Incesante lluvia de nombres implicados en la Operación Lezo que deja este lunes dos más de atractivo mediático. Por un lado, Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar. Por otro, Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL y exministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Arias Navarro. Aunque aún no figuran entre los imputados formales del procedimiento, el juez Eloy Velasco les incluye en la lista de 60 personas contra las mantiene diligencias abiertas por presuntos delitos.
Según el auto remitido por el magistrado al registro de la propiedad, se dirige contra:
Ignacio González: expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto líder de la trama. Habría desviado fondos públicos en su propio beneficio y el del Partido Popular y amañado contratos a cambio de comisiones. En prisión incondicional desde el pasado viernes.
Pablo Manuel González: hermano de Ignacio, parece que desempeñó un papel clave en el presunto blanqueo de capitales y firmó operaciones ilícitas como dirigente de la empresa pública Mercasa. Ingresó el viernes en la cárcel, aunque puede salir si deposita una fianza de cuatro millones de euros.
José Juan Caballero: con ayuda de Pablo González, habría constituido un entramado de empresas ad hoc para construir y explotar el campo de golf de Chamberí. Al parecer, su cuñado Ignacio González amañó el contrato a su favor y se repartieron el pastel. En prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.
José Antonio Clemente: socio de Pablo Manuel González y José Juan Caballero.
Edmundo Rodríguez Sobrino: directivo del diario La Razón y presidente de la filial sudamericana del Canal de Isabel II. Habría pagado comisiones millonarias para la obtención de contratos amañados en Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití; ocultado su patrimonio en el extranjero con ayuda de su hija y pedido a los actuales presidente y director del periódico que coaccionaran a Cristina Cifuentes para que no tirase de la manta en la primera fase de esta investigación. En prisión incondicional desde el pasado viernes.
Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino en libertad bajo la obligación de comparecer mensualmente ante el Juzgado.
María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II. Vinculada ción con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao que acometió el Canal de Isabel II en 2013 por un sobreprecio de 23 millones de euros. En prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros desde el pasado jueves.
Adrián Martín: exgerente del Canal de Isabel II implicado en la operación anterior. Depositó los 100.000 que Eloy Velasco le exigió el jueves para abandonar la cárcel.
Diego Fernando García.
Sebastián Chistovan.
Ignasi Maestre Cánovas: supuesto testaferro –persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos–. Habría tejido un entramado de empresas en el extranjero para Rodríguez Sobrino. Involucrado en la presunta evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso o Mascherano.
José Martínez Nicolás: exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, desde donde Ignacio González habría desviado un millón de euros públicos para financiar gastos electorales del Partido Popular. En libertad con la condición de pagar 100.000 euros antes del jueves.
Javier López Madrid: consejero de OHL y yerno del presidente de la constructora Villar Mir. Habría entregado una comisión de 1.4 millones de euros a González en una cuenta de Suiza a cambio del amaño del contrato para la construcción de un tren en Navalcarnero (Madrid). En prisión desde el viernes eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros, lejos del millón que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción.
Fernando José de Cevallos: secretario del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Oriol Serra: trabajador de la empresa Igmasa al que Rodríguez Sobrino habría elegido para asesoramiento fiscal de las operaciones en Sudamérica.
Luis Vicente Moro: delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar.
Avelino Alfredo Martínez: directivo del Canal de Isabel II.
Ángel Barona: miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Patricia Ana Rodríguez: miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Santiago Barreno Sevillano: miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y presidente de la empresa editora del diario La Razón.
José Javier Soler Gallego: asesor de Ignacio González.
Francisco Javier Domínguez.
Carlos Isidro Bello.
Sergio Vidal.
Oscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz: presidentes de empresas salpicadas en episodios del caso Gürtel y la Operación Púnica.
José Miguel Alonso.
Ángeles Monje.
Ana María Paloma Ferreiro.
Jesús Arránz Monje.
María del Pilar Olivo.
Dimitris Tsalidis.
Fernando Sánchez Sánchez.
Ibo Kratsmer.
Pablo González Liberal: padre de Ignacio González. A los 90 años, se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud –necesita una botella de oxígeno por problemas respiratorios–. Los investigadores creen que ingresaba dinero en las cuentas de su hijo y él se lo devolvía en metálico para lavar los fondos con presunto origen en la corrupción.
Carmen Pliar Pazos Bajarano: educadora infantil que comparte la red de guarderías Mis Pollitos con la esposa de Ignacio González. Premiada como emprendedora por esta idea, existen indicios de que la trama utilizó el negocio para el blanqueo de capitales.
Alberto Pérez de la Sal: CEO de la inmobiliaria Seinsa y directivo de Mis Pollitos. Vendió a Ignacio González su mansión de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) a un precio inferior al de mercado y con una rebaja de 200.000 euros. También fue consejero de Cofely, una de las empresas más activas de la Operación Púnica.
Rocío Bonet: sobrina de Lourdes Cavero y consejera de Mis Pollitos.
Leticia Bonet: sobrina de Lourdes Cavero y consejera de Mis Pollitos.
Eduardo Zaplana: expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo y portavoz del Gonierno de Aznar. Según Eloy Velasco, González planeó "sondear a un abogado uruguayo relacionado con el blanqueo de capitales de un caso de corrupción en Argentina para crear una estructura financiera con la que blanquear capitales junto a Eduardo Zaplana" a través de un proyecto de desinfección de aguas, "lo que indiciariamente apunta a activos financieros en el exterior".
Pino Escudero del Castillo.
Guizo Vicenzini.
Manuel Martínez Téllez.
Joaquín Molpeceres: supuesto testaferro de González. Su nombre ha aparecido en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al Partido Popular y dos de sus empresas, Licuas y Coarsa, pagaron 225.000 euros a Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.
María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González.
Miguel Sáiz de la Olla.
Ildefonso de Miguel: gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009.
José Manuel Serra Peris: exconsejero de Bankia.
Jaime Antoñanzas de Toledo.
Fernando Manuel Serrano.
Pedro Antonio Martín.
Alberto López Viejo: viceconsejero de Presidencia e Interior y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid que se enfrenta a 46 años de cárcel porque habría intermediado en los amaños de contratos a favor de las empresas de Correa.
Juan Miguel Villar Mir: expresidente de OHL y máximo accionista de la constructora. Como López Madrid, está implicado por el supuesto pago de comisiones a González a cambio de contratos amañados desde las administraciones. Correa le señaló como pagador de mordidas al Partido Popular y también está imputado por la presunta concesión irregular del contrato para la construcción del hospital de Son Espases en Palma de Mallorca.
Adrián de la Joya: empresario detenido que quedó en libertad al mostrarse dispuesto a colaborar con el juez Eloy Velasco y facilitar documentación sobre los pelotazos del Canal de Isabel II en Sudamérica.
Jesús Trabada Guijarro.