Contraste. Uno realmente pronunciado se desprende de la investigación del caso Canal u operación Lezo. Según los datos recopilados por el juez Eloy Velasco en el registro de la propiedad, Ignacio González no posee ninguna propiedad a su nombre en España. Un dato que no concuerda con la lista de pertenencias que se le conocen: un chalet de lujo en Aravaca (Madrid) –bloqueado por el magistrado–, el ático en Estepona (Málaga) que investiga la Justicia por presunto cohecho, media decena de fincas e inmuebles, un Smart Fortwo Coupé, un BMW 300D y productos bancarios. Al parecer, el expresidente de la Comunidad de Madrid habría empleado a familiares y amigos como testaferros, no solo para el cobro de comisiones, sino también para ocultar su identidad detrás del patrimonio amasado.
La instrucción se ha ramificado en una serie de vertientes que convergen en Ignacio González. Las actuaciones practicadas hasta la fecha dibujan un esquema con el expresidente de la Comunidad de Madrid en la cúspide y varios de sus familiares, amigos y compañeros de la política coordinados en el desvío de fondos públicos.
Este lunes han trascendido los nombres de Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL que habría pagado una comisión de 1.4 millones a González; y Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, como posible partícipe del blanqueo de capitales. La lista de investigados asciende a 60 e incluye a varios acusados en el caso Gürtel –como el exdiputado Alberto López Viejo– o la Operación Púnica.
Financiación irregular del Partido Popular
González habría desviado un millón de euros públicos para financiar la campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2011. Según los investigadores, se habría servido de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid –implicada en la Púnica– y su consejero delegado José Martínez Nicolás. Al parecer, este último infló contratos suscritos con la auditora PriceWaterhouseCooper y la consultora Indra, ambas registradas, para "sanear las cuentas" de la formación.
Indra habría transferido cerca de 690.000 euros para pagar a empresas proveedoras de la campaña electoral y el resto habría corrido a cargo de PwC. Las diligencias apuntan a que, entre medias, habrían colocado hasta nueve empresas pantalla. El magistrado considera que Martínez Nicolás se sirvió de su "posición de superior jerárquico" para "llevar a cabo la firma de los contratos" y ahora dispone de cuentas bancarias ocultas en países extranjeros, posiblemente Liechtenstein.
Pelotazo de golf
Eloy Velasco señala al hermano y al cuñado de Ignacio González, ambos en prisión eludible con el pago de fianzas, a causa de uno de los mayores pelotazos de esta causa. Pablo González y José Juan Caballero habrían montado un entramado de empresas con el único objetivo de construir y explotar el campo de golf en Chamberí, en Madrid centro, tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Atribuye al expresidente madrileño el amaño de la adjudicación del contrato.
También señala a Ignacio González a raíz de la compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, de la sociedad brasileña Emissao. Se pagaron 23 millones de euros públicos "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones". En pocos meses, la sociedad valía la mitad de la mitad.
Festín en Sudamérica
Edmundo Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de las tropelías de la trama Lezo en Sudamérica. El juez dibuja una era de sobornos a cargos públicos en países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para la filial del Canal de Isabel II.
Las comisiones conocidas hasta el momento oscilaron entre los 200.000 y el medio millón de euros. Según se aprecia, Rodríguez Sobrino, directivo del diario La Razón, amasó un ingente patrimonio y se ayudó de su hija para mantenerlo oculto.