió pagar subvenciones sin ningún tipo de control durante más de una década. La juez Alaya, a pesar de la obstrucción de la Junta, consiguió dicha instrucción gracias a María José Rofa. Era una de las piezas claves de caso ERE que mostraba el modus operandi del caso.
La juez Alaya dedujo que Buenaventura Aguilera, como director general de Presupuestos, habría elaborado una norma interna y casi secreta que impediría otorgar esas subvenciones ilegalmente, pero no trasladó dicha instrucción "a la reunión de técnicos" que elaboraron el presupuesto de 2010, aunque era un asunto que le competía directamente como director general de Presupuestos.
Tan consciente era la Junta de la ilegalidad de su procedimiento en el caso ERE que intentó poner en marcha un plan B para financiar prejubilaciones después de que la Intervención General de la Junta pusiera objeciones entre 2005 y 2008 al procedimiento de pago que la juez Mercedes Alaya consideraba ilegal.
El plan B quería sustituir la agencia IDEA por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), nido de enchufados del PSOE y UGT, como ente pagador de las ayudas muchas veces fraudulentas. Según la exasesora María José Rofa, que declaró como imputada el 2 de febrero ante la Guardia Civil, es que se planteó desviar los pagos a la Faffe porque IDEA había dejado de depender de la Consejería de Empleo y estaba adscrita a la de Innovación. Pero la operación era ilegal.
A pesar de su colaboración, la juez Alaya la imputó por tres delitos y Rofa se negó a declarar, pero no fueron aplicadas medidas de fianzas sobre su patrimonio a pesar de la petición de la Fiscalía.
Después, en 2014, María José Rofa desveló cómo en la dirección general de trabajo de la Junta se habían cocinado expedientes antes de entregarlos a la juez Alaya. De hecho, lo sabía porque participó en los hechos encargándose de numerar los folios de expedientes creados especialmente para la juez que la viceconsejería de Empleo se encargaba de revisar antes de su envío al juzgado".
Uno de los "cocineros" de los expedientes, el ex director general Daniel Rivera, presionó y amenazó a la asesora Rofa para que no hablase de los ERE. La exasesora dijo a la Guardia Civil que había habido reuniones secretas en la Consejería de Empleo, en presencia del consejero, Manuel Recio, también imputado, donde se estudió cómo abordar el caso, arreglar expedientes y no dar a conocer la existencia de la reunión limpiando hasta tazas y vasos.
El ex alto cargo Rivera admitió en la conversación grabada que mantuvo en marzo de 2011 con Rofa su preocupación por participar en la concesión de alguna de esas ayudas. También mostró la intranquilidad por las noticias que en esas fechas ya habían salido en prensa acerca del escándalo que se destapó a finales de enero de ese año, es decir, semanas antes. Y hasta amenaza con despedir a la técnica.
Por si fuera poco, María José Rofa fue una de las partes procesales que pidió a la juez Alaya que reclamara las actas de los consejillos –reuniones de viceconsejeros y altos cargos de la Junta previos a los consejos de gobierno–. Tal petición salpicó a Susana Díaz, siendo ya presidenta de la Junta.
Tras la petición de Rofa y del PP, la magistrada requirió las actas de la comisión general de viceconsejeros desde el año 2011 hasta el 18 de octubre de 2012. Desde entonces, dicha comisión ha tenido cuatro presidentes: Gaspar Zarrías (1996-2009), Antonio Ávila (2009-2010), Mar Moreno (2010-2012) y Susana Díaz (2012-2013). Era la primera vez, desde el inicio de la investigación judicial, que ésta alcanzaba a la actual presidenta de la Junta.