Los okupas que desde 2015 se han hecho los dueños de un local de la calle Nil Fabra en el distrito de Gracia de Barcelona están de enhorabuena. A diferencia de lo que pasaba con el Banc Expropiat, de propiedad privada, la nueva sede de los antisistema pertenece al Patronato Municipal de la Vivienda y la casera, Ada Colau, les ha dado el visto bueno para que se queden durante cuatro años prorrogables. El inmueble fue una comisaría de la Policía Nacional hasta 2013.
Los nuevos "propietarios" se agrupan bajo la denominación "Casal Popular Tres Lliris" y llevaban meses de negociaciones discretas con el Ayuntamiento hasta que han llegado a un acuerdo que implica absoluta libertad para destinar el local a los usos que los okupas crean conveniente. Según un comunicado que han hecho público a través de Twitter, "hemos llegado a un acuerdo de cesión de uso que pese al desgaste y las contradicciones que nos genera cumple el principio de independencia".
La única pega es que el "convenio" entre okupas y Ayuntamiento prevé la realización de obras para acondicionar el espacio que impedirán su uso pleno hasta el próximo mes de junio. Salvo por ese detalle, los okupas se felicitan porque dicen haber logrado "mantener como línea roja la plena independencia del Casal".
De momento, sólo el PP de Barcelona ha criticado el regalo. El presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, denuncia que "esta cesión municipal es una burla a los centenares de entidades sociales y de barrio que deben pagar un alquiler para poder desarrollar sus actividades y a otras tantas en lista de espera para que el consistorio les ceda una local vacío".
También apunta que "ha sido una cesión opaca porque el Ayuntamiento ha guardado silencio y han sido los propios okupas los que han informado de esta a través de Twitter, concretando los detalles de un acuerdo sin condiciones, por lo que el Ayuntamiento no podrá velar, ni supervisar las actividades que se realicen en este local municipal cedido al colectivo antisistema".
Como se recordará, el desalojo del Banc Expropiat causó una semana de graves disturbios en el barrio de Gracia en mayo del año pasado, al punto de que el Ayuntamiento intentó comprar el inmueble, lo que se descartó por su "elevado precio".